Belén decidió no callarse más. Hacía un mes que había decidido dejar de dar clases de zumba en el Club Náutico Sportivo Avellaneda después que el presidente de la institución la insultara delante de sus alumnas. Belén entendió que no podía tolerar la violencia y recordó un episodio de acoso que había sufrido por la misma persona meses atrás. Descargó su angustia en las redes sociales y lo denunció en la Justicia “para que cualquier persona que pase por una situación así tome valor y hable porque callar es encubrir, ser cómplice”.
A mediados de año una empleada del Club denunció que un compañero de trabajo la acosaba. Contó que la perseguía por los pasillos hasta que le dio un beso en el cuello sin consentimiento. La Justicia dictó una prohibición de acercamiento que la institución dice cumplir, pero las socias aseguran que no. Cuestionan que la comisión directiva del Club de Pedro Tuella 952 no haya intervenido en ninguno de los episodios denunciados y que les nieguen el pedido de formar una subcomisión de género dentro de la institución para prevenir y atender situaciones de violencia.
Desde el Club aseguran que hay plena participación de mujeres pero la nómina de la comisión directiva la integran apenas tres socias, junto a 16 varones que la completan, de las cuales sólo una es vocal titular. Las otras dos son suplentes.
La negativa de la institución se ampara en el funcionamiento de un “equipo técnico profesional para el abordaje de distintas problemáticas institucionales” pero desconoce de leyes y normativas que buscan la paridad de género y la participación plena de las socias en espacios deportivos y recreativos que van en sintonía con las reinvindicaciones que mujeres y disidencias conquistaron en los últimos años en diferentes ámbitos.
Autoconvocadas
Laura es socia del club desde hace 13 años y asistía a las clases de zumba de Belén. Cuando sus compañeras le contaron lo ocurrido habló con la docente y le sugirió que denuncie la situación. Con un grupo de compañeras pidieron una reunión con la comisión a la que se sumaron las autoconvocadas, un grupo de socias que desde hacía un año planteaban la necesidad de trabajar sobre problemáticas de violencia que surgieran en la institución y de capacitar a las autoridades del club en cuestiones de género. Juntaron firmas, formalizaron el pedido ante la junta fiscalizadora y solicitaron una asamblea extraordinaria para pedir la creación de una subcomisión de género y diversidades dentro del club.
“Proponemos un espacio de trabajo transversal, entendemos que es un largo y sostenido trabajo de identificación, reflexión y construcción de nuevos modos de relación que son esenciales para alcanzar una convivencia respetuosa. Deseamos un club donde haya lugar para todas las personas, donde podamos convivir y crecer como seres humanos, donde cada persona pueda disfrutar de un espacio familiar y contenedor”, expresaron.
Desde la comisión directiva del club Náutico rechazaron el pedido en tres oportunidades pero las “invitaron” y “alentaron” a acercar las propuestas al “equipo técnico profesional para el abordaje de distintas problemáticas institucionales” que, según manifestaron, integran mujeres de la comisión directiva junto con otros profesionales del club y desarrollan “protocolos y acciones” para “tratar la violencia de todo tipo y las diversidades”. Las socias pidieron una reunión con el equipo pero, según señalaron, nadie les respondió.
“En las asambleas no podés participar. Mis hijas dejaron algunos deportes por falta de seguridad. El presidente maltrata a gente y se maneja a los gritos”, cuestionó Laura.
“Una compañera le propuso al presidente tener una reunión para tratar temas de inclusión de una gestión con poca participación de mujeres a lo que él respondió que era una persona inclusiva y citó ejemplos de sus intenciones de contratar a un chico con síndrome de Down y a una chica trans”, expresó Elisa, otra integrante de Autoconvocadas. “No hay invitación general a participar siquiera en las asambleas que no se avisan a todos los socios. Hemos presenciado situaciones de maltrato contra mujeres que terminó con el caso de Belén”, agregó.
La primera denuncia
El 17 de febrero Belén Giorgis terminaba de dar una clase de zumba cuando el presidente del club Náutico Sportivo Avellaneda irrumpió en el salón y la insultó acusándola de no cumplir el protocolo sanitario. Lo hizo delante de un grupo de alumnas que se solidarizaron con la docente. El 19 de marzo lo denunció por abuso simple por un episodio anterior en el que acusó al hombre de haberla tocado sin su consentimiento.
“Ella es socia desde pequeña. Hace unos años, la contrataron para dar clases de zumba pero estaba en negro, sin aportes, obra social, ni seguro. En febrero, el presidente del club la insulta delante de sus alumnas en un hecho público de descrédito y descalificación”, contó Vanina Grosso, abogada de Giorgis, a Radio 2.
“Cuando la comisión directiva tomó conocimiento de los hechos no investigó. Existe una ausencia de registro que hace que los daños proferidos sean incalculables: psicológicos y económicos ya que no le pagaron el último sueldo tras la denuncia que hizo. La responsabilidad es del presidente y de la comisión”, agregó la abogada, y precisó que hay 22 testigos del hecho, pruebas fílmicas y transferencias a la cuenta bancaria del marido de la docente que permiten constatar su trabajo dentro de la institución, pese a que el club lo desconoce.
Fuentes judiciales informaron que el 20 de marzo el denunciado, Pablo Creolani, se presentó en Fiscalía y, mediante un escrito, manifestó su inocencia y se puso a disposición de la investigación a cargo del fiscal Diego Meinero, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual.
“Presentamos las pruebas y nos pusimos a disposición de la Fiscalía. Lo va a dirimir la Justicia”, dijo Creolani, en Radio 2.
Segunda denuncia
El 22 de junio una empleada de maestranza del club denunció que un compañero de trabajo la acosó. Según la mujer, el hombre que había sido contratado meses atrás, la seguía y hostigaba de forma constante hasta que la encerró en un pasillo y la besó en el cuello sin consentimiento.
“El presidente del club la recibió en la cocina para que no lo tomen las cámaras del lugar y le dijo que hiciera la denuncia. Desde la comisión directiva le pidieron que el hecho no se haga público. Borraron los videos de las cámaras del club para evitar la evidencia”, señaló un grupo de socias del club a quienes acudió la empleada.
Tras la denuncia, el juez Fabián Vega interpuso una orden de restricción de acercamiento pero, según aseguran las socias, no se cumple. “Le cambiaron el horario a ella y la hacen trabajar hasta las 23. La castigan por haber denunciado”, explicaron y señalaron que después de tres semanas, finalmente, logró que le aceptarán tomarse vacaciones.
Desde el club Náutico emitieron un comunicado donde negaron el incumplimiento de la restricción de acercamiento, así como la eliminación del registro fílmico. Aseguraron que tomaron medidas para proteger a la trabajadora y que licenciaron al acusado, aunque algunos socios manifestaron que el hombre continuó trabajando en el lugar.
Por una plena participación
Las socias Autoconvocadas trabajan con la Mesa de Género y Diversidad de la Red de Clubes de Rosario y mantuvieron reuniones con la Comisión de Feminismos y Disidencias del Concejo municipal, quienes se solidarizaron y apoyaron el reclamo.
Tras episodio de violencia de género, socias de Náutico Sportivo Avellaneda fueron al Concejo
“El Concejo Municipal expresa su solidaridad con las mujeres autoconvocadas del Club Náutico Sportivo Avellaneda, que desde hace tiempo y a los fines de actualizar la estructura institucional del club a las necesidades actuales y las legislaciones vigentes en materia de género, llevan adelante la intención de conformar una subcomisión de género y Diversidades, para lo cual ya han realizado tres presentaciones formales hacia el interior del club sin recibir respuesta favorable de la Comisión directiva”, manifestaron en mayo de este año.
El 24 de junio el Concejo aprobó una ordenanza de equidad en clubes que modificó la normativa Nº 8.340 para que las instituciones deportivas que soliciten beneficios o subsidios a la Municipalidad garanticen la plena participación en la vida comunitaria, política e institucional a mujeres y disidencias. La norma excluye de los beneficios a los clubes que “en sus estatutos y normas de funcionamiento interno contengan o establezcan condiciones y/o actos de discriminación que restrinjan, impidan o dificulten la plena participación de las mujeres o personas LGBTIQ+”.
Los clubes que no incluyen a mujeres y disidencias en sus estatutos no podrán acceder a subsidios
