Un fiscal federal de la ciudad de Rosario presentó hoy un pedido de ampliación de la declaración indagatoria al ex fiscal durante la última dictadura, Pedro Tiscornia, por el delito de coacción agravada que tuvo como presuntas víctimas al actual embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, y a una exjueza provincial.
Junto a un exsecretario de juzgado y otro fiscal federal durante la dictadura, Tiscornia fue indagado en mayo pasado por el juez federal 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, por los delitos de privación ilegal de la libertad, desapariciones forzadas y homicidios.
A pesar de que transcurrió más de un mes, el juez aún no resolvió la situación procesal de los imputados, y el fiscal a cargo del caso, Federico Reynares Solari, solicitó hoy a Bailaque que amplíe la indagatoria a Tiscornia por coacción agravada.
En su escrito, al que accedió esta agencia, Reynares Solari presenta los casos del actual embajador Bielsa y de la exjueza Adriana Cuaranta, que eran empleados de la Fiscalía Federal 2 de Rosario, a cargo de Tiscornia, cuando fueron secuestrados por el aparato represivo del Estado.
Los secuestros y torturas a Bielsa y Cuaranta, que estuvieron detenidos ilegalmente en el centro clandestino llamado “La Calamita”, ubicado en el Gran Rosario, quedaron probados en los juicios por delitos de lesa humanidad denominados “Guerrieri”.
En esos procesos fueron condenados militares y Personal Civil de Inteligencia (PCI) del entonces Batallón 121 de Rosario.
La investigación de Reynares avanzó sobre otro perjuicio que sufrieron ambas víctimas del terrorismo de Estado, al ser “obligados” a renunciar a sus puestos de trabajo en la Fiscalía Federal a cargo de Tiscornia.
Según la investigación, tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 quien estaba a cargo de esa fiscalía, José Giusepponi, fue desplazado y en su lugar asumió Pedro Tiscornia.
Bielsa fue secuestrado a fines de junio de 1977 en la esquina de los Tribunales Federales de Rosario, cuando iba a su trabajo, recordó el fiscal Reynares en su pedido de ampliación de indagatoria.
Tras permanecer una semana secuestrado, fue liberado, pero luego fue citado a la sede del II Cuerpo de Ejército, que entonces estaba radicada en Rosario, y sometido a “una suerte de Consejo de Guerra”, según declaró en el juicio Guerrieri.
Bielsa testimonió que luego de eso “el lunes vine a tribunales, y quien entonces era fiscal de Cámara, doctor Saccone, me dijo que o bien renunciaba a mi cargo en la Justicia Federal o bien me iban a someter a la ley 20.840 (que penalizaba “actividades subversivas”); renuncié a la Justicia Federal a los 10 días”.
Una situación similar vivió la otra víctima, Cuaranta, aunque en su caso primero fue forzada a renunciar a la Fiscalía de Tiscornia y luego secuestrada, señala el escrito.
Según el testimonio de Cuaranta, el propio Tiscornia le pidió la renuncia “con la única explicación de que había sido una exigencia hacia él, de la superioridad, sin ningún tipo de explicaciones hacia él tampoco”.
Cuaranta fue a hablar entonces con el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Celestino Araya, quien tampoco le brindó explicaciones hasta que, ante la insistencia de la mujer, le dijo que “que “no me daba garantías de vida”, relató la víctima.
Fundado en esas razones, el fiscal Reynares solicitó la ampliación de la indagatoria a Tiscornia por “coacción agravada”.
Y explicó que en el caso de Bielsa –donde no actuó en forma directa- “desde su posición reglamentaria garantizó que otro delito de iguales características se lleve adelante con un dependiente suyo, incluso que había sido recientemente secuestrado y mantenido en carácter de desaparecido”.
“Sabido es que la renuncia (de Bielsa) debía ser presentada al titular de la dependencia, doctor Tiscornia, y que éste era quien podía darle trámite a tal procedimiento ilegal, cosa que hizo”, abundó Reynares.
Además, en el escrito elevado al juez Bailaque consideró que “los hechos que aquí relatamos son una bofetada ruidosa en el rostro de la pretendida ‘neutralidad’ y ‘formalidad’ del actuar judicial en materia penal federal durante la última dictadura cívico-militar”.
