La oscura muerte a golpes de Carlos Alberto Royer, ocurrida el pasado 28 de octubre, derivó primero en sospechas hacia su pareja por una versión que a los investigadores no les cerraba y luego en una compleja trama en la que se sospecha de un plan criminal premeditado por su viuda en conjunto con otra mujer, con la que mantenía un vínculo amoroso, y que derivó en un crimen por codicia, dice la acusación.
Las acusadas son María Carla Soledad Martínez, de 36 años y esposa de la víctima, y otra mujer nueve años menor identificada como Julia Andreoli, a quienes el fiscal Luis Schiappa Pietra les atribuye haber planificado y ejecutado el asesinato por motivos económicos en la vivienda que los esposos compartían en La Paz al 700.
La investigación detalla que Martínez no sólo concretó el homicidio de Royer, un jubilado de 79 años, sino que también sustrajo una cuantiosa suma de dinero de la víctima, en un caso que exhibe una premeditación que se extendió por más de ocho meses, describió este viernes la Fiscalía en la audiencia imputativa.
Según la acusación, el plan criminal se gestó entre febrero y octubre de 2025. Los mensajes intercambiados entre Martínez y Andreoli revelan una «elucubración de distintos mecanismos» para dar muerte a Royer, que iban desde la simulación de un suicidio o un robo, hasta la contratación de sicarios y la manipulación de medicamentos. Incluso con búsquedas en Google para elegir el camino a seguir para la ejecución.
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El 20 de octubre de este año, ocho días antes del asesinato, Martínez quiso matar a su marido suministrándole una combinación de medicamentos potencialmente letal (Tramadol, Clonazepam y Morfina), aprovechando los problemas cardíacos del hombre, acusó la Fiscalía Regional Rosario.
El 28 de octubre, entre las 17.30 y las 18, en el domicilio que compartía el matrimonio, Martínez ejecutó el ataque final, dice la acusación. Royer murió a causa de golpes con un objeto contundente y maniobras de sofocación y/o ahogamiento. Al momento del hecho, la hija de 8 años de la pareja se encontraba en el interior del departamento.
Un elemento clave de la planificación, describió la Fiscalía, es que la autora se ocupó de desactivar el sistema de seguridad, alarma y monitoreo interno del departamento ese mismo día a las 12.27. El sistema había sido instalado por pedido de Royer apenas tres días antes.
Tras el crimen, la acusada llamó al 911 con una versión falsa de los hechos.
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Además del homicidio, se le imputa a Martínez el delito de hurto por el apoderamiento ilegítimo de 105.000 dólares. Cien mil dólares fueron hallados escondidos dentro de cinco sobres detrás de un ropero en su domicilio transitorio. Los restantes cinco mil fueron secuestrados por la Policía al momento de su detención el pasado 3 de diciembre, en la plaza Pringles, frente a la sede de su trabajo en la Defensoría del Pueblo, donde el propio Royer se había desempañado hasta su jubilación.
En tanto, Andreoli fue detenida en su vivienda de la ciudad bonaerense de Colón y trasladada al Centro de Justicia Penal horas antes de la audiencia.
La calificación provisional de los hechos es grave: prevé perpetua, al menos para Martínez, en caso de ser hallada culpable. Le achacan homicidio agravado por el vínculo y por codicia, además del intento de matar a su marido ocho días antes, por una calificación similar pero en grado de tentativa, lo que disminuye la potencial pena. Igualmente le achacan el hurto del dinero.
A Andreoli, en tanto, le atribuyen un rol de partícipe secundaria en la tentativa y en el posterior crimen consumado.
