El kirchnerismo impuso ayer su “decisión política” de avanzar el miércoles con el tratamiento en el Senado del nuevo Código Civil y Comercial, pese a las objeciones de la oposición, que en la comisión bicameral que trabajó el texto manifestó su “desilusión” por la falta de consideración que tuvo el Frente para la Victoria (FpV) hacia sus propuestas. El radicalismo, el PRO, el Frente Renovador y otros grupos de la oposición rechazaron el dictamen propuesto por el oficialismo y presentaron dictámenes en minoría.
La estrategia del FpV fue expresada por el jefe del bloque de senadores, Miguel Ángel Pichetto, quien anunció a la comisión bicameral que el dictamen definitivo del oficialismo introducía 180 cambios al texto original.
El reconocimiento de la vida desde la concepción, que va contra la posibilidad de legislar el aborto, así como la eliminación del texto firmado por el FpV de la fecundación post mortem y la gestación por sustitución, generó la protesta de la diputada radical María Luisa Storani, quien defiende la posición feminista. El oficialismo aceptó, de esta manera, modificaciones que se condicen con los reclamos de la Iglesia católica.
También el jefe del bloque de diputados de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, expresó su rechazo al cambio de “último momento” del oficialismo para establecer el inicio de la vida desde la concepción, y alertó que el FpV está “asestando un grupo mortal a las técnicas de fecundación”.
Esta posición después fue negada por Pichetto, quien marcó que la fecundación asistida está incluida en el nuevo Código y dejó abierta la puerta para receptar nuevos cambios al proyecto hasta que llegue al recinto el 27 de noviembre.
Pichetto, con respecto a la eliminación de la función social de la propiedad del dictamen del FpV, aclaró: “No queremos poner de ninguna manera en riesgo la visión constitucional del derecho de la propiedad”. y rechazó que se planteen “falsos debates” sobre la cuestión.
Si bien el senador apuntó que desde el oficialismo siguen “pensando que hay una función social de la propiedad”, explicó que “los caminos que tiene la Constitución sobre expropiación habilitan caminos que el Estado puede tomar ajustándose a la ley”.
El senador radical Ernesto Sanz sostuvo que “el apuro no ha sido bueno, ha conspirado contra este proceso final” y confesó que en su bloque se sienten “con frustración porque hubiéramos querido otro final”.
Con respecto a la decisión del FpV de sacar del nuevo código la responsabilidad del Estado para tratarla en una ley aparte, Sanz señaló: “Para nosotros es un límite, para nosotros supone un posicionamiento diferente respecto a la búsqueda de consensos”.
“Van solos”, le advirtió luego el diputado Mario Negri (UCR) al kirchnerismo, aludiendo a la decisión unilateral de avanzar antes de fin de mes con la sanción en el Senado del nuevo Código.
El diputado Pablo Tonelli (PRO) marcó objeciones al dictamen del oficialismo porque entiende que “en algunos artículos del código hay excesivas atribuciones judiciales” y manifestó el desacuerdo con cuestiones referidas a los métodos de fertilización y con la existencia de incoherencias en artículos referidos a las obligaciones en moneda extranjera.
La diputada Graciela Camaño (Frente Renovador) afirmó que “este es el código del Frente para la Victoria” y puntualizó que “hay muchas cuestiones en las que ni siquiera han sido escuchados los representantes del pueblo”.
Camaño estimó que el dictamen del FpV contiene “una peligrosa concepción sobre el comienzo de la vida humana” y dijo que “hay una subestimación de los grupos indígenas”, mientras dejó asentado que “es inadmisible que no se considere el acceso al agua como derecho fundamental”.
También expresaron su rechazo al dictamen del FpV la senadora peronista disidente Liliana Negre de Alonso, salvo en la cuestión referida al artículo 19, su par Norma Morandini (FAP) y la diputada Liliana Parada (Unidad Popular), quien dijo ver en el proyecto del oficialismo una “matriz neoliberal”.
