Con votos del oficialista Frente para la Victoria (FpV) y sus más fieles aliados, la Cámara de Diputados sancionó ayer el proyecto que unifica y moderniza los Códigos Civil y Comercial, en una sesión marcada por la discusión reglamentaria y las críticas de la oposición, que abandonó del recinto y no participó del debate.
El trámite en Diputados se resolvió en menos de ocho horas, lapso que incluyó la discusión por la legalidad del tratamiento, la retirada opositora, el debate y la votación.
El oficialismo aprobó el cuerpo normativo que empezará a regir a partir del 1º de enero de 2016 con 134 votos afirmativos, sin negativos ni abstenciones.
El FpV, acompañado por aliados, reunió el quórum para iniciar la sesión especial pasadas las 12.10 y luego las bancadas antikirchneristas bajaron al recinto.
Tras advertir sobre la supuesta ilegalidad del debate, los opositores señalaron que sólo podía ser discutido con el respaldo de los dos tercios de la Cámara, número que no posee el oficialismo.
El presidente de la Cámara, Julián Domínguez, rechazó los argumentos contrarios al tratamiento y puso en debate el proyecto, ante lo que el pleno de la oposición se levantó y se retiró, dejando en soledad al FpV, a Nuevo Encuentro, al Movimiento Popular Neuquino y a la diputada del Frente por la Inclusión Social, Ramona Pucheta.
De esta forma, la discusión se centró en una cuestión reglamentaria, sin que se analizaran los temas de fondo que plantea el nuevo Código, como el establecimiento del inicio de la vida en la concepción, las modificaciones al matrimonio, la adopción y el divorcio, entre otras.
Al cerrar la discusión, la presidenta del bloque kirchnerista, Juliana Di Tullio, apuntó duro contra la oposición por ausentarse del recinto y por la denuncia penal que habían presentado contra Julián Domínguez por la mañana, antes del inicio de la sesión.
“¿Cómo van a clausurar un debate? ¿Qué quieren, poner una faja en el Congreso?”, recalcó la diputada y afirmó que “la oposición ha decidido otra vez quedar en la defensa de los más poderosos”.
Di Tullio admitió que en su bloque no hubo un “acuerdo con el cien por ciento del articulado”, pero indicó que tienen “en claro que hay una cuestión principal que es que hay que tener un Código moderno, que genere nuevos derechos”.
“Están empecinados en quedar fuera de la historia, nosotros sí queremos ser protagonistas”, subrayó la jefa del bloque de legisladores del oficialismo.
Un tratamiento “ilegal”
Antes de dejar el recinto, el jefe del bloque de la UCR, Mario Negri, afirmó que el proyecto “no fue girado a ninguna comisión, como establece el reglamento”, por lo que “solamente es un papel viciado de absoluta legalidad”.
El cordobés afirmó que “los dictámenes cambian cuando cambian las mayorías y acá el 50 por ciento de la Cámara se modificó” en diciembre pasado, luego de que el Senado aprobara el proyecto, en noviembre.
A su turno, la representante del Frente Renovador, Graciela Camaño, enfatizó: “Han rodeado de ilegitimidad y han tirado a la basura el trabajo de dos años y medios de muchísimos especialistas, juristas. Lo han hecho para nuevamente tratar de demostrarnos que tienen intacto el poder, para mí, ésta es la muestra clara de la debilidad del oficialismo”.
Por su parte, el presidente del bloque PRO, Federico Pinedo, consideró que “este proyecto perdió vigencia en el momento en que cambió la conformación de esta Cámara” y sostuvo que “hacer caso omiso de esta irregularidad implicaría violar el reglamento, violar la voluntad soberana y la Constitución”.
Para la diputada del GEN, Margarita Stolbizer, el Código fue “sacado a los cachetazos con un tratamiento sordo y exprés”.
“Creemos que el Código Civil se queda a mitad de camino en varios de estos aspectos e incluso conserva la arquitectura decimonónica, que profundiza y reproduce desigualdades sociales que quedan libradas a las contingencias del mercado”, cuestionó Stolbizer.
Luego, la diputada Elisa Carrió señaló “la nulidad absoluta en insanable del procedimiento y el acto de atentado al orden constitucional por parte de su Presidencia”.
“Lo que aquí se está haciendo es violar todo el orden constitucional. Es un acto que no responde a la lógica de los antecedentes normativos”, añadió Carrió.
Por el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola criticó el “tratamiento exprés y el pacto político entre la presidenta Cristina Kirchner y el Vaticano” y también cuestionó que el Código tiene “carácter antilaboral, con un retroceso de las conquistas de los trabajadores”.
Nicolás del Caño, en tanto, dijo que estaba de acuerdo con “el divorcio exprés”, pero rechazó “los cientos de artículos que van en contra de los derechos de las mujeres, los pueblos originarios y los trabajadores”.
Por su parte, el diputado socialista Juan Carlos Zabalza señaló: “En su apuro incomprensible para sancionar el Código Civil, el oficialismo termina votando en soledad y genera un antecedente irreproducible: aprobar sin consenso de todas las fuerzas de la oposición una ley que debe regir la vida de los argentinos”.
“No todo vale. Las normas reglamentarias que se violan son las reglas de la democracia que deben cumplirse, los frenos necesarios para proteger a las minorías de las mayorías”, agregó el legislador socialista, y finalizó: “No es sólo el procedimiento, son los contenidos también. Las modificaciones introducidas al texto por el Ejecutivo y por la media sanción del Senado, retroceden sobre lo que se había elaborado en conjunto. Nuevamente una cosa es el relato y otra cosa es la realidad”.
Denunciado penalmente, Domínguez negó que se haya “violentado” la Constitución
Tras ser denunciado penalmente por habilitar el tratamiento del nuevo Código Civil, el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, rechazó ayer “en forma absoluta y terminante” que ese debate haya “violentado la Constitución nacional”, como afirma la oposición.
El legislador del FpV fue el blanco de las críticas este miércoles en el recinto, donde las bancadas antikirchneristas lo responsabilizaron por poner en tratamiento una norma que no contaba con dictamen de comisión.
Previo a la sesión, referentes de la oposición concurrieron a los Tribunales de Comodoro Py para presentar dos denuncias penales en su contra por los posibles delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Una de las presentaciones llevó las firmas de los presidentes de bloque Mario Negri (UCR), Juan Carlos Zabalza (PS), Dario Giustozzi (Frente Renovador), Victoria Donda (Libres del Sur), Graciela Villata, Federico Pinedo (PRO), Martin Lousteau (Suma+), Carlos Caserio (Unión por Cordoba) y Claudio Lozano (Unidad Popular) y recayó en el Juzgado federal 10 de Julián Ercolini.
Pero, además, por algunas diferencias sobre el tono de la presentación, Carrió realizó otra en soledad, en la que denunció penalmente a Domínguez “por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsificación de documentos y atentado al orden institucional”, y quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello.
