La eliminación de todo lo referido a la responsabilidad del Estado en el nuevo Código Civil y Comercial ya comenzó a generar polémica, pero en el oficialismo aseguran que esto no dejará desprotegidos a quienes se vean damnificados por acciones estatales.
Luego de las modificaciones que el gobierno le realizó al proyecto original para reformar y unificar los códigos Civil y Comercial, se determinó que la responsabilidad del Estado Nacional y sus funcionarios debe ser objeto de una ley especial, que la Cámara de Diputados ya tiene en tratamiento.
Esto generó críticas por parte de la oposición, como la que realizó el diputado del PRO Pablo Tonelli, quien advirtió que “la posibilidad de que el Estado no responda cuando provoque daños a las personas es ridícula y un absurdo”.
Sin embargo, la diputada oficialista Diana Conti indicó, en diálogo con Noticias Argentinas, que las modificaciones hechas al Código, así como la ley especial para regular la responsabilidad del Estado, no impedirán que los ciudadanos reclamen una reparación integral por eventuales daños en casos como, por ejemplo, la tragedia ferroviaria en el barrio porteño de Once.
La diputada aseguró que “el Estado tiene responsabilidad por posibles daños a partir de la actuación legítima o ilegítima” de los funcionarios, y aseguró que los ciudadanos podrán hacer reclamos si “la actuación lícita produce daños más allá de los tolerables”.
Según explicó, el término “tolerables” se refiere a casos como el corte de una calle y los ruidos molestos cuando se debe arreglar un bache, por ejemplo.
Conti precisó que todo lo referido a la responsabilidad del Estado “se dejó aparte porque se decidió que el Código Civil y Comercial es absolutamente de derecho privado y la responsabilidad del Estado es derecho público”.
El artículo 1.766 del proyecto de Código presentado por el oficialismo establece que “los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos (…) por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas se rigen por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local, según corresponda”.
Al respecto, la diputada Conti indicó que esto significa que “cada provincia deberá adherir a la ley sobre responsabilidad del Estado” que el oficialismo comenzará a tratar en la Cámara de Diputados a partir de esta semana y que prevé aprobar el 27 de noviembre próximo.
“Cuando se hizo la Constitución nacional las provincias delegaron facultades a la Nación, pero el tema administrativo no fue delegado”, explicó la diputada, quien señaló que por ello será necesario que cada provincia adhiera a esa norma o sancione una propia para resolver la cuestión de la responsabilidad.
