En el inicio del debate por el nuevo Código de Faltas para la ciudad de Rosario, que empezó a dar este miércoles el Concejo Municipal en la Comisión de Gobierno, el edil Roy López Molina planteó las diferencias de su proyecto, el único de la oposición, del oficial que envió al cuerpo el intendente Pablo Javkin.
El presidente del bloque Cambiemos sostuvo que «es una propuesta alternativa» para determinar «el catálogo de las conductas que se sancionan porque generan problemas de convivencia o ponen en peligro la vida o la salud de las personas».
Entre otras cuestiones, el proyecto de Lopez Molina propone prohibir la actividad de cuidacoches y limpiavidrios. «El espacio público es libre y gratuito, y cualquier actividad, en contra de ese requisito, debe estar prohibida. Establecemos agravantes para casos de bandas organizadas como en barrio Pichincha. La propuesta de tolerancia de la Municipalidad exige probar el apriete y no estamos dispuestos», aseveró.
En tanto, diferenció además los parámetros para la edad de imputabilidad. «Nosotros establecemos que, desde los 16 años, las personas puedan ser punibles por las faltas que cometen. Es similar al código de la ciudad de Córdoba. La Municipalidad de Rosario propone los 18 años», explicó.
Sobre el arresto administrativo, que el oficialismo propone eliminarlo como sanción, el vicepresidente del cuerpo pretende «conservar la pena como sanción municipal, como sostiene el código de la ciudad de La Plata, sin perjuicio de que puedan ser sustituida por otras».
«Nosotros sostenemos el concurso público de los postulantes a jueces, para garantizar su independencia, y un claro proceso de remoción. La Municipalidad dice sostener lo mismo, pero vía excepción vuelve al viejo sistema de jueces-delegados. Es gatopardismo», dijo Roy López Molina respecto de la Justicia de Faltas.
El edil pide además «tender al profesionalismo en la decisión» para rechazar la implementación de Jurados Vecinales que quiere el Departamento Ejecutivo. «Es una idea atractiva para contar pero peligrosa para aplicar. Es un pedido del Procurador, no del imputado. Parece más una estrategia para no comprometerse con la sanción», remarcó.
En cuanto al límite de inhabilitaciones, diferenció que la iniciativa oficial «propone que, luego de 2 años, el infractor puede solicitar su rehabilitación y eso no es un buen incentivo. Nosotros establecemos la revocación definitiva de la habilitación, con posibilidad de extenderla a otros aunque cambien nombres de fantasía. Sucede con los boliches más conflictivos», agregó.
Agentes de control más activos
En tanto, y sobre las atribuciones de los agentes de control de la ciudad, dijo: «Nosotros proponemos pautas de conducta para los agentes municipales para fomento de la convivencia, como en Mendoza, y mecanismos de resolución de conflictos a través de la mediación. En el proyecto de la Municipalidad no aparecen disposiciones de contenido similar».
«Esto implica por un lado fomentar el respeto al ciudadano y evitar en el trato conductas abusivas, arbitrarias o discriminatorias, pero a la vez los facultamos para actuar con la decisión necesaria y sin demora si pueden evitar un daño grave, inmediato e irreparable», concluyó López Molina sobre otro de los puntos.
