Los concejales del Frente para la Victoria-PJ Roberto Sukerman y Norma López organizaron en el Palacio Vasallo una reunión con la presidenta de Justicia Legítima y titular de la Cámara de Casación Penal, María Laura Garrigós, de la que participación legisladores locales y funcionarios de la justicia santafesina.
En ese marco, Garrigós sostuvo que “la participación de todos los sectores políticos con representación legislativa en la elaboración del anteproyecto de reforma del Código Penal lo hace una propuesta de consenso en un país con 30 años de democracia ininterrumpida, y con un Código Penal enviado al Congreso nacional en 1916, sancionado en 1921 y desde ese entonces, con propuestas anuales de modificación”.
El avance hacia un Código Penal más democrático que incorpora la responsabilidad social del delito, el reordenamiento de las penas y su cumplimiento efectivo fueron los ejes principales que se debatieron durante el encuentro, del que participaron, además, Jorge Baclini, fiscal regional del sur de Santa Fe; Guillermo Camporini, fiscal de cámaras de Rosario; Gabriel Ganón, defensor público General de Santa Fe; Gustavo Franceschetti, defensor Regional del sur de Santa Fe; Adolfo Villate, fiscal federal de Rosario; el diputado nacional Eduardo Seminara (FpV), el diputado provincial Juan Carlos Millet (UCR) y María Fernanda Gigliani, concejala rosarina por el Partido del Progreso Social.
La doctora Garrigós puso de relieve que “la inclusión de la culpabilidad social en la autoría de un delito implica un avance democrático en materia de jurisprudencia penal”. Y agregó: “Este anteproyecto reordena las penas y sanciones de acuerdo al daño que se causa. No es posible que un delito contra la propiedad privada tenga la misma pena o mayor que cualquiera que atente contra la vida de las personas”.
A su turno, Sukerman y López también subrayaron que “en relación a las penas, el anteproyecto propone una diversidad de penas alternativas que buscan el efectivo cumplimiento de la condena, lo que racionaliza el funcionamiento del sistema carcelario de hoy, donde el 73 por ciento de los detenidos no tiene condena efectiva”.
Garantismo y Constitución
Durante la reunión, se analizó la necesidad de incluir nuevas categorías de dolos y se puso como ejemplo que en la actualidad hay empresas donde existe el trabajo infantil y a las que sólo se les cobra una multa mientras que las características en sus modos de producción hacen imprescindible la incorporación de niños. Es decir, que debe cambiar la naturaleza del delito para poder cambiar la sanción.
También se debatió sobre derechos de género, inimputabilidad y accidentes automovilísticos, entre otros temas.
El concejal Sukerman afirmó: “La Constitución nacional –ley suprema–, es garantista. Ser garantista es cumplir la Constitución. Nunca puede ser una adjetivación peyorativa, por lo tanto, no se pueden habilitar discusiones al respecto. Tenemos que hablar de cuestiones sociales, de los derechos y las garantías que le corresponden a los habitantes y de las oportunidades que toda persona merece”.
“Es imperioso abrir el debate e informar para que la población sepa que en cuestiones colectivas tenemos que priorizar la prevención del delito y no la mano dura; debemos promover y buscar situaciones para que toda persona que haya delinquido, tras cumplir su condena, pueda incluirse en la sociedad y tener una perspectiva de futuro”, afirmó el presidente del bloque de Concejales del Frente para la Victoria (FpV).
Por su parte, la concejala Norma López enfatizó: “Como nunca antes, vivimos un tiempo de debate democrático y el anteproyecto redactado por legisladores nacionales de distintas fuerzas políticas y especialistas en derecho penal es una clara muestra de eso”.
“Avanzar de un Código Penal lombrosiano, que se caracteriza por la estigmatización de aquel que delinque, hacia uno que incorpora la responsabilidad social del delito, da cuenta del avance que como sociedad estamos dando”, añadió López.
“Las discusiones en materia penal siempre estuvieron a cargo de una élite”, dijo la vicepresidenta del Palacio Vasallo. “Necesitamos que los pueblos conozcan sus derechos, cómo ejercerlos y los mecanismos para impartir justicia. No queremos otro David Moreira, víctima de quienes apelaron a la justicia por mano propia, insatisfechos por malas políticas de prevención de delitos. La mano dura, la represalia y la venganza nunca fueron garantías de seguridad ciudadana”, finalizó López.
