Existen cinco proyectos ya presentados por el kirchnerismo, con visto bueno y correcciones del Ministerio de Justicia, para poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal. La Comisión Bicameral que los debatirá y hará el seguimiento de la puesta en marcha del Código comenzó anteayer a funcionar y como primera definición confirmó que el Código se aplicará gradualmente comenzando por la Justicia nacional: la que se aplica en ciudad de Buenos Aires.
Queda para una segunda etapa, sin fecha pero para el próximo mandato presidencial, la aplicación en la Justicia federal. Esa negociación es el comienzo del final de un proceso de roces entre el gobierno y los jueces federales que, por lo menos en lo inmediato, se resisten a que se modifique el actual régimen pasando al sistema acusatorio que consagra el nuevo Código.
Con la reforma, los jueces federales hubieran perdido control en la instrucción de sus causas en manos de los fiscales, muchos de los cuales le responden a Alejandra Gils Carbó, incluso ideológicamente, y por lo tanto también el poder de controlarlas justo cuando muchos de ellos entran en el final de sus carreras y cuando al gobierno le quedan 9 meses de vida.
Tras la negociación, apareció así un acuerdo de pacificación de los problemas del oficialismo en la Justicia de doble vía, postergando la aplicación del nuevo Código en ese fuero después de meses de causas relacionadas con el kirchnerismo ventiladas en la Justicia federal con mas ímpetu que hace unos años. La Bicameral de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal comenzó a funcionar con una agenda de trabajo que incluirá la convocatoria a juristas en una semana. Allí se debatirán los cinco proyectos que ya presentó el oficialismo para reglamentar la puesta en marcha del Código.
Esos proyectos, según confirmó el presidente de la Bicameral, el kirchnerista Rodolfo Urtubey, ya tienen el visto bueno de Justicia.
Uno de ellos establece que el Código Procesal Penal se aplique en una primera etapa en la Justicia Nacional de la Ciudad de Buenos Aires, para luego extenderlo progresivamente al resto del país. Atrás vienen los que modifican la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa, de la Justicia y otro que introduce cambios en dos artículos del Código Penal.
Una vez que los cinco proyectos sean discutidos en la Bicameral serán enviados a la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que deberá darles dictamen para que sean debatidos en una sesión ordinaria.
