El gobierno provincial, a través de la Secretaría de Recursos Hídricos, denunció penalmente a una empresa radicada en el departamento San Javier por haber construido canales clandestinos que derivaron en el colapso de la ruta 1, el último fin de semana. La denuncia, presentada ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), es por el delito de estrago culposo.
La ruta provincial 1, a la altura de Colonia Teresa, está cortada en un tramo de 60 metros producto del daño causado por las aguas desviadas por la arrocera Los Cerrillos (dueña de la marca Trimacer) a través de canales clandestinos y terraplenes ilegales, que cambiaron el curso del arroyo Saladillo sin autorización. El canal desde la arrocera desemboca en la ruta 1, donde el agua cruza por una alcantarilla y termina en el río San Javier.
Por ese motivo, el secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Juan Carlos Bertoni, presentó una denuncia penal ante el fiscal Guillermo Persello, del MPA. Además, el gobierno provincial envió 90 intimaciones a productores de la zona por obras que son consideradas ilegales.
La nueva ley de aguas de Santa Fe, sancionada el año pasado, prevé un régimen contravencional y pone a su vez el poder de Policía en cabeza de las autoridades administrativas: el gobierno provincial, los municipios y las comunas. Además, establece sanciones y otorga la posibilidad de recurrir a la Justicia ordinaria, como ocurrió en este caso.
En declaraciones a LT10, el administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, indicó que “no se pueden ver las dimensiones porque aún está todo inundado con agua que corre” desde el canal que terminó generando un socavón en la ruta 1.
Con ayuda del Ejército Argentino, la Dirección de Vialidad trabaja en la construcción de un puente para restituir el tránsito en la zona. “El martes pudimos frenar la erosión y después tuvimos que trabajar intensamente en consolidar una alcantarilla que corría la misma suerte que el lugar donde se produjo el socavón”, explicó Seghezzo.
