Organizaciones ambientalistas rosarinas presentaron este jueves medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado nacional adopte “medidas urgentes para el control y cese efectivo de los incendios” que arrasan con los humedales del Delta del Paraná.
La presentación fue realizada por los colectivos El Paraná No se Toca y Mundo Aparte, con el patrocinio de las letradas Romina Araguas y Gilda Smerilli. Se da en el contexto de persistencia de las quemas, avance lento de la Justicia federal para dar con las causas y responsables, y una ley de protección de humedales que no termina de cuajar en el Congreso al cabo de ocho años de insistencia.
Los argumentos
La solicitud de los colectivos ambientalistas apunta a que “se garanticen los derechos humanos fundamentales a la vida, a la seguridad, la integridad psico-física y a la dignidad plasmados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Esos derechos «tienen la estrecha relación con un ambiente sano, conforme la Opinión Consultiva 23/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, señalan en el escrito.
En la presentación, solicitan a la CIDH que “requiera por parte de la República Argentina la adopción de medidas necesarias y urgentes tendientes a erradicar los focos de incendios que azotan a los humedales asociados al Delta del Paraná”.
Y remarcan que las quemas en el humedal causan “efectos muy nocivos a la vida y la salud de las poblaciones debiendo ser las mismas adecuadas y efectivas a fin de controlarlos, extinguirlos y prevenir nuevos focos ígneos”.
Los incendios en las islas del Delta del Paraná “ya arrasaron estimativamente con más 400.000 hectáreas del ecosistema natural”, subrayaron. Se trata de ambientes frágiles, reconocidos internacionalmente como reserva de biodiversidad y dadores de servicios ambientales como atemperamiento de bajantes y crecidas, extremos térmicos y filtrado de aguas.
Las organizaciones rosarinas piden “medidas tendientes al conocimiento del estado de los ecosistemas degradados y la prohibición de actividades contrarias al uso sustentable y recomposición de las áreas afectadas”.
Solicitaron además la intervención de la CIDH por “la inacción del Estado argentino en la toma de medidas necesarias y eficaces a efectos de garantizar nuestros derechos, constituye una clara violación de los derechos a la vida”.
Luego señalan que los incendios “no solo degradan los ecosistemas”, sino que también “perjudican directamente a la salud de las poblaciones del humedal y las grandes urbes lindantes”. Por ejemplo, Rosario. Y no sólo por el humo cuando el viento lo posa sobre la urbe.
Tras mencionar que la gravedad de las quemas generó “un considerable número de acciones judiciales en distintos fueros y de distinta índole”, dicen finalmente que a la fecha “se contabilizan tres acciones de amparo colectivo que tramitan ante la Corte Suprema de Justicia (CSJN)».
