La magistrada del Tribunal Superior de Bogotá Marlene Orjuela ordenó el ingreso en prisión de Bernardo Moreno, quien fue secretario general de la Presidencia en el Gobierno de Álvaro Uribe, en el marco de un proceso de escuchas ilegales.
Según fuentes judiciales, Orjuela acogió los argumentos de la Fiscalía y de la defensa de las víctimas y señaló que en libertad «podría obstruir» la justicia y ordenó su inmediata detención.
La magistrada había solicitado un plazo para revisar las nuevas pruebas facilitadas por la Fiscalía y que vinculan a Moreno con supuestas reuniones con abogados de exfuncionarios igualmente afectados por el mismo escándalo y que tendrían el ánimo de «obstruir a la justicia».
Moreno, exsecretario general de la Presidencia, es investigado por la participación que pudo tener en el escándalo de las interceptaciones del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia) contra magistrados, líderes de la oposición y periodistas en el Gobierno de Uribe (2002-2010).
A las pruebas aportadas por la fiscal general colombiana, Viviane Morales, se sumaron argumentos del abogado de las víctimas, Luis Guillermo Pérez, quien insistió en la petición de que Moreno debe ser ingresado en prisión.
Moreno, en una primera audiencia el 24 de mayo, no aceptó los cargos por los que fue acusado: «concierto para delinquir agravado, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones».
Ese mismo día el tribunal pidió la detención de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, asilada en Panamá desde noviembre del año pasado.
El exsecretario Moreno, por otra parte, fue destituido retroactivamente el 4 de octubre de 2010 e inhabilitado por el procurador Alejandro Ordóñez por 18 años para cargo público por su responsabilidad en el caso de las escuchas.
La medida sobre Moreno es la segunda contra un alto funcionario del Gobierno de Uribe esta semana.
El pasado martes, un magistrado del mismo Tribunal Superior de Bogotá ordenó el ingreso a prisión del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias por su presunta responsabilidad en el otorgamiento de subsidios a acaudalados hacendados.
El magistrado Orlando Fierro acogió la petición de la fiscal general colombiana, quien pidió para el exministro la orden de detención y lo acusó de los delitos de «peculado por apropiación a favor de terceros y firma de contratos sin el lleno de requisitos».
La fiscal general, además, endilgó al exministro conservador la utilización del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), que manejaba su cartera, como plataforma política para su aspiración presidencial en las elecciones de 2010.
