Luego de décadas de conflicto armado y derramamiento de sangre el gobierno de Colombia dio un gran paso a favor de los damnificados. El presidente Juan Manuel Santos firmó cinco decretos que habilitan la aplicación de la ley de Víctimas y Restitución de Tierras, con la que se pretende restituir campos usurpados a sus propietarios originales, estimados en cuatro millones de personas. Sin embargo, a días de haber sido promulgada, las autoridades chocan ahora con la obstrucción y la violencia de grandes latifundistas que se niegan a entregar las zonas en cuestión.
En un esperado acto en la casa de Nariño, Bogotá, el mandatario reconoció la indiferencia que la sociedad local ha tenido durante más de 50 años respecto de estos casos. “No tiene sentido que tantos padres hayan sido asesinados, ni que tantos hombres hayan sido humillados frente a sus hijos, ni que tantos niños hayan cargado fusiles en vez de balones, ni que tantas mujeres tengan el recuerdo imborrable de una violación”, afirmó. La ley, que cuenta con 208 artículos, fue aprobada por el Congreso en mayo pasado y sancionada en junio. Cuenta con el aval dela ONUy diferentes agrupaciones de defensa de los derechos humanos.
La normativa, que estará en vigor durante diez años desde enero de 2012, contará para su puesta en marcha un monto de 3.100 millones de dólares durante el primer año. En esta etapa serán beneficiadas más de 130.000 víctimas, que además de sus antiguas tierras recibirán indemnizaciones que oscilan entre entre 4.600 y 10.800 de dólares. “Esos presupuestos se entregarán preferentemente a quienes inviertan en vivienda, educación, tierras o en un proyecto productivo. Es decir, vamos a incentivar a quienes decidan invertir en su futuro”, precisó Santos.
La cruda crisis colombiana se ha cobrado la vida de miles de alrededor 350.000 personas (la cifra varía de acuerdo a diferentes estudios) y tornado opaca la cotidianeidad de toda la sociedad colombiana. Lo que en las décadas de los 70 y 80 fue una guerra ideológica entre el Estado y las guerrillas izquierdistas, en los 90 la batalla fue librada por las poderosas bandas del narcotráfico. Secuestros, mutilaciones y atentados generaron las peor crisis de desplazamiento en el mundo, por lo que Colombia es hoy considerado uno de los países más violentos.
La ley será aplicada cuando aún persiste el conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y organizaciones paramilitares, lo que de acuerdo con diversas ONG podría perjudicar el proceso. “Ustedes ya lo saben y nosotros estamos plenamente informados. Aún hay quienes siguen intimidando y asesinando a nuestros campesinos y a sus representantes. A esos criminales les hago llegar un mensaje: ¡los vamos a combatir con todo!”, afirmó Santos. Asimismo agregó que se pondrán en marcha planes de seguridad que protejan a quienes esperan regresar a su territorio como el ofrecimiento de recompensas a quienes ayuden a capturar a los responsables de las amenazas.
Según la opinión del periodista y docente universitario colombiano Juan Diego Restrepo, desde que se anunció que la normativa entrará en vigencia han aumentado las advertencias contra sus antiguos dueños. “Según los relatos que he escuchado, la estrategia de intimidación es similar: llegan a los predios en grupos, unas veces a pie, otras en motocicletas o en carros (…) irrumpen sorpresivamente a cualquier hora del día y de la noche, aterrorizan con sus armas, con sus pasamontañas y, en algunos casos, con los perros que llevan”, afirmó en su columna “Mercenarios amenazan Ley de Víctimas y Restitución de Tierras” dela Revista Semana.
“Una preocupación recurrente de los campesinos es que entre esos grupos armados hay desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que operaron en las mismas regiones que hoy patrullan bajo otra “razón social”, explicó. “A la pregunta de quiénes son estos hombres (…), los campesinos no saben cómo llamarlos, pero se refieren a ellos como integrantes de empresas de seguridad que cuidan las tierras del patrón”. Se trata de un “Estado de Mafia Corporativa”, explicó.
“Decenas de reclamantes de tierras en nuestro país en los últimos años que han sido amenazados, perseguidos y asesinados por reivindicar el derecho a la restitución de los predios que les fueron arrebatados en el pasado por facciones de grupos paramilitares o porque poseyendo predios en sitios estratégicos para la realización de megaproyectos se han negado de manera a vender barato”, detalla. “Con su postura inflexible de resistencia permanente y visible, se convirtieron en una amenaza constante para los intereses económicos de un sector agroindustrial que se hizo a buenas tierras aprovechando el fragor de la guerra o quiere hacerse a ellas recurriendo a prácticas mercenarias que se mueven en una esfera difusa de legalidad”, denunció.
