Condenas de organizaciones internacionales y la posibilidad de que el homicidio del gobernador Luis Cuéllar sea investigado como crimen de lesa humanidad marcaron ayer la jornada posterior al hallazgo del cadáver, que además puso en duda el proceso de liberaciones unilaterales anunciado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). En verdad, ni las Farc se adjudicaron la muerte del gobernador de Caquetá ni el gobierno detalló qué elementos tiene para culpar a la organización, mientras todos los funcionarios del gobierno dieron por hecho que esa guerrilla está detrás del crimen, condenado ayer por las organizaciones Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Cuéllar, que ayer hubiera cumplido 69 años y gobernaba desde enero de 2008 en representación de la centroizquierdista Alianza Social Indígena, fue secuestrado el pasado lunes a la noche por hombres armados que irrumpieron en su casa, donde asesinaron a un policía y dejaron heridos a otros dos escoltas. Su cadáver fue hallado cerca de la camioneta en la que se lo llevaron, que había chocado en la huida, rodeado de explosivos. Los rumores sobre la aparición de sus restos fueron confirmados por el propio Uribe, que especuló sobre las razones de que haya sido degollado.
Las Farc anunciaron en abril la entrega del sargento Pablo Emilio Moncayo y del soldado Josué Calvo, liberaciones demoradas en medio de acusaciones mutuas entre los guerrilleros y el gobierno en torno de obstáculos para que se cumpla el plan.
En tanto, la prensa colombiana se pregunta por qué el caso terminó en un asesinato si aparentemente el objetivo de las Farc era secuestrar al gobernador para reanudar la toma de rehenes políticos. Una posible respuesta sería la orden de Uribe de actuar militarmente para recuperar a Cuéllar.
El fiscal general de Colombia, Guillermo Mendoza, anunció ayer que su institución investigará el secuestro y el asesinato de Cuéllar como una violación del Derecho Internacional Humanitario. Mendoza afirmó que el caso puede incluso ser investigado por la Corte Penal Internacional, si la Justicia colombiana “no se esfuerza”.
Sobre la decisión de Uribe de ordenar rescates militares, la Asociación de Familiares de Policías y Soldados Secuestrados por la Guerrilla hicieron un llamado a “la cordura y la sensatez” y expresaron su temor al fin del intercambio de rehenes.
