A tres años de la muerte de Carlos “Bocacha” Orellano, este miércoles comenzó en el Centro de Justicia Penal el juicio contra dos policías y dos ex empleados de seguridad del boliche Ming River House del complejo La Fluvial. Los cuatro están acusado del homicidio del joven de 23 años que el 24 de febrero de 2020 fue retirado violentamente del local y cuyo cuerpo apareció flotando en el río Paraná.
Los acusados enfrentan pedidos de entre 17 y 23 años de prisión como coautores de un homicidio simple con dolo eventual. Los policías suman otros delitos por su calidad de integrantes de la fuerza de seguridad. La defensa alega que no hubo una acción para causar la muerte del joven.
La hipótesis a la que llegó el fiscal Patricio Saldutti es que entre las 4.30 y las 5 del 24 de febrero de 2020, luego de que Orellano fuera retirado del boliche, los acusados lo golpearon arrinconándolo contra la baranda que da al río Paraná y no le dejaron otra opción que arrojarse al agua para escapar de la agresión. Exo ocurrió cerca del muelle 3. Para la parte acusadora, “se aprovecharon de su superioridad física y numérica, lo golpearon y determinaron con su accionar que Orellano salte la baranda de protección y caiga a las aguas del río Paraná, circunstancia que le provocó la muerte”. El cuerpo del joven apareció en el río dos días después.
El inicio del juicio estaba previsto originalmente para el lunes último, pero por pedido de uno de los jueces que integran el tribunal, quien sufrió la muerte de un familiar, se postergó dos días.
Los acusados son los integrantes de la policía de Santa Fe Gabriel Nicolossi, de 40 años, y Karina Gómez, de 43, y los empleados de seguridad de Ming Emiliano López, de 32 años, y Fabián Maidana, de 54. Enfrentan penas de entre 17 y 23 años bajo la acusación de coautores de homicidio simple con dolo eventual. Los uniformados suman el pedido de incumplimiento de su deber como funcionarios públicos. Los cuatro están en prisión preventiva.
El estudio histopatológico realizado por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que el cadáver de Orellano tenía lesiones que habían sido producidas en vida. Y otro, de la Universidad de Buenos Aires, detectó la presencia en el cuerpo algas diatomeas, que denotan ahogamiento en aguas dulces.
La investigación indagó además lo que sucedió luego del incidente en el local. La teoría fiscal es que el agente policial Gómez dio aviso de la caída de Orellano a la Prefectura “pero omitió informar la verdad del hecho”. Lo que declaró fue que observaron “lo que parece ser una persona acostada sobre el suelo y que en un momento desaparece, como si hubiese caído al agua”. Y después, siempre según el trabajo acusatorio, los acusados se retiraron del lugar colaborar con las tareas de rescate. Otro dato: Orellano cayó al río cerca de las 4.30, y los llamados al 911 y a Prefectura fueron recién unahora más tarde.
El inicio del juicio oral está enmarcado en una movilización convocada por familiares y allegados del joven y la Asociación Civil Bocacha Orellano. El reclamo es amplio: justicia «por Bocacha y por cada pibe y piba que no pudo volver a casa». Sostienen que Bocacha «fue asesinado» en «un homicidio en contexto de violencia institucional y policial».
