El Tribunal Oral Federal 2 dispuso que el juicio pase a cuarto intermedio hasta el próximo lunes. La audiencia se inició en el mediodía de este martes, con fuerte presencia de dirigentes políticos. La denominada causa “Vialidad”, tiene como imputada a la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández junto a otros doce ex funcionarios y empresarios.
El expediente investiga presuntas irregularidades en la concesión de obra pública de la provincia de Santa Cruz. Es especial, si resultó ilegalmente favorecido el detenido Lázaro Báez, y si hubo sobreprecios destinados a enriquecer al propio Báez o a engrosar vía retornos la caja negra de la política.
La construcción de la causa fue una de las primeras acciones judiciales que impulsó el espacio Cambiemos al inicio mismo de la gestión. La llevó adelante el entonces director de Vialidad, Javier Iguacel. Una primera auditoría que encargó a ingenieros de la dependencia no detectó singularidades más allá de las que son habituales en la obra pública. La iniciativa quedó frenada hasta que la reflotaron con testimoniales de, entre otros, el “arrepentido” financista Leonardo Fariña.
Tras el primer revés de la auditoría, Iguacel continuó con su denuncia y el fiscal Eduardo Taiano comenzó la investigación en abril de 2016. En agosto de ese año fue desplazado de la causa, que finalmente instruyeron sus pares Ignacio Mahiques (hermano del representante del gobierno en el Consejo de la Magistratura y designado como fiscal especial) y Gerardo Pollicita.
Taiano, entre otras medidas, había ordenado constatar efectivamente la existencia de irregularidades en las licitaciones de obras viales en Santa Cruz, peritajes contables y un punto clave: individualizar a las principales empresas que habían hecho obras viales entre 2003 y 2015, verificar si habían sido beneficiadas irregularmente y hacer una comparación entre esas obras y las que hizo Báez para constatar si existieron sobreprecios. La línea de Mahiques y Pollicita fue otra.
En los últimos tiempos, al calor de los malos resultados económicos y sociales de la gestión, Cambiemos apuntó a apurar el inicio del juicio oral, pese a que no están ni siquiera listas las pocas pruebas ordenadas, para obtener la «foto» de la principal figura de la oposición en el «banquillo de los acusados».
Sala colmada
Entre los dirigentes presentes este martes en la Sala Amia, en el subsuelo de Comodoro Py, figuran Jorge Taiana, Carlos Tomada, Axel Kicillof, Stella De Carlotto, Horacio Pietragala, Oscar Parrilli, Mayra Mendoza, Sergio Irribarri, Martín Sabatella, Cristina Álvarez Rodríguez, Rodolfo Tahilade, Marcelo Fuentes, Hector Recalde y Gabriela Cerutti.
En la primera jornada del juicio oral comenzó a leerse el requerimiento de elevación a juicio y las imputaciones. En total, son más de 200 fojas de un expediente que lleva más de tres años y fuertes cuestionamientos porque el Tribunal nunca hizo lugar a las medidas de prueba solicitadas por las defensas de los imputados.
La Corte Suprema aún no estableció su posición de fondo sobre los nueve planteos de queja que le llegaron y tiene pendientes. Entre ellos, ellos el de la defensa de CFK que reclama medidas de prueba clave sobre las obras sospechadas.
Los jueces apenas aceptaron ordenar peritajes sobre 5 de las 51 obras cuestionadas. Incluso ese 10 por ciento del total recién estará terminado en agosto.
Si los jueces del máximo tribunal ordenan ampliación de las auditorías, el juicio podría frenarse. Y si los especialistas concluyen que no hubo sobreprecios ni incumplimientos de las obras, toda la acusación puede caer.
El Tribunal está integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, mientras que Adriana Palliotti interviene como jueza sustituta, aunque esta última no estaba presente debido a que lleva adelante otro juicio.
Además de la ahora precandidata a vice presidenta, están imputados Julio De Vido, José López, Nelson Periotti, Carlos Kirchner, Lázaro Báez, Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, José Santibañez y Abel Fatala.
