Una mujer comenzó a ser juzgada hoy por el crimen de su expareja, asesinada a puñaladas en una habitación que alquilaban en la ciudad de Ushuaia en noviembre del 2021, y si bien se negó a declarar ante el tribunal, en una indagatoria que dio en la instrucción de la causa, y que se incorporó por lectura, dijo que actuó en “legítima defensa” porque atravesaba una situación de violencia de género.
Se trata de Gina Eliana Cárdenas (25), quien llegó al juicio acusada de “homicidio agravado por el vínculo” en perjuicio de quien era su pareja, Alejandro Ramón Báez (26), delito que prevé la pena de prisión perpetua.
El debate, a cargo del Tribunal de Juicio en lo Criminal de la capital de Tierra del Fuego, comenzó esta mañana y, si bien la imputada se negó a declarar, los jueces decidieron incorporar por lectura una indagatoria prestada por la imputada en la etapa de instrucción de la causa, en la que afirmó que sufría violencia de género y que su pareja se autoinfligió las lesiones.
En ese relato, la mujer explicó que el 13 de noviembre del año pasado Báez se enojó con ella luego de revisar su celular y descubrir mensajes que había cruzado con un amigo.
Dijo que a raíz de eso discutieron, y que ella decidió hacerse un bolso, marcharse del lugar e incluso dar por finalizada la relación entre ambos, pero que no podía hacerlo porque él se apropió de su billetera donde tenía el sueldo que había cobrado esa misma jornada.
Cárdenas describió a su pareja como alguien “muy celoso y posesivo” que la había golpeado en oportunidades anteriores y que le decía ser “su dueño” porque le pagaba el alquiler de la habitación.
Según su relato en la instrucción, el hombre regresó a la pieza con un cuchillo y se abalanzó sobre ella pidiéndole que lo lastimara e, incluso, se “apoyó el cuchillo en el tórax” hasta que por su propio peso terminó clavándoselo, mientras ella le gritaba “no te quiero lastimar”.
El fiscal mayor Eduardo Urquiza ratificó en su acusación que existen pruebas testimoniales y periciales para demostrar que la mujer apuñaló a la víctima.
De todos modos, Urquiza declaró antes del juicio que evaluará “un cambio de calificación” del hecho si se demuestra que efectivamente había un contexto de violencia de género.
El caso es seguido de cerca por organizaciones feministas y de derechos humanos que apoyan la posición de Cárdenas, entre ellas la Asociación Pensamiento Penal, cuya representante, la abogada Indiana Guereño, sostuvo que “Gina se defendió de su agresor, que la agredió no solo ese día sino días anteriores”.
«La perspectiva de género es una obligación constitucional y cuando decimos que tiene que ser juzgada con esta perspectiva es para que le pongan a este hecho el único título que le cabe, que es legítima defensa», dijo Guereño.
Por su parte Lucía de la Vega, coordinadora de la clínica jurídica del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cuestionó que «desde la fiscalía se dijo que (Gina) no hizo la denuncia (por violencia de género)».
«La verdad es que tenía pocas alternativas. Estaba en un contexto de mucha dificultad y tanto ella como su pareja tenían situaciones de mucho conflicto con la ley penal. Ir a acudir a la policía en ese contexto es muy difícil», explicó a Télam.
Al juicio, que comenzó esta mañana en los tribunales de Ushuaia, acudieron representantes del movimiento Ni una menos, como la dirigente del sindicato docente Florencia Villarreal y hasta la exgobernadora fueguina Fabiana Ríos.
Cárdenas, detenida el mismo día del hecho, llegó a juicio en prisión domiciliaria otorgada por el tribunal porque cursaba un embarazo y dio a luz a una bebé.
Además, al brindar sus datos personales al tribunal, la mujer confirmó que tiene una condena previa de 5 años de prisión por robo agravado y que se encontraba en libertad condicional cuando se produjo el hecho por el que ahora es investigada.
La defensa de Gina, ejercida por los defensores oficiales Gustavo Ariznabarreta y José María Fernández López, planteó hoy la suspensión del juicio hasta que pueda declarar una funcionaria del área social del municipio de Ushuaia, pero los jueces no hicieron lugar a la solicitud.
Tras la lectura de la indagatoria de la acusada, el tribunal escuchó el testimonio de tres personas que convivían en la misma propiedad al momento del homicidio, alquilando habitaciones contiguas y compartiendo con la pareja el baño y la cocina.
Todas ellas mencionaron haber escuchado una discusión cerca de las 4 de la madrugada y gritos de la mujer reclamando por su billetera, en tanto que algunos vieron el cuerpo del hombre ya tirado en el pasillo poco de antes de morir.
En tanto, una amiga de la imputada reveló que la pareja mantenía una relación “tóxica” y que la acusada le contó que el hombre le revisaba el celular, protagonizaba escenas de celos y de violencia, y que incluso una vez le envió una foto con su cuello marcado por un golpe que le había dado su conviviente.
Los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla resolvieron después pasar a un cuarto intermedio hasta mañana a las 10 en que comenzarán a escucharse los testimonios de integrantes de organizaciones feministas.
