El Tribunal Oral Federal de Santa Fe inició ayer el juicio oral y público a tres represores de la última dictadura, entre ellos José María González, primer interventor de la provincia tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Los tres imputados están acusados por secuestro y torturas contra el ex intendente de Santa Fe y el ex presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Noé Adán Campagnolo y Rubén Dunda, ambos destituidos por la dictadura.
Además del ex coronel González, el Tribunal –compuesto por los jueces Luciano Lauría, José María Escobar Cello y María Ivon Vella– juzga al ex coronel Jorge Roberto Diab –ex subjefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122– y al ex comisario de policía Ricardo José Salomón.
El juicio –el 15º que se realiza en la provincia por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura– comenzó ayer a la mañana. En las puertas del Tribunal se agruparon representantes de organismos de derechos humanos –Hijos y Madres de Plaza de Mayo–, militantes sindicales, concejales, diputados y dirigentes del Partido Justicialista, al que pertenecían las dos víctimas.
La abogada de la Agrupación Hijos, Lucila Puyol, sostuvo: “Es una causa importante ya que se trata de torturas y privación ilegal de la libertad en perjuicio de un ex intendente (Campagnolo) y un ex presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe (Dunda), que eran dos autoridades del Partido Justicialista y que fueron elegidos democráticamente”.
Puyol rememoró los hechos ocurridos hace 37 años: “Fueron allanados sus domicilios ilegalmente, detenidos, torturados y sometidos a tormentos”. Y agregó: “Nos gustaría también que sea enjuiciado quien ocupó el lugar de Campagnolo como intendente en la época del proceso militar, Roberto Pedro Arrieta, que está impune, nunca fue sometido a proceso y fue jefe del Distrito Militar”.
González fue jefe del Comando de Artillería 121, jefe de Guarnición del Ejército de Santa Fe y jefe del Área 212 del Ejército. Está bajo el régimen de prisión domiciliaria por una condena a cadena perpetua por el homicidio doblemente calificado del militante Mario Marini, entre otros graves delitos de lesa humanidad.
Diab fue jefe de la Primera Sección y posteriormente segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 122 del Ejército y también cumple prisión domiciliaria. En tanto, Salomón fue oficial auxiliar de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) entre 1969 y 1983 y acusado de ser el ejecutor de las torturas sufridas por el ex intendente Campagnolo.
González, Diab y Salomón están acusados de los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido con violencias y amenazas”, además de “tormentos agravados por haberse cometido contra perseguidos políticos”. Además, sobre González y Diab pesa la acusación por “allanamiento ilegal de domicilio”.
Campagnolo murió en 2003, mientras sus torturadores estaban en libertad beneficiados por las leyes de impunidad. Dunda, quien la semana pasada fue homenajeado por la Legislatura, opinó que “la justicia es la única forma de reconciliar el país” y valoró el largo proceso que decanta en el juicio que comenzó ayer en Santa Fe: “Es muy importante porque es la única forma de reconciliar a la Argentina. La justicia es clave para que podamos avanzar”.
El ex diputado relató su calvario: “Yo fui secuestrado después de Campagnolo. Me encapucharon, me trasladaron en una camioneta y yo creo que me llevaron al destacamento de Santo Tomé. Allí simularon un fusilamiento. Al amanecer me tiraron en un cuarto”. Los dos funcionarios y militantes del peronismo fueron brutalmente torturados: a Campagnolo lo empalaron y debió pasar ocho meses internado con graves heridas, de las que nunca se pudo recuperar.
Dunda, quien presidió la Cámara de Diputados de la provincia entre 1973 y 1976, remarcó además: “Que se juzgue esto después de 30 años significa que la democracia es un proceso. Celebro que se haya llegado a este punto de madurez”.
Por su parte, Francisco Klaric, compañero y amigo de Noé Adán Campagnolo y testigo en distintos juicios por derechos humanos –como la Causa Brusa, en 2009–, destacó que “los militares cometieron tropelías inconmensurables” y agregó: “Nuestros compañeros sufrimos vejámenes, como lo sufrimos todos los presos políticos, pero con ellos se ensañaron especialmente”.
