El Tribunal Oral Federal de Santa Fe inició hoy la primera audiencia del juicio contra el expersonal civil de inteligencia (PCI) Juan José Luis Gil, el primero en el país contra un acusado de amenazar y amedrentar a investigadores de causas por crímenes de lesa humanidad.
Gil está acusado de «amenazas y coacciones agravadas» en perjuicio de militantes políticos, jueces y fiscales intervinientes en una causa que investiga delitos de lesa humanidad ocurridos en Reconquista y zona durante la última dictadura militar.
En esta primera jornada se realizaba la lectura de la elevación a juicio y se esperaba la declaración del imputado, en tanto por la tarde se preveía la comparecencia de los primeros cinco testigos, entre ellos Héctor Raúl Borsatti, miembro de la Agrupación Norte Amplio y querellante en la causa.
Antes de ingresar al Juzgado, Borsatti contó que «personal informático de la policía» comprobó que los correos amenazantes «fueron armados en un ciber vecino al domicilio del imputado, pero el imputado los abría en su propio domicilio».
«Las pruebas técnicas son contundentes y lo que va a aparecer en este juicio serán las características del personaje, de la represión, de la dictadura, y que fundamentalmente un hombre que ha querido sembrar terror».
Gil, de 67 años, comenzó a ser juzgado por su presunta responsabilidad en las amenazas sufridas por los fiscales federales Roberto Salum y José Ignacio Candioti, y otras personas vinculadas a un juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en Reconquista.
Los delitos que se le imputan, amenazas agravadas y coactivas, por ser dirigidas a funcionarios públicos, tienen penas previstas de entre cinco y diez años de cárcel.
La causa se inició en 2009 por una denuncia del fiscal federal de Reconquista, Roberto Salum, en base a mensajes intimidatorios que tenían como víctimas a testigos, querellantes, concejales y funcionarios judiciales.
Todos tenían alguna relación con un juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el norte de esa provincia, que llevó al banquillo a miembros de la Fuerza Aérea y de la policía de Santa Fe, que actuaron en conjunto en la concreción de secuestros y torturas.
La pesquisa determinó que los correos electrónicos de tono amenazante, enviados entre abril y junio de 2009, fueron enviados desde la casa de Gil y desde un cibercafé ubicado a pocos metros, por lo cual fue apresado el 6 de octubre del mismo año.
Las pericias determinaron que los correos fueron dirigidos a testigos, querellantes, funcionarios judiciales, allegados, políticos y funcionarios, y revelaban «conocimientos precisos» de las personas y de la causa judicial que estaba en proceso.
La Justicia intentará probar la responsabilidad de Gil, que según entiende la fiscalía se amparaba en el anonimato y firmaba los mensajes como «La Hermandad», una supuesta organización sectaria que es mencionada en un libro de su autoría, inédito, cuyo manuscrito fue hallado en su domicilio.
