El ex juez federal Víctor Brusa, condenado con sentencia firme a 21 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar, comenzó esta mañana a ser juzgado nuevamente, esta vez por el delito de «asociación ilícita» en perjuicio de 14 víctimas.
En el banquillo de los acusados también están sentados una ex carcelera y dos ex policías, todos condenados en 2009 en la emblemática «causa Brusa».
Más de un centenar de personas se agrupó frente a la sede del Tribunal Oral Federal, ubicada en el microcentro santafesino, con carteles y pancartas de las agrupaciones H.I.J.O.S., Abuelas de Plaza de Mayo, Inadi, Asociación de Ex Presos Políticos y del gremio AMSAFE.
En declaraciones a Télam, el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, Horacio Coutaz, dijo que «desde el 2009 que apoyamos estos juicios, ya tuvimos 15, cuando antes esto era impensado, y todavía quedan deudas pendientes».
«A medida que avanzan los testimonios en las causas se abren nuevas situaciones, que dan origen a nuevos procesos penales», aseveró.
Por su parte, Patricia Traba, una de las querellantes en este juicio, afirmó que «esto no termina aquí, los testimonios dan origen a pedidos de investigación, se van abriendo nuevas causas porque las víctimas del terrorismo de Estado son incontables».
«Esta es la manera de que no vuelvan a pasar las cosas que nosotros vivimos», indicó Traba y agregó que «esta es otra acusación distinta a este grupo de acusados, pero relacionada a todo lo anterior».
Otro de los querellantes en este proceso, José Villarreal, dijo a Télam que «vamos a demostrar que las acciones individuales y en conjunto de este grupo de genocidas eran parte de un plan nacional e internacional, cuyo objetivo era destruir a todos los militantes políticos y sociales de aquella época».
En tanto, la titular del Inadi Santa Fe, Estela Vallejos, aseguró que «tenemos todas las expectativas de conseguir la máxima condena para quienes integraron esta construcción colectiva».
«Queremos justicia, y podemos lograrlo porque tenemos un Gobierno nacional que lo permite. Se llevaron adelante numerosos juicios con condena efectiva. Quedaron atrás, en un sin vuelta, las leyes de Obediencia Debida, de Punto Final», acotó.
