El próximo martes comenzará el primer juicio oral que se realizará por la muerte de un joven de 23 años ocurrido dentro de una comunidad terapéutica y el único imputado es un ex empleado de seguridad del lugar, que está acusado de homicidio culposo.
Saulo Rojas tenía 23 años cuando se quitó la vida, mientras se encontraba internado en la comunidad terapéutica San Camilo, en el partido bonaerense de Pilar.
El hecho ocurrió en julio de 2013 y cuatro años después, el lugar fue clausurado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, tras constatarse «graves falencias edilicias, tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes proporcionados a los usuarios».
El único imputado en el juicio oral, que estará a cargo del Juzgado en lo Correccional 4º de San Isidro, es Ángel Súñez, un ex empleado de seguridad de la comunidad.
Es la primera vez desde la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental que un miembro de una comunidad terapéutica será juzgado por el suicidio de un paciente.
Rojas era un joven mendocino con consumos problemáticos e insulinodependiente, quien a los 18 años, diferentes centros terapéuticos de la provincia de Mendoza le negaron atención argumentando que la situación de adicción más su dependencia a la insulina era algo «imposible de manejar».
En ese entonces, el Gobierno dispuso un subsidio para que la familia buscara un lugar en otra provincia y así fue que llegó a la Fundación San Camilo el 22 de junio de 2012.
Un año después de su ingreso, y según consta en la causa, el 14 de julio de 2013, Saulo fue castigado y encerrado en una celda de aislamiento, algo que prohíbe la ley de Salud Mental sancionada en 2010.
La celda era una habitación pequeñísima, con piso y paredes de cemento sin revocar, una ventana sin vidrio y la puerta con rejas y candado.
El joven entró en esa celda a las ocho de la noche, depresivo («podía escuchar su llanto desde el otro lado de la pared», describió uno de los internados), sin su dosis diaria de insulina y con su cinturón y sus cordones en las zapatillas, y minutos después, se ahorcó.
Después de su muerte, desde la comunidad terapéutica llamaron a la mamá de Saulo, Miriam Lucero, para informarle que su hijo había «sufrido un infarto». Cuando la Policía llegó al lugar, el joven ya no se encontraba en la celda, que rápidamente fue adornada con muebles y un acolchado.
Según informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), durante dos años, la causa no avanzó, y el expediente se reactivó y llegó a juicio oral gracias a la lucha de Miriam, de su abogado Yamil Castro Bianchi y del periodista Pablo Galfré, quienes lograron juntar pruebas y testigos. Los testimonios de pacientes y empleados recogidos por Galfré demostraron que los golpes, maltratos y sobremedicación eran algo cotidiano en San Camilo.
En la causa también fueron imputados Martín Iribarne, dueño de la fundación, y Alejandro Jacinto, psicólogo y director terapéutico, quienes no tenían antecedentes penales y aceptaron una probation. El único que llegó al juicio oral es Ángel «Pipi» Súñez, el empleado de seguridad de San Camilo, que le pegó y encerró a Saulo.
El pasado 12 de mayo el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 de San Isidro declaró la responsabilidad de la provincia de Buenos Aires por incumplir el deber de fiscalizar a la Fundación San Camilo.
De acuerdo con la Ley Nacional de Salud Mental y la legislación provincial, el Ministerio de Salud está obligado a monitorear los servicios de salud mental públicos y privados a fin de evaluar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas que allí se atienden. Según sostiene el fallo, el cumplimiento de este deber por parte de la provincia podría haber evitado la muerte de Saulo.
