El único acusado del crimen de la joven embarazada Fátima Catán comenzará a ser juzgado mañana en los tribunales de Lomas de Zamora por presuntamente haberla rociado con alcohol y quemado en su casa de la localidad bonaerense de Villa Fiorito.
Se trata de Martín Santillán (34), quien llega al debate acusado de «homicidio simple en el contexto de violencia familiar», pero beneficiado con una prisión domiciliaria otorgada en julio del año pasado por la Cámara de Apelaciones distrital.
El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 4, integrado por Eduardo Banchieri, Marcos Martínez y Darío Segundo. La acusación estará a cargo de la fiscal Viviana Simone, mientras que la familia de la víctima estará representada por el abogado Gabriel Juricich.
«Para nosotros está clarísimo cómo fue todo y las pericias lo avalan. Hay que ver cómo se desarrolla el debate», dijo Juricich, quien explicó que Elsa Gérez, la madre de Fátima (24) que impulsó la causa, «no podrá declarar».
Es que el año pasado, Gérez sufrió un ACV que le impide hablar, pero su esposo y un hermano de Fátima serán algunos de los testigos que declararán acerca de la mala relación que había en la pareja.
También están citados médicos, policías y amigos de la víctima y el acusado.
El hecho que se juzgará ocurrió el 18 de agosto de 2010, cuando Fátima y Santillán se encontraban en su vivienda de Murature 1628, en Villa Fiorito. Aparentemente, mantuvieron una discusión durante la cual ella sufrió quemaduras en su cuerpo que le provocaron la muerte tres días después.
La versión del imputado es que la joven tenía en su mano una botella que contendría alcohol porque estaba limpiando discos compactos y se prendió fuego cuando encendió un cigarrillo.
Sin embargo, peritos de la Policía Federal que intervinieron en la instrucción de la causa descartaron esa hipótesis por el lugar de las quemaduras de la joven.
La investigación estuvo estancada casi dos años, hasta que el juez Vitale ordenó la detención de Santillán, la cual se concretó el 29 de agosto de 2012, a dos años del crimen.
El imputado estuvo en prisión hasta julio, cuando la sala II de la Cámara le otorgó la prisión domiciliaria porque «corría peligro en la cárcel» y «ayudó» a evitar una fuga en la alcaidía de Lomas de Zamora.
