Por Amparo Beraza y Marcelo Cena/Agencia Telam
Un amplio abanico de organizaciones sociales, políticas y gremiales iniciaba este fin de semana la séptima marcha por la Soberanía de Lago Escondido para denunciar que en esa zona, donde tiene su estancia el millonario inglés Joe Lewis, existe un «enclave británico» que funciona como «la cueva de un poder mafioso que busca condicionar la democracia».
«Esta lucha es para que estos caminos públicos se habiliten para todos y para denunciar que existe un enclave británico allí. Es un poder mafioso que define políticas para condicionar a gobiernos democráticos y condenar a dirigentes populares», aseguró a Télam el exteniente de fragata Julio Urien, presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca).
Fipca, una de las organizaciones que encabeza la marcha patagónica, convoca a esta expedición desde principios del año 2017, con la prioridad puesta en defender la soberanía e instalar en la agenda las amenazas que se ciernen sobre los recursos naturales.
La nueva manifestación a Lago Escondido arrancará con dos columnas que marcharán por los dos accesos habilitados por la justicia rionegrina: este sábado, un grupo comenzará la travesía por el camino de montaña (más extenso y de mayor dificultad); la mayor parte de los manifestantes, en tanto, se trasladará el lunes hasta el llamado camino «de Tacuifí» para tratar de completarlo y llegar al Lago Escondido.
Ambas rutas se encuentran obstaculizadas por el británico Joe Lewis.
El nombre del magnate cobró nuevamente notoriedad hace unos meses, luego de que se filtraran los chats que jueces, fiscales, funcionarios porteños y directivos del Grupo Clarín intercambiaban a través de la aplicación Telegram, con la presunta intención de evitar ser acusados por el delito de dádivas, tras compartir un viaje VIP a Bariloche que incluyó una estadía en Lago Escondido que habría sido auspiciada por Lewis.
Sobre ese punto, Urien sostuvo que la difusión de esos chats demuestra que «la marcha a Lago Escondido es una causa nacional», y en la misma línea advirtió que lo que sucede en esa zona constituye «una expresión del poder real» al tratarse de «un lugar donde se definen las políticas de dependencia y hostigamiento que llevan adelante estos sectores».
Y, en el mismo sentido, agregó: «En la marcha vamos a demostrar la fuerza de la unidad de los sectores del campo popular».
Desde Fipca adelantaron que este año la marcha no se llevará adelante por el denominado «Camino de sirga», como se realizó en otras oportunidades, sino que se hará con dos contingentes que transitarán a través de los dos senderos públicos.
Una de las columnas, conformada por entre 500 y 700 personas, ingresará por el camino público de Tacuifí; la otra, compuesta por 40 a 50 militantes, hará la travesía por el sendero de montaña.
Estamos invitando a que vengan todos los que quieran a participar. Para hacerlo en el marco de la ley, porque los que violan la ley son ellos», remarcó Urien.
Al mencionar las razones de la marcha, el representante de Fipca coincidió con el reclamo de que «se detenga y juzgue a los participantes de la mafia judicial y del Grupo Clarín que participaron de la reunión en el Lago Escondido».
Por su parte, el diputado nacional Daniel Gollan (FdT) confirmó a Télam que participará de la movilización y resaltó la importancia de visibilizar «la violación a la soberanía» y de mostrar que en esa región de la provincia de Río Negro «se están cocinando órdenes de niveles superiores».
«Se sienten impunes en el poder, piensan que pueden hacer cualquier cosa a la vista de la gente y que no les va a pasar nada. Bueno, yo les recuerdo que así pensaban los militares que dieron el golpe del 76, y muchos de ellos terminaron con juicios y en prisión», expresó el exministro de Salud Gollan.
También confirmó su presencia el dirigente peronista Jorge Rachid, participante de la delegación de Fipca en varias oportunidades y quien el año pasado sufrió una descompensación luego de denunciar que había recibido amenazas por la seguridad privada de Lewis.
«Este año vamos con más ganas. Estamos esperando generar una nueva visibilización ante la opinión pública. Estas marchas, lo que han demostrado, es que hay un sentimiento patriótico que nos atraviesa y que está más allá de los partidos políticos», remarcó Rachid.
Entre las manifestantes que participan de esta edición se encuentran representantes de La Cámpora, Federación Gráfica Bonaerense (FGB), CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, Movimiento Octubres, Mesa Coordinadora por la Defensa de la Soberanía Nacional del Río Paraná y del Canal Magdalena, Sutap, Causa Nacional, Grupo por la Soberanía, Grupo Bolívar, Corriente Federal de Trabajadores, Regional Norte de la CGT y el Grupo de Curas en Opción por los pobres.
El magnate británico Lewis posee cerca de 12 mil hectáreas en Lago Escondido, un paraje ubicado en la zona cordillerana de Río Negro que desde 2005 se encuentra en conflicto con las leyes argentinas.
La Justicia de Bariloche le ordenó este año a la provincia de Río Negro que, en un plazo de tres meses, garantice a la población el tránsito por un camino de acceso al Lago Escondido, lindante con la propiedad de Lewis.
Sin embargo, la gestión de Arabela Carreras decidió apelar ese fallo ante el Superior Tribunal de Justicia rionegrino.
La Cámara judicial ratificó de esta forma un fallo de 2013 que había ordenado habilitar ese sendero cordillerano.
Según el Código Civil de la Argentina, los ríos y lagos son de dominio público (artículo 2340), mientras que la Constitución provincial de Río Negro «asegura» el libre acceso con fines recreativos a las riberas de espejos de agua de dominio público (artículo 73).
En abril, la Inspección General de Justicia (IGJ) ordenó la intervención judicial de la firma Hidden Lake S.A., de propiedad de Lewis, por considerarla una «pantalla jurídica» para «frenar la aspiración» de cualquier persona a acceder a Lago Escondido.
Por último, Urien adelantó que mientras centenares de miembros de distintas organizaciones participan de la travesía, otro grupo se movilizará a la sede del Poder Judicial de la provincia en la ciudad de San Carlos de Bariloche para exigir que se instrumente la habilitación de los caminos públicos.
