El juez federal de Salta Julio Bavio tomará a partir de este martes, por videoconferencia, las indagatorias de la segunda causa por delitos de lesa humanidad que se sigue contra el empresario Marcos Jacobo Levin y otros cuatro imputados por los secuestros de 15 trabajadores de la empresa de transporte La Veloz del Norte, ocurridos en 1977.
Esta causa se inicia mientras se aguarda que la Corte Suprema se expida sobre la primera condena que recibió Levin en 2016 por haber ordenado el secuestro del delegado de la UTA Víctor Cobos, quien fue torturado por la policía durante su cautiverio ilegal.
El máximo tribunal debe pronunciarse en relación al fallo que hace dos años dictó la Cámara Federal de Casación Penal, que con los votos de los magistrados Juan Carlos Gemignani, Eduardo Rafeal Riggi y Carlos Mahiques, determinó que los hechos por los cuales se había condenado a Levin y a los ex policías Enrique Víctor Cardozo, Víctor Hugo Bocos y Víctor Hugo Almirón, no eran delitos de lesa humanidad y habían prescripto.
No obstante, y hasta que haya un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo, la Corte habilitó que se inicie una segunda investigación por delitos de lesa humanidad contra Levin, en función de los casos que se difundieron en el juicio oral y público que se le realizó hace cuatro años.
«Creemos que más allá de lo que diga la Corte sobre el fallo de Casación, hay elementos como para procesar a Levin y al resto de los imputados. Somos optimistas en relación al avance de la investigación», señaló a Télam el fiscal de la causa Carlos Amad.
Las indagatorias a Levin, Cardozo, Bocos, y Almirón comenzarán el martes, seguirán el jueves y se reanudarán el 23 y 24 de junio, en tanto que un día después deberá declarar José Antonio Grueso, jefe de personal de la Veloz del Norte al momento de los hechos.
En función de las limitaciones impuestas por el aislamiento social decretado en relación a la pandemia de coronavirus, las indagatorias se llevarán a cabo por el sistema Skype y los imputados responderán desde sus domicilios donde estarán asistidos por sus representantes legales, según consignaron fuentes judiciales.
En marzo de 2016, el Tribunal Oral Federal de Salta condenó a Levin a 12 años de prisión al igual que Almirón y Bocos, por el secuestro de Cobos, en tanto que Cardozo recibió una pena de ocho años, por el mismo delito.
El 22 de enero de 1977, Cobos, delegado sindical y chofer de la Veloz del Norte, fue secuestrado en horas de la mañana cuando se preparaba para iniciar un viaje.
Los ex policías imputados llevaron a Cobos a una Comisaría de la capital salteña, donde lo torturaron mientras lo interrogaban sobre el robo de boletos con el propósito de que incriminara a sus compañeros.
Mientras Cobos estaba en cautiverio, otros 20 empleados de la empresa trasportista resultaron detenidos de forma ilegal y padecieron torturas, y esos son los hechos que es investigan en esta segunda causa.
El delegado padeció tormentos que le dejaron secuelas físicas, y tras días de cautiverio, fue blanqueado al ser acusado de defraudación; lo despidieron de la Veloz del Norte pero finalmente lo sobreseyeron de esas imputaciones.
«Mi hermano es un hombre que sufrió mucho, tenía 32 años cuando lo secuestraron y quiere que se haga Justicia. Esperemos que haya condenas, que esta causa avance y que la corte nos dé la razón», señaló en diálogo con Télam Cristina Cobos, hermana de la víctima que desde hace años acompaña su reclamo.
El primer empresario condenado por delitos de lesa humanidad contra un trabajador
Marcos Jacobo Levin fue el primer empresario condenado por delitos de lesa humanidad contra Víctor Cobos, un trabajador que tenía bajo relación de dependencia, pero se encuentra en libertad, al haber sido apelada su condena a Casación, instancia en la cual se anuló esa sentencia al considerar que los hechos juzgados no podían encuadrarse como crímenes imprescriptibles.
«Es muy importante que esta causa haya avanzado y que Levin siga siendo investigado por delitos de lesa humanidad. Es muy difícil que las causas sobre complicidad empresarial con el terrorismo de Estado avancen y este caso lo demuestra. Logramos hace cuatro años una condena y todavía luchamos para que quede firme», indicó a Télam la abogada María José Castillo, representante de la querella de la familia Cobos en el primer juicio contra el ex dueño de la Veloz del Norte.
Los primeros empresarios condenados fueron los hermanos Emilio Felipe y Julio Manuel Méndez, a quienes el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata impuso en marzo de 2012 11 y 15 años de prisión por haber aportado una quinta de su propiedad para el secuestro y las torturas del abogado de los trabajadores de Loma Negra, Carlos Moreno, quien luego fue asesinado.
Otra causa emblemática de la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado es la que involucra al propietario del Ingenio Ledesma de Jujuy, Carlos Pedro Blaquier, por su responsabilidad en los hechos denominados como de la “Noche del Apagón”, una causa en la que se investigan las desapariciones de 29 trabajadores de esa empresa.
Esa causa estaba elevada a juicio oral, pero en 2015, un fallo de Casación revocó el procesamiento del empresario y ahora, la Corte debe resolver si se confirma la realización de ese debate, en el cual se debe analizar la responsabilidad de Blaquier, quien hoy tiene 92 años, con los crímenes de “La Noche del apagón”.
En tanto que este año debe empezar el juicio Chavanne-Industrias Grassi, en el que serán juzgados el ex agente del batallón 601 de inteligencia del Ejército Raúl Antonio Guglielminetti y el ex presidente de la Comisión Nacional de Valores Juan Alfredo Etchebarne.
En este proceso oral y público, que está suspendido por la pandemia de cornavirus, quienes están acusados de haber participado en el secuestro de 28 empresarios vinculados al banco de Hurlingham y la siderurgia Grassi.
Las víctimas estuvieron detenidas en la prisión militar de Campo de Mayo, y durante su cautiverio fueron torturadas y presionadas para entregar estas empresas a sectores económicos vinculados con la última dictadura cívico militar.
