Hugo Giuliano es un comisario mayor retirado que no pudo justificar sus bienes. Durante una década se discutió su responsabilidad en un juzgado de instrucción. Finalmente, fue procesado en 2014. Los dimes y diretes procesales no pararon allí. El caso pasó al Juzgado de Sentencia N° 4, a cargo de Julio Kesuani. Cuatro años después de su procesamiento, el caso llegará a juicio oral. Es la primera vez que un expediente por enriquecimiento ilícito de un policía se ventilará en forma oral. Si bien aún no se fijó fecha, ya que falta producir prueba, ya se conformó el tribunal pluripersonal que presidirá el debate. El juez Edgardo Fertitta estará a cargo de la presidencia, mientras que sus pares Ismael Manfrín y María Isabel Más Varela completarán el tribunal pluripersonal a cargo de llevar adelante el juicio.
El patrimonio de Hugo Giuliano comenzó a ser investigado tras las denuncias que realizó Apropol, el gremio no reconocido de la Policía santafesina. Ello abrió una etapa administrativa de investigación, que en principio llevó adelante la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, que detectó irregularidades con la adquisición de varias propiedades, títulos públicos, dos automóviles, una lancha y viajes reiterados al exterior del país, que el uniformado no pudo justificar y el caso pasó a la etapa judicial.
En diciembre de 2011, el comisario recibió una falta de mérito por la entonces jueza de Instrucción 10ª, Irma Bilotta. Esa resolución fue revocada por los camaristas de la sala IV, tras la apelación del ex fiscal de Cámaras Guillermo Camporini. La causa fue remitida a Instrucción 11ª, entonces a cargo de Hernán Postma, quien en diciembre de 2013 lo sobreseyó por considerar que el tiempo transcurrido desde el inicio del expediente era mayor a la pena máxima por cometer dicho delito. Esa medida fue revocada una vez más por la Cámara de Apelaciones a fines de febrero de 2014 y la causa quedó en manos del juez de Instrucción Juan Andrés Donnola, quien dos meses después dictó el procesamiento y lo embargó por 300 mil pesos.
Giuliano, quien fue jefe de Unidades Especiales en Rosario, titular de dos regionales del sur provincial y se retiró en 2007, prestó servicios por 32 años pero su crecimiento patrimonial no estuvo en consonancia con sus ingresos y no pudo justificar los bienes o el movimiento económico que tuvo, sostiene la Fiscalía. El procesamiento explicó que no existe documentación que acredite la actividad de la explotación de un taxi; tampoco existen constancias que avalen la presunta venta de la chapa patente, aun cuando esta operatoria fuera efectuada en contradicción con las normas municipales; del mismo modo hay una ausencia en documentación en los ingresos por contratos realizados con la Municipalidad de Rosario; asimismo no existen constancias que permitan verificar los ingresos producto de la actividad de la explotación de una agencia de lotería, como tampoco documento alguno que avale una eventual donación en moneda extranjera recibida, al parecer, del tío del imputado.
El caso pasó al Juzgado de Sentencia 4ª,, dónde la defensa de Giuliano discutió acaloradamente el tipo de trámite, insistió en que se llevara adelante en forma escrita, aunque la ley de transición ya fijaba la tramitación oral de estas figuras delictivas. Finalmente Giuliano aceptó un tribunal pluripersonal para su caso y recientemente sortearon los jueces. La presidencia quedó a cargo de Edgardo Fertitta, mientras que el resto del tribunal estará compuesto por María Isabel Mas Varela e Ismael Manfrín.
