El Comité Provisorio de Control del concurso preventivo de la agroexportadora Vicentin, integrado por los principales acreedores de la empresa, consideró “superficial, sesgado y carente de rigor técnico” el Informe General presentado por la Sindicatura, atento a que “poco aclara” sobre las “causas del desequilibrio económico” que derivó en la cesación de pagos de la compañía.
El Comité impugnó ante el juez del concurso, Fabián Lorenzini, el Informe General presentado el 15 de marzo último por la Sindicatura, al entender que reproduce el planteo de la empresa sobre el origen de su cesación de pagos, declarada en diciembre de 2019.
“Su lectura y análisis transmite una sensación insólita a la luz de las circunstancias del caso: Vicentin es una empresa que ha tenido la mala fortuna de verse atacada por un sinnúmero de causas exógenas que determinaron su caída en cesación de pagos, sin que la empresa hubiera contribuido en nada a esa realidad”, dice el Comité sobre el informe.
Además, en sus observaciones agrega que la Sindicatura “deja incluso una impresión de que hay más responsabilidad en los acreedores (financieros porque prestaron dinero; proveedores de granos porque se apuraron en fijar precio para sus ventas), que en la propia concursada”.
Vicentin SAIC entró en concurso de acreedores en marzo del año pasado por un rojo aproximado de U$S1.500 millones, que los acreedores consideran “uno de los defaults más grandes que registre la historia argentina”.
Además de los planteos en material civil, la empresa afronta demandas penales sobre presuntas estafas, en las que se resolverá si existió responsabilidad de sus socios en la caída del gigante local de los agronegocios.
Las observaciones del Comité están firmadas por representantes del Banco Nación Argentina, los bancos extranjeros, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y dos sindicatos Aceiteros.
Dice que “no hay prácticamente, todo a lo largo del informe, referencia alguna que ponga de manifiesto la responsabilidad de la propia concursada y de sus administradores en la verdadera debacle que significó la cesación de pagos de Vicentin”.
La propia firma había señalado, al solicitar la apertura del concurso en febrero de 2020, que los problemas financieros que atravesó obedecían a factores exógenos como la sequía de 2018, la incertidumbre cambiaria y por las elecciones primarias (PASO) de agosto de 2019 y problemas del mercado internacional.
“No hay ni un tímido intento por exponer la gran responsabilidad que cupo a la propia Vicentin -y a sus administradores- en el manejo de la empresa que culminó en la cesación de pagos”, se quejan los acreedores.
Para el Comité “ni la sequía del año 2018, ni las condiciones generales del mercado, ni los mecanismos de financiación de la actividad productiva -ni tampoco ninguna otra de las causas que ensaya la Sindicatura para explicar la cesación de pagos- alcanzan, ni en sí mismas ni consideradas en su conjunto, para explicar este enorme ‘agujero negro’” en los estados contables de la cerealera.
Los acreedores también cuestionaron a la Sindicatura por no tener en cuenta, para su Informe General, los trabajos parciales producidos por una auditoría forense solicitada por el Comité y aceptada por el juez del concurso.
Sostienen que allí se expresa, por ejemplo, que “sus bienes de cambio pasaron de U$S714 millones en julio de 2019 a U$S10 millones en febrero 2020”; mientras que “los créditos por ventas pasaron de U$S252 millones a U$S70 millones en febrero 2020” y la deuda con proveedores de materia prima “aumentó de U$S10 millones en julio de 2019 a casi U$S417 millones en febrero de 2020”.
Y plantean que el análisis de esos datos no forma parte del informe de la Sindicatura para explicar “un colapso financiero tan abrupto e intempestivo como el de Vicentin, que ocurrió casi de la noche a la mañana”.
