Luego de que se conociera que el corredor de cereales rosarino Sebastián Grimaldi fue procesado por la Justicia federal cordobesa junto con otros directivos de dos empresas radicadas en esa provincia por asociación ilícita, defraudación y apropiación indebida de tributos, trascendió el fallo del juez de Bell Ville, Sergio Pinto, donde se describe la mecánica operada por los involucrados para estafar a los productores agropecuarios. Según el magistrado, las firmas Sebastián Grimaldi SA y Leones Agropecuaria SRL trabajaban de manera “unida” para hacerse de “un gran volumen de cereal”, que redundaba en una “gran cantidad de dinero que terminó desapareciendo”, incluyendo los fondos que debían ser destinado para el pago de tributos por esas operaciones.
En primer lugar, el juez Pinto determinó que la operatoria delictiva fue posible por “la unidad de actuación de las empresas Leones Agropecuaria SRL y Sebastián Grimaldi SA” que funcionaban como “un único grupo económico”. De esta manera, la acopiadora y la corredora “actuaban en el mercado de granos en forma conjunta, organizada y funcional a los fines ilícitos de la asociación».
¿Cómo se hacían de los clientes? Ofreciendo mejores condiciones de negocios que las demás empresas del sector. Los productores agropecuarios que les confiaban el cereal firmaban las cartas de porte y los boletos de compra y venta a favor de Leones Agropecuaria, la acopiadora que debía ser la compradora y destino del producido, pero también con Grimaldi, la corredora que por ello cobraba una comisión “de entre el 0,5% y el 1%”.
Sin embargo, pese a esto, la mayoría del cereal no iba a parar al acopio de la firma con domicilio legal en la ciudad cordobesa de Leones sino que directamente iba a parar a los puertos para su inmediata exportación. Todo ello sin el conocimiento de los productores y sin percibir los dineros correspondientes por la venta no autorizada.
“Todos los granos entregados por los productores a Leones Agropecuaria SRL eran inmediatamente vendidos a los exportadores sin perjuicio del objeto para el cual los productores lo habían entregado al acopio”, expresó el fallo del juez Pinto y agregó: “Estas operaciones se realizaban a través de la empresa Sebastián Grimaldi SA como corredora, cerrando de esta manera el círculo para hacerse del dinero de su producido sin necesidad de obtener la conformidad de los productores”.
¿Cómo era posible esta operatorio sin contar con el visto bueno de los productores? Porque “al constituirse Leones Agropecuaria SRL como remitente comercial, solamente se requería de su firma para la concertación de las operaciones de venta”.
El juez de Bell Ville considera que Leones Agropecuaria era “una empresa satélite que utilizaba la organización para disponer y poder comercializar el cereal que adquirían de los productores». Además, era la propia corredora la que efectuaba los pagos a los productores «cuando deberían haberlo realizado Leones Agropecuaria SRL, quien figuraba como remitente comercial en la documentación referida».
Los hilos de esta operatoria delictiva comenzaron a verse en marzo de 2018, allí los productores comenzaron a encontrarse con las evidentes irregularidades. Aparecieron propuestas de sobreprecios, ventas a futuro que en realidad se hacían de forma inmediata y contratos en dólares que nunca se formalizaban, los productores terminaron siendo acreedores de Leones Agropecuaria y, según el juez, “seguramente no podrán cobrar debido a que esta última empresa se encuentra en quiebra, terminando por defraudarlos doblemente”.
El juez federal de Bell Ville, Sergio Pinto, le atribuyó a Grimaldi el rol de jefe y organizador de una asociación ilícita por la cual también fueron procesados los socios de la empresa Eduardo Nannini y María de los Ángeles Cavallero y los ejecutivos Araceli Nannini y Fernando Herrera. En cambio, el magistrado le dictó falta de mérito a Nelson Bertero, otro de los denunciados.
El propio Grimaldi declaró el default y se presentó su concurso preventivo en los Tribunales de Rosario. El corredor rosarino responsabilizó al acopio del grupo, que era presidido por su socio en la corredora Eduardo Nannini (70 por ciento) y la contadora Cavallero (30), socia gerenta y que a su vez denunció penalmente al propio Grimaldi.
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Acusación de Cargill
Además de este procesamiento, Sebastián Grimaldi sufrió otro dolor de cabeza: la multinacional Cargill acusó penalmente al corredor rosarino y a dos funcionarios judiciales de maniobras ilícitas para licuar pasivos de su empresa.
Cargill reclama, luego de presentar la demanda ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que Grimaldi SA en su condición de corredora adeuda cinco contratos por un total de 6,3 millones de pesos y 1,06 millón de dólares.
Según publicó Punto Biz, se trataban de saldos que no fueron admitidos por el síndico del concurso preventivo Aníbal Campagnucci porque afirmaba que debían reclamarse a Leones Agropecuaria y no a Grimaldi. Para el caso puntual de lo reclamado por Cargil, el síndico además se basó en un informe del perito caligráfico Martín Welker para sostener que las firmas en las cartas de garantías de los contratos “no corresponderían” a Sebastián Grimaldi, por lo que debían declararse nulas.
Hacia allí apunta Cargill, a una supuesta “connivencia defraudatoria directa” entre Grimaldi, el síndico Campagnucci y el perito Welker, «quienes se encontrarían en una armoniosa sintonía en pos de sanear las deudas contraídas y asumidas por Sebastián Grimaldi SA”.
La agroexportadora acusa al síndico porque toda la maniobra se realizó «sin ningún tipo de control por parte del acreedor».
Cargill presentó, mediante el abogado Froilán Ravena, un trabajo realizado por la perito Gabriela Tudela donde certifica que las frimas de Grimaldi son auténticas.
En la demanda indicó que se trata de una maniobra repetida, en la que también se perjudicó a Cofco, ya que con el mismo argumento se rechazó el crédito de la cerealera china con la corredora.
De esta manera, Cargill solicitó a la Justicia que se investigue a los tres denunciados por “estafa procesal y/o desbaratamiento de derechos y/o incumplimiento de los deberes de funcionario público y/o prevaricato y/o falso testimonio de perito o intérprete”.
