Por Claudio Mardones/ Tiempo Argentino
Así como la llegada de Mauricio Macri a la presidencia significó uno de los momentos más importantes para el rol de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina, la detención del abogado apócrifo Marcelo D’Alessio genera una de las exposiciones públicas más indeseadas para la delegación diplomática que ahora conduce el ex juez y ex fiscal federal Edward Prado, un embajador político nombrado por el presidente republicano Donald Trump. Llegó a Buenos Aires en enero de 2018 para reemplazar al lobbista y recaudador de fondos del Partido Demócrata, Noah Bryson Mamet, designado por el entonces mandatario Barack Obama.
Con la victoria de Cambiemos en las elecciones de diciembre de 2015, Mamet aceleró una agenda política con Washington que tuvo su primer fruto público en marzo de 2016, con la visita oficial de Obama a Buenos Aires, en el estribo de su último mandato. Tras la derrota de los demócratas, en las elecciones de 2017, la administración de Macri se transformó en uno de los pocos puntos coincidentes de la política exterior de Trump con sus antecesores. La continuidad no pasa por el perfil público que protagonizó Mamet y heredó Prado sino por la estructura de carrera del Departamento de Estado en Buenos Aires, que mantiene en forma casi inalterable la agenda de cooperación en materia Judicial, de Defensa y de Seguridad, que el Palacio Bosch aplica en cumplimiento de los protocolos firmados con el gobierno argentino.
Ese inédito despliegue diplomático de Washington en Buenos Aires comenzó en diciembre de 2015 y buscó revertir en tiempo récord la crisis de expectativas que tuvo la Casa Blanca con Argentina desde 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner, luego de la IV Cumbre de las Américas de Mar del Plata y también con la firma del memorándum de entendimiento con Irán que decidió CFK en su segundo mandato y la muerte del fiscal Alberto Nisman.
La detención de D’Alessio por orden del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, acusado de realizar tareas de inteligencia ilegal, autopresentado como un «abogado» especialista en narcotráfico, que llegó a cubrir el cargo de director de la agencia antidrogas norteamericana DEA, generó zozobra en la impasible estructura diplomática que ahora danza en torno al perfil de Prado.
La única respuesta pública de la Embajada sobre D’Alessio es la negación del vínculo. Es la misma que le enviaron al juez Ramos Padilla el 22 de febrero, aunque el magistrado que señala a Estados Unidos de orquestar una inédita injerencia de inteligencia en el país, sostiene que la respuesta no le llegó. Ante las consultas de este diario, fuentes diplomáticas cargaron las tintas en la Cancillería argentina, conducida por Jorge Faurie, y controlada desde la Casa Rosada por el secretario Fulvio Pompeo, por «una inexplicable y llamativa demora» en girarle al juez la respuesta.
Los discretos señalamientos sobre la demora generan interrogantes sobre las razones que llevaron al Palacio San Martín a demorar la desvinculación penal que aseguró la embajada desde hace tres semanas. Por fuera de la previsible respuesta oficial, para negar las palabras del falso abogado, hay otros vínculos mencionados por D’Alessio que ponen en aprietos la «comunicación de crisis» que el State Dept aplica en el caso. Uno de ellos pasa por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que mantiene una relación privilegiada con el aparato diplomático estadounidense desde hace 20 años, con el mismo poder de influencia que detenta en la actualidad el empresario y lobbista armamentista Mario Montoto, titular de la Cámara de Comerio Argentino-Israelí.
El contorno público más resistido de esas redes fue revelado por la organización WikiLeaks. Allí se ve que el protagonista más notorio de la relación entre Buenos Aires y Washington es el actual presidente que, según los cables que desmenuzó el periodista Santiago O’Donell, aunque se advierte que la entonces embajadora Martínez desdeñaba al candidato eterno del PRO que, años antes, junto a su amigo Nicolás Caputo, eran considerados fuentes tan privilegiadas.
Estos no son los únicos vínculos de los que se jacta D’Alessio, mientras los nombrados se esfuerzan en negarlo. La lista se engrosa con políticos que visitaron varias veces el edificio Harry Truman del State Dept, como la jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que posee una relación tan privilegiada como Bullrich, junto a la actual titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, que gracias a la cooperación judicial norteamericana, conoció a Prado y tejió una relación de amistad que evoluciona en la intimidad.
Debajo de esa red, la embajada duplicó sus planes de cooperación judicial con fiscales y jueces argentinos con un ritmo febril los últimos años, que transformaron al fiscal Carlos Stornelli y al juez Claudio Bonadio en habitués del Palacio Bosch, aunque los vínculos en materia judicial son transversales a otros organismos como el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y la DEA, reconocidos por contar con más representantes encubiertos que públicos. En esa tensión, la detención de D’Alessio se extiende en la relación de Washington con Buenos Aires como una mancha de aceite de consecuencias imprevisibles, en especial para los mencionados por el falso abogado, que aguardan ser protegidos por la «comunicación de crisis» de la embajada. «
