“Traducimos a un lenguaje jurídico lo que está pasando en la calle, que es donde se logran los cambios”. Así definen su trabajo Gabriela Durruty, Jésica Pellegrini y Julia Giordano. Las tres son abogadas querellantes en la megacausa Feced. En Rosario son dos los casos de delitos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado que llegaron a juicio oral. Buscan que se los considere delitos autónomos y no una forma más de tormentos.
Entre 1976 y 1983 hubo centros clandestinos de detención en todo el territorio argentino. Los militares torturaron a las personas secuestradas y también cometieron delitos sexuales sobre todo –pero no únicamente– contra mujeres. Violaron, abusaron, manosearon, intimidaron y forzaron abortos. “Había que aguantar para ir al baño porque si ibas tenías que pedir que te lleven y ahí, como mínimo, sufrías algún manoseo”, citan de las declaraciones. Obligarlas a que se quitaran la ropa frente a ellos y hacerles preguntas sobre su vida sexual fueron otras de las prácticas.
Ninguna de las abogadas se atreve aún a hablar de una sistematización de estos delitos; recién ahora se están investigando. Sin embargo afirman que se cometieron de forma repetida y en muchos lugares del país. Lo que se sabe, por ahora, es que no había un acuerdo entre las tres fuerzas armadas sobre cómo actuar.
Durruty cuenta que las violaciones funcionaban como un castigo por correrse del lugar destinado a las mujeres. Los represores dividían a las personas en recuperables, irrecuperables y en proceso de recuperación, con pabellones correspondientes. Consideraban que las mujeres se recuperaban si volvían a un lugar sumiso, “si dejaban el lugar de mando y de compromiso militante”. En Rosario el jefe de torturadores José Rubén “Ciego” Lo Fiego decía que las mujeres tenían umbral de dolor más alto y esto lo tenían en cuenta para torturar.
Juicios locales
Stella Hernández –actual dirigente del Sindicato de Prensa Rosario– fue secuestrada en enero de 1977, con 19 años, y estuvo detenida seis meses. En 1984, apenas recuperada la democracia, hizo una denuncia por violación que no fue tenida en cuenta. Sí se consideraron los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos: en todo caso, la violación entraba en esta categoría.
En la primera elevación a juicio de Feced en 2010 volvió a decirlo en su declaración. Fue desestimado, a pesar de su denuncia en 1984, porque no había nadie imputado por el hecho. Recién en Feced III se logró que Mario Alfredo Marcote, alias Cura, llegara imputado por este acto.
El Cura fue señalado en varios testimonios como el violador serial del Servicio de Informaciones, ubicado en la esquina de Dorrego y San Lorenzo. La última declaración de Hernández fue en septiembre de 2018, con la lucha feminista como escenario de fondo. Declaró con el pañuelo verde en la muñeca, pidió que los delitos sexuales fueran considerados de lesa humanidad y juró por la lucha de las mujeres: “Las de ayer, las de hoy y las de siempre”.
Al mismo tiempo, en Rosario hay otra sobreviviente que denunció tres violaciones. Dos fueron mediante el coito tradicional y fueron consideradas así por el tribunal. Sin embargo, la tercera –perpetrada por Lo Fiego– fue considerada como un tipo de tormento. En este caso la violación fue cometida con un palo. También se está juzgando en Feced III.
Feced es una megacausa, la más grande en relación con centros clandestinos en Santa Fe, que cursa su tercera elevación a juicio. Agustín Feced fue un ex comandante de Gendarmería que asumió el control de la Policía en la última dictadura. El juicio contra parte de la patota que operó en el ex Servicio de Informaciones inició el 5 de abril de 2018.
Aún falta que declaren 170 testigos. Hablar de abusos sexuales y violaciones sumaría un nuevo delito en la causa e incidiría en la escala penal: “Si no, es una conducta más que queda subsumida en un tipo penal y no es así. No fue vivido así ni por las víctimas ni por los sujetos activos. Entendemos que el dolo, la intención, no era de tortura: el objetivo era abusar sexualmente”, expresa Durruty.
Coincide Pellegrini, quien agrega que los propios represores lo admitieron en el juicio. El ex capellán de la Policía Eugenio Zitelli –quien murió impune hace un año–, declaró que cuando “las mujeres en cautiverio le cuentan que fueron torturadas y violadas, él mismo hace esta distinción moral: «Dijimos que con las torturas sí, pero las violaciones no». Ellos mismos tenían ese dolo específico. Era otro tipo de violencia y ensañamiento contra las mujeres”.
Giordano apunta que, en el caso de la denuncia por violación con un palo, el fiscal no acompañó que fuera tal delito porque no era concebido así en esa época y sería injusto juzgar a los imputados con elementos que existen recién hoy. Ella disiente y considera que pesar a que en otro momento la sociedad no pudo verlo, “poder explicarlo hoy con otras palabras y poder decir que lo que pasó fue lo que pasó y no otra cosa no es cambiar los hechos: fue una violación”.
Transformar lo jurídico
“Es imposible no pensar estas cuestiones desde una perspectiva de género. Quizás cuando empezaron los juicios no se podía pero eso cambió”, dice Durruty y subraya que la Justicia no es una isla: el contexto económico, político y social influye. Por eso consideran tan importante el trabajo que hicieron los organismos de derechos humanos durante los años que estuvieron vigentes las leyes de obediencia debida y punto final: mantuvieron el tema en la agenda jurídica y mediática.
“Hoy en los casos de delitos sexuales el trabajo de las organizaciones feministas es fundamental. No somos las primeras abogadas que lo planteamos. Traducimos a un lenguaje jurídico lo que está pasando en la calle, que es donde se logran los cambios”, explica. En otro momento imputar a un sacerdote por delitos de lesa humanidad era impensable, pero luego el contexto político lo permitió: “Para atravesar la puerta de Tribunales tiene que ser una realidad política contundente”, dice.
Pellegrini explica que los caminos son progresivos y que se necesita ir construyendo el andamiaje jurídico. Durruty señala que “la memoria no es inocua” y que su trabajo es ponerle un nombre y calificación a lo que ya está dicho por la víctima: “Con el genocidio pasó lo mismo, el pueblo argentino ya decía juicio y castigo a los genocidas, lo que faltaba era que lo dijeran los Tribunales, que el Derecho relatara lo que ocurrió”.
Feminizar los Tribunales
Giordano se sumó hace cinco años al trabajo que ya venían haciendo Pellegrini y Durruty desde un lustro antes. Las tres son militantes de Ciudad Futura y Pellegrini también es concejala.
Mientras recuerdan cada juicio, cada espera, interponen relatos de su intimidad. Hablar de las causas Guerrieri, Feced o Díaz Bessone es para Durruty y Pellegrini referenciar también sus embarazos: “Los imputados nos miraban con cara de vayan a lavar los platos y no cualquier plato sino el de sus maridos. Y nosotras ahí con nuestras panzas”, se ríen.
Pellegrini resalta que los Tribunales siempre fueron ámbitos dominados por hombres: “La llegada de mujeres a lugares estratégicos de enjuiciamiento y en el tribunal es parte también de esta batalla”. Nombra a Noemí Berros, que presidió el tribunal de Feced II: “Permitió que en el relato de las mujeres afloraran muchas cuestiones relacionadas con los abusos que fueron tomadas como elementos para investigaciones en Feced III y IV”. Pellegrini describió la mirada de Berros como “preparada, atenta, sorora y cuidada”.
El tribunal de Feced III está presidido por Lilia Carnero. Las tres querellantes consideran que esto genera un clima diferente tanto para mujeres como para hombres. “Nosotras tenemos otro trato. La feminización de la política tiene la misma lógica que la feminización de la Justicia. Es el espacio cuidado”.
Declarar y sanar
“Nunca nadie salió de un tribunal peor de lo que entró”, afirma Durruty. Habla de las personas que representan y que hace décadas esperan ser escuchadas por los jueces. Recuerda una reciente declaración, de Beatriz Frutos, por el caso La Vigil. Cuenta lo que respondió cuando le preguntaron si quería agregar algo más: “Vine acá con una carga muy pesada y me voy sin ella porque me la saco y se la pongo a ustedes”. Durruty piensa que su trabajo es trasladar esa mochila a los magistrados y que sepan que sólo se la van a sacar con una sentencia ejemplar.
Hablan del clima espeso que hay en las audiencias, de tener que escuchar una y otra vez los relatos del horror. Los abusos sexuales son delitos de instancia privada, requieren que la víctima habilite que sean investigados y sancionados. En estos casos es un tema en discusión porque cuando se da en el marco de delitos de lesa humanidad son delitos contra la humanidad y el Estado tiene la obligación de investigar.
“Se complejiza porque hay 30 mil desaparecidos. No están para decir si quieren que se investigue o no. Están sus familiares y muchas veces sus hijos. Es un terreno lleno de preguntas y hacia allí vamos. El feminismo nos da la fuerza y las herramientas para construir esa respuesta con las sobrevivientes. Vamos viendo cómo nominamos y cómo avanzamos en términos de persecución penal para poder darle voz a las que ya no están”, expresa Pellegrini.
Quienes sobrevivieron a los centros clandestinos sienten la responsabilidad de declarar los últimos momentos de sus compañeros. Es un momento difícil y que, a la vez, muchas veces los lleva a minimizar sus padecimientos. Hay un compromiso ético: primero hablar de los desaparecidos y de lo que les pasó, por último hablar de lo personal.
Finalmente, aunque no sea un tema tan abordado, plantean que hay muchos varones que sufrieron también abusos sexuales y violaciones. Les cuesta contarlo. “Por lo que dicen se desprende que han sufrido vejaciones del tipo sexual pero los relatos no son tan claros ni tan contundentes como los de la mujeres”, explica.
“Lo perciben como destrucción física e incluso sus propios perpetradores les decían: «No vas a volver a tener hijos». En cambio a las mujeres les preguntaban cuál era su posición favorita”, relata Pellegrini. Giordano profundiza: “Al hombre que es abusado se lo pone o se siente en un lugar feminizado, entonces tiene que aceptar dos cosas: que fue víctima de una violación y que se lo puso en un lugar de la mujer que hasta ahora en nuestra sociedad es peor, de menos prestigio”.
