La Justicia falló a favor de ambientalistas que demandaron a la provincia de Santa Fe por incumplir con su deber de conservación sustentable de los recursos del río Paraná, en un reclamo relacionado con la pesca comercial a gran escala. La causa se inició hace tres años en un intento de poner freno a la depredación de peces que, según denunciaron, es incentivada por frigoríficos exportadores que avanzan de manera indiscriminada ante la falta de controles de fauna ictícola por parte de las autoridades locales.
El juez en lo Civil y Comercial de la 11ª Nominación de Rosario, Luciano Carbajo, obliga al Estado santafesino a elaborar “un plan estratégico para la utilización sustentable del recurso ictícola”, en un plazo de 150 días y bajo los lineamientos fijados por las normativas vigentes que, según detalla minuciosamente la sentencia, están siendo incumplidas.
La abogada que patrocinó a los ambientalistas de las entidades El Paraná No Se Toca y la ONG Mundo Aparte, Romina Araguas, celebró la resolución judicial por contundente y ejemplar. “Es un fallo favorable y muy fundado. Pone en evidencia los incumplimientos de la provincia de Santa Fe que venimos denunciando hace años”, sostuvo.
Conservar la fauna
La demanda judicial fue presentada a mediados de 2020 con dos objetivos. Uno inmediato, con la presentación de una medida cautelar para la veda de pesca comercial fundada en la falta de controles gubernamentales en un escenario excepcional: la bajante histórica del río Paraná, una de las más importantes en los últimos 50 años, que afecta de manera directa la reproducción de peces.
Y por otro lado, la cuestión de fondo, con la presentación de una acción de protección de intereses difusos, un recurso judicial similar al amparo ambiental basado en la ley provincial 10.000 que protege los derechos colectivos y procura “tutelar la salud pública, conservar la fauna, la flora, el paisaje y el medio ambiente”, entre otros patrimonios de la comunidad.
La demanda de ambientalistas al Estado santafesino fue muy clara: exigir un plan integral que aborde la problemática ictícola, exactamente lo que acaba de ordenar el juez Carbajo.
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Río de incertidumbres
“Nadie sabe lo que hay en el río”, dijo la abogada Romina Araguas a El Ciudadano ante un aluvión de preguntas sin respuestas que evidenciaron el reclamo ambiental.
“Hay falta de datos, falta de evaluación, falta de información, falta de control. El juez ordena que se realice un plan integral porque tiene en cuenta todas estas cuestiones”, sostuvo.
Al respecto mencionó la existencia de entidades que no funcionan como el Consejo Provincial Pesquero, creado por ley, que debería juntarse una vez por mes y no lo hace, ni siquiera ante la bajada extraordinaria del río. También hizo referencia a los Puertos de Fiscalización que fueron “desmantelados y cualquiera entra en una lancha y se lleva lo que quiere sin ningún tipo de control”.
Para la abogada, la información precisa es clave antes de tomar medidas aisladas. Como ejemplo mencionó datos obtenidos en el Instituto Nacional de Limnología (Inali), del Conicet, sobre el ciclo reproductivo de los peces y la incidencia directa que tiene la bajante. Advirtió que muchas especies se reproducen con la creciente de verano, y al no tener crecientes durante tantos años, la reproducción es mala, “algo que las autoridades no pueden ignorar” a la hora de tomar decisiones, dijo.
Modelo extractivista
Araguas también lamentó la tergiversación del reclamo ambiental que a fines de 2020, cuando se decretó la veda total de pesca en medio de la pandemia, motivó el levantamiento de pescadores comerciales que al ver coartado su medio de subsistencia realizaron piquetes exigiendo que se anule la medida.
Las protestas y cortes de tránsito en distintos puntos de la provincia hicieron eco. La veda total que había sido dictada el 29 de diciembre de 2020 por el juez civil Luciano Carbajo fue modificada días después por un tribunal de segunda instancia, tras un recurso de apelación presentado por la provincia. Los camaristas Edgar Bacarat, Avelino Rodil y Ángel Angelides dispusieron una veda parcial el 8 de enero y habilitaron la pesca con fines comerciales y deportivos tres días por semana.
“Esto nunca fue un problema entre ambientalistas y pescadores como lo plantearon algunos medios de comunicación en ese momento”, aclaró Araguas tras sostener que esa lógica deja afuera el factor principal que son los frigoríficos.
“Nosotros no estamos en contra del pescador que va todos los días a sacar el pescado para comer. Lo que vemos es que los frigoríficos arrasan con todo y le pagan monedas a los pescadores. Argentina es uno de los pocos países que exporta peces de río, porque los peces de río son escasos”, aclaró Araguas para concluir: “Nuestro problema no es con los pescadores, es con el modelo extractivista que el gobierno deja en mano de los frigoríficos”.
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Lo que pide el juez
En su sentencia, el juez Carbajo resuelve hacer lugar a la demanda y en consecuencia “ordenar a la provincia de Santa Fe a que dentro del plazo de 150 días hábiles elabore y presente un Plan Estratégico para la utilización sustentable del Recurso Ictícola”.
El magistrado aclara que el plan debe comprender una serie de lineamientos acordes a las normativas vigentes y también un plazo para hacerlo efectivo.
En principio aclara que el plan deberá basarse “en información ambiental, local y pública” que permita analizar el estado actual del recurso (ictícola) y que uno de sus objetivos deberá ser “la protección de la biodiversidad y la sustentabilidad ambiental”.
Para ello insta al Estado provincial a que “produzca su propia información científica de calidad de forma local, periódica y sistemática”.
Tanto el plan integral como la información ambiental local que se genere deberán publicarse en el portal web de la provincia en concordancia con la ley 12.212.
Especifica que la información tiene que ser volcada al Registro Provincial de Estadísticas Pesqueras, al Sistema Provincial de Información Ambiental y al Registro Provincial de Operaciones Pesqueras.
En relación a las vedas de pesca, el juez indica que el plan debe incluir un “sistema de alerta temprana” a fin de proteger el recurso ante casos de crisis hidrológicas o ecológicas. Para ello propone “un sistema de veda automática de la actividad pesquera que podrá ser gradual y que se activará sin necesidad de declaración”, una decisión respetuosa con el Acuerdo de Escazú, señala.
Al respecto advierte que “las situaciones de extrema bajante como la que ha sufrido la cuenca producen importantes y graves consecuencias directas sobre la ictofauna y sobre todo el ecosistema”, y menciona lo ya aclarado en su resolución cautelar del 29 de diciembre de 2020 cuando decretó la veda total.
Esas medidas estarán a cargo de la provincia pero en base al respaldo técnico y científico tomado de la UNL, la UNR y el Consejo Provincial Pesquero.
También insta al Estado a que ponga en funciones el Consejo Provincial de Reconversión de las Pesquerías y regularice las reuniones del Consejo Pesquero que garantizan la participación ciudadana.
Otro requisito con el que deberá cumplir el plan es que incluya “los métodos de protección del control de cupos de extracción, acopio y tallas mínimas, como también la regularización de los Puertos de Fiscalización”. Y aclara que los cupos deberán incluir el control de stock periódico de los frigoríficos.
Asimismo, se deberá poner en vigencia un método de control «del repoblamiento de las especies autóctonas» en relación a la masa total comercializada por parte de los exportadores de pescado de río.
Agrega que también se deberá prever la aplicación periódica de los fondos de reconversión pesquera y asistencia a los pescadores.
