María Florencia Alcaraz / Majo Gerez / Florencia Gordillo / Latfem
Frente la quinta movilización por Ni una menos, un nuevo 3 de junio, nos preguntamos: ¿cómo se mide el impacto de las movilizaciones que se dieron en los últimos años? ¿Cuáles son los saldos cualitativos, cuantitativos y legislativos cuatro años después de la primera manifestación masiva contra los femicidios? La construcción del feminismo popular que se agita desde Argentina es observada a nivel mundial. Ni Una Menos pasó de ser el título a una convocatoria por una maratón de lectura el 26 de marzo de 2015, a un hashtag agitado en las redes sociales tras el femicidio de Chiara Paez, un acontecimiento colectivo (3 de junio de 2015), a convertirse en un lema, un movimiento social transnacional, que excede al colectivo humano y los múltiples colectivos que empujaron y organizaron cada una de las manifestaciones bajo esta consigna.
Hay un antes y un después de NUM en Argentina. La línea 144, que recibe llamados de víctimas de todo el país: pasó de 1000 consultas diarias a 13.700 aquel 2015 del estallido. Ese año el 0800 porteño de atención tuvo una demanda 300 por ciento mayor. La conciencia sobre la problemática se ensanchó desde entonces pero las violencias no disminuyeron y la respuesta estatal continúa siendo deficiente.
Las demandas de Ni Una Menos en 2015 fueron concretas. Se concentraron en la denuncia de un femicidio cada 30 horas, como un problema estructural que debía abordarse con políticas públicas de prevención y una perspectiva de derechos humanos. La exigencia de cinco puntos: implementación, con recursos y monitoreo, del Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la violencia contra las mujeres, que establece la Ley 26.485; garantizar el acceso de las víctimas a la Justicia, algo para lo cual debe haber personal idóneo y capacitado para recibir las denuncias, pero también algún mecanismo judicial que no revictimice a las víctimas, y también que ellas puedan disponer de patrocinio jurídico gratuito durante todo el proceso judicial; elaboración de un Registro Oficial Único de víctimas de violencia contra las mujeres, porque “sólo dimensionar lo que sucede permitirá el diseño de políticas públicas efectivas”; compromiso para que se garantice y profundice la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos, en todo el país, y que se capacite y sensibilice a docentes y directivos al respecto y garantizar la protección de las víctimas de violencia con monitoreo electrónico de los victimarios, “para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que les impone la Justicia”. ¿Cuáles fueron las respuestas a estas demandas? ¿Qué avances y retrocesos observamos en este recorrido?
Un repaso nacional
En sus primeros meses de gestión Mauricio Macri, junto a Fabiana Túñez, como titular del Instituto Nacional de la Mujer (INAM), presentaron el Plan Nacional de Acción para el trienio 2017-2019. Para la implementación del Plan hay una asignación específica del Presupuesto nacional. El proyecto de presupuesto 2019 preveía $32.099.395, pero la diputada radical Alejandra Martínez logró que se aprobara el doble aese número. Aún así estamos ante una caída en el aporte del Estado: para que la partida asignada al PNA no pierda valor con respecto a la inflación (oficial) debería ser para 2019 de al menos $67 millones de pesos. La medida central propuesta por el PNA es la creación de refugios para mujeres, la mayoría del dinero (60 millones en el trienio) se destina a esta medida. En 2016 el gobierno nacional anunció la construcción de 36 Hogares de Protección Integral en todo el país. Solo hicieron 9, de los cuales la mayoría veía de la gestión anterior. Macri sólo concretó 3 de los planificados y anunciados.
El Congreso tuvo una respuesta rápida con respecto a la demanda del patrocinio jurídico gratuito de NUM y aprobó ese mismo año un proyecto del entonces senador Juan Manuel Abal Medina para que todas las víctimas puedan contar un abogado/a. Sin embargo, su implementación todavía es una deuda pendiente del Ejecutivo. La Ley N° 27.210 creó el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género que, según el gobierno, comenzó a intervenir en abril de este año pero de manera parcial. Con un total de 13 jurisdicciones y contando con un/a abogada/o por cada una de las mismas, en esta etapa prometen patrocinar 650 causas judiciales.
Respecto a la necesidad de que la perspectiva de género atraviese a los y las trabajadores de fiscalías y comisarías, uno de los logros y respuestas institucionales de este año fue la creación de la UFEM el 29 de junio de 2015. La Unidad Fiscal Especializada en violencia contra las mujeres (UFEM) en la Ciudad de Buenos Aires significó una jerarquización de la temática y un espacio de acompañamiento fundamental al trabajo de fiscales.
A fines de 2018 se aprobó la llamada “Ley Micaela”, de capacitación a los funcionarios de los tres poderes en materia de género. Esta normativa, impulsada por el Movimiento Evita y la familia de Micaela García, no hace más que reforzar el compromiso del Estado que ya figura en la Ley de Protección Integral a las Mujeres de 2009. La capacitación era ya una obligación estatal.
En julio de 2018 se aprobó la Ley Brisa, que plantea la reparación económica a los hijos e hijas de víctimas de femicidio. En octubre de ese mismo año el presidente reglamentó con un decreto su implementación y en febrero de 2019 ANSES habilitó el trámite.
La efectiva implementación de la ley de Educación Sexual Integral es una demanda intacta desde 2015 a esta parte. La necesidad de un presupuesto acorde también: en 2018 sólo se ejecutó el 24,2% del presupuesto del Programa Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable.
Sobre el monitoreo electrónico de aquellos denunciados por violencia machista. En junio de 2018 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció la contratación de 1.925 pulseras electrónicas para monitoreo del cumplimiento de las medidas cautelares. Según esta nota de El Cohete a la luna de Agustina Paz Frontera, hasta entonces, en toda la gestión macrista se distribuyeron 600 pulseras o tobilleras en 19 provincias.
