En las elecciones provinciales de 2019 habrá cinco boletas únicas en las que figurarán los candidatos de cada partido (una por cada categoría: gobernador y vice, diputados provinciales, senador, intendente y concejales) y una sexta boleta optativa para quienes deseen opinar sobre la reforma constitucional propuesta por el gobierno de Miguel Lifschitz.
La consulta popular se realizará en conjunto con las elecciones generales del 16 de junio. Ese día, los electores de la provincia estarán obligados a sufragar en las cinco categorías que renuevan cargos y también podrán votar, en forma optativa, a favor o en contra de la necesidad de reformar la Constitución de la provincia, de acuerdo al decreto firmado este miércoles por el gobernador.
La consulta es opcional. El presidente de mesa le preguntará a cada elector si quiere participar o no. Si la respuesta es positiva, se le entregará una sexta boleta en la que se le preguntará si está de acuerdo con la actualización de la Carta Magna. El votante deberá escoger entre tres opciones: sí, no o voto en blanco. El resultado no es vinculante, pero sí funcionará como un mensaje de la ciudadanía hacia la Legislatura y hacia el gobierno que asuma en diciembre de 2019.
Fracasado el debate en la Cámara de Diputados, donde el proyecto de reforma quedó estancado en comisiones por falta de consenso político, el gobernador jugó una última ficha y decidió someter el tema a consulta popular.
Será la primera vez que una provincia lleva a cabo una experiencia de este tipo. “Desde 1994 está instituida (la herramienta de la consulta popular), pero desde entonces ningún gobierno la utilizó”, sostuvo secretario de Reforma Política y Constitucional de la provincia, Oscar Blando.
“En general los gobiernos no consultan al pueblo sobre los temas relevantes, así que me parece que esta es una buena oportunidad para avanzar y continuar el proceso de diálogo y consulta que se había iniciado en 2016 con lo que se denominó Bases para la Reforma, que buscó consensos, acuerdos, propuestas, los cuales después se sintetizaron en el proyecto que elevó el gobernador a la Legislatura”, agregó Blando en declaraciones a LT10.
El funcionario remarcó que la consulta popular no es obligatoria (para los electores) ni vinculante (para el gobierno y la Legislatura). Eso significa que ambos poderes del Estado no estarán obligados a actuar según el resultado.
“Con esto no estamos reformando la Constitución”, aclaró Blando. “A través de este decreto el gobernador está pidiendo la opinión de la ciudadanía sobre la necesidad de la reforma y tenemos que dar un debate sobre qué temas debiéramos estar discutiendo”.
