Garantizar el acceso a través de farmacias, permitir el autocultivo, sumar el uso para otras enfermedades y trabajar con profesionales de la salud. Esas son algunas de las ideas principales de la nueva reglamentación de la ley de cannabis de uso medicinal en la Argentina. En los últimos 15 días la diputada Carolina Gaillard del Frente de Todos tuvo tres reuniones para terminar una propuesta de reglamentación nueva. La primera con investigadores y activistas de distintos puntos del país que trabajan con cannabis medicinal. La segunda con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, para habilitar predios de cultivo. Y la tercera, con autoridades de la cartera de Salud. En diálogo con El Ciudadano la legisladora de Entre Ríos explicó la propuesta que girará al Congreso.
—¿Cuáles son las claves de la nueva reglamentación?
—Queremos que garantice el acceso. Cambiemos hizo una reglamentación restrictiva del espíritu de la ley dejando por fuera otras enfermedades y habilitando solo el uso para epilepsia refractaria. Otra de las cosas importantes que la ley tenía y no fue reglamentada es el registro de cultivadores autorizados siempre que tengan una prescripción médica que habilite el autocultivo. En la nueva reglamentación entrarán todas las patologías que defina el médico.
—¿Qué falta para garantizar el acceso?
—La investigación es muy importante. Trabajamos con el Ministerio de Salud para lograr aún más evidencia científica. Apuntamos a una buena regulación fundamentalmente para garantizar el acceso a través del autocultivo y para que los laboratorios públicos produzcan y puedan llegar a pacientes a través de las farmacias. Es lo que venimos trabajando con la Red de Cannabis de Conicet en este borrador. Mantuvimos reuniones con la ministra de Seguridad de la Nación, quien está ocupándose de cómo habilitar los distintos lugares para cultivar en nuestro país. Estuvimos reunidos en el Ministerio de Salud para el resto de los detalles. Tenemos un gobierno, el de Alberto Fernández, que piensa en un Estado presente y en garantizar al acceso a la salud de la mayoría de la población. Muchas veces eso incluye un tratamiento con cannabis medicinal. Tenemos que garantizar que si el profesional de la salud lo prescribe esa persona tenga acceso.
—¿Qué modelo puede ser espejo de lo que pase en la Argentina?
—Es muy importante tomar la experiencia canadiense por el autocultivo. Plantean y, podemos pensar acá, el acceso a través de farmacias que reciban los productos de laboratorios públicos del país. Otra vía puede ser el autocultivo, siempre y cuando esté vinculado a la actividad de las universidades públicas u otros organismos que la Nación establezca. También pensamos en fomentar clubes de cultivo solidario y en acceder a través de estos espacios como pasa en Uruguay. Allá la ley permite el uso recreativo, pero bien podría ser aplicado con fines medicinales.
—Solo 22 profesionales de la salud de los 18 mil matriculados en Santa Fe prescribieron aceite de cannabis en 2018. ¿Cómo piensan sumar a los colegios de profesionales ya que es obligatoria la receta?
—Es muy importante la capacitación y la concientización en general, pero en especial a los médicos. Hay desconocimiento de los tratamientos a base de cannabis y del sistema endocannabinoide. Existen trabajos avanzados en la medicina en Israel. La formación y capacitación es fundamental. Cuanta más información haya en la población hay más garantías de que la salud alcance a todos.
—¿Será obligatorio registrarse dentro del programa de cannabis nacional?
—La ley establece un programa de cannabis medicinal que obliga a todos los pacientes a incorporarse al programa. Debe quedar claro en la reglamentación que puede haber pacientes que no estén en el programa y que sean monitoreados y tratados por sus médicos particulares. No necesariamente deben estar en el programa. Es una alternativa.
El acceso
Después de la ley 27.350 el problema de acceder al aceite de cannabis –uno de los formatos terapéuticos– se agravó por la falta de financiamiento al programa nacional de cannabis –el gobierno de Macri definió darle mil pesos por día durante 2019– y la falta de un aceite de producción nacional, aun cuando distintas provincias giraron proyectos a Cambiemos para cultivar, importar a granel y fraccionarlo. Entre ellas, Santa Fe. La única que fue autorizada fue Jujuy, del gobernador de Cambiemos, Gerardo Morales. Tener un aceite nacional evitaría importar y sufrir la diferencia con el dólar. Desde el laboratorio estatal de Santa Fe dijeron que costaría tres veces menos.
Otro problema, que vendría a resolver la nueva reglamentación, es la restricción del uso de cannabis solo para epilepsia refractaria. La definición de Cambiemos fue habilitarlo solo para esa enfermedad dejando de lado evidencia científica internacional que muestra que ayuda a otros problemas de salud. Esa traba llevó a muchas familias a pedirle a la Justicia el okey para plantar variedades de cannabis distintas a las usadas para fabricar los aceites importados.
Muchas personas van al cannabis para resolver otros padecimientos y mejorar la calidad de vida. En particular, los adultos y adultas mayores que sufren problemas de sueño, dolores crónicos, depresión y falta de apetito, y tienen un aparato digestivo que no tolera las pastillas tradicionales. La necesidad y la restricción de Nación hicieron que vayan al mercado negro o a quienes cultivan y producen de forma solidaria, pero sin la seguridad de un producto testeado. Por eso, desde 2016 la UNR abrió un sistema de análisis de aceites para orientar y mejorar los tratamientos con los aceites caseros. Después de dos años de testeos encontraron que muchos no tenían una concentración de los componentes terapéuticos que ayudan.
La nueva reglamentación fue bien recibida por activistas, investigadores y sectores políticos. En la mesa resta saber qué papel jugarán los profesionales de la salud, claves a la hora de prescribir cannabis.
