Agustín Aranda
“Si fuera por mi arrancamos a producir hoy”, dice Esteban Robaina, uno de los directores del LIF, el laboratorio estatal desde donde confían tener listos 1.000 frascos de hasta 50 mililitros de aceite de cannabis antes de fin de año para responder a la demanda del sistema de salud público de Santa Fe. A la espera de que Nación les habilite importar la materia prima, las autoridades dialogaron con El Ciudadano sobre cómo será la producción en la provincia. Confirmaron que diseñarán más de un tipo de aceite para cubrir enfermedades y dolores aún no tratados con recetas por profesionales de la salud. En 2022 cosecharán la planta en tierra santafesina.
En el LIF calculan que pasarán dos meses desde la llegada de la materia prima hasta que puedan fotografiar los frascos de aceite con la etiqueta que hoy cubre a 48 medicamentos distintos que son producidos por el laboratorio estatal, incluido el misoprostol. Saben que fabricar el aceite costará un tercio de lo que sale comprarlo en el exterior y llevará confianza a quienes lo necesiten. En los últimos años creció el mercado paralelo de aceites artesanales que son testeados en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) para saber qué tienen y cómo usarlos en distintos tratamientos.
Perfilado de cannabis
La materia prima que necesitan en el LIF son cristales de cannabis con alta concentración de CBD y THC, dos de los componentes más conocidos de la planta. Son vendidos por empresas de España, Alemania y Estados Unidos. El aceite que quieren producir en el LIF será similar a los permitidos en la actualidad por Nación para tratar epilepsia refractaria. Tendrá una alta concentración de CBD como los preparados comerciales más conocidos: Charlotte´s Web, Tilray CBD y Aphria CBD, por ejemplo.
“Vamos a imprimirle la misma calidad y trazabilidad que a cualquier otro medicamento que hacemos acá”, explicaron desde el LIF. Primero testearán los cristales en los laboratorios de la UNR y la Universidad Nacional del Litoral (UNL), luego producirán los aceites y más tarde volverán a controlarlos en las universidades. El último paso será un análisis de la Inspección de Farmacias de la provincia. De ahí podrá ir a los hospitales públicos y también a cubrir la demanda de quienes lo reciben a través de la obra social Iapos, vinculada a los empleos estatales de Santa Fe.
Entre enero de 2020 y abril de 2021 la obra social Iapos compró a empresas importadoras y a costo dólar un total de 842 frascos para 61 personas afiliadas que necesitan los aceites para distintos tratamientos. Al no disponer de un producto nacional tuvieron que desembolsar más de 27 millones de pesos.
Otras enfermedades y cannabis
Además de producir un aceite rico en CBD, las autoridades del LIF firmaron un convenio con el Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez” de Buenos Aires donde harán ensayos de uso del cannabis para otras enfermedades como artrosis y autismo. Desde Santa Fe enviarán aceite con otras concentraciones de CBD y THC que ayudarán a crear aún más evidencia científica e invite a más profesionales a pensar en la planta como una herramienta más en sus clínicas. Solo una veintena de las 18 mil personas matriculadas el Colegio de Médicos de Santa Fe habían recetado cannabis en 2018. “Es un objetivo de la salud pública poder poner a disposición de los médicos una herramienta segura para que cada vez más pacientes puedan recibir el medicamento”, dice uno de los directores del LIF, Esteban Robaina.
Una vez cubierta la demanda de Santa Fe y después de una autorización de la Anmat, el LIF podrá ofrecer los aceites al Ministerio de Salud de la Nación y a otros estados provinciales, como hizo con el misoprostol en el último año.
La idea en el LIF es que en 2022 no tengan necesidad de importar cristales. Por estos días avanzan las conversaciones con representantes del Ministerio de la Producción y el INTA para elegir predio e importar semillas de la planta y cosechar en territorio santafesino.
La cuarta es la vencida
El gobierno de Santa Fe intentó tres veces y de tres formas distintas dar acceso al cannabis medicinal produciendo a gran escala, pero chocó con falta de sintonía con el entonces gobierno macrista. Todas fueron a través del LIF, uno de los laboratorios que, según la última reglamentación de la ley de cannabis medicinal, tiene prioridad para producir al estar dentro de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap).
El primer intento fue trabado por el Ministerio de Seguridad de la Nación cuando negaron el ingreso de 50 kilos de flores desde Uruguay. El segundo fue para plantar en un predio del INTA cerca de la pequeña localidad de Ángel Gallardo, lugar que hoy vuelve a la agenda. El tercer intento fue importarlo aceite a granel y fraccionarlo. Ninguno consiguió el okey de Nación.
¿Qué cambió?
Si bien desde hace años la industria del cannabis medicinal y no medicinal existe, el escenario productivo mundial dio un giro en diciembre cuando la ONU cambió la clasificación del cannabis en la lista donde se organizan las drogas según su peligrosidad. Por 59 años estuvo etiquetada por la Convención de 1961 –el primer tratado internacional de drogas de la historia– junto a la cocaína, morfina, metadona, heroína y opio. Todas, siempre esa definición de 1961, tienen un potencial adictivo y deben tener un control estricto. Era una invitación a prohibir tenencia, producción y cerrar casi la puerta a las investigaciones médicas por nuevos usos.
Tres meses más tarde, el 1º de marzo de 2021, el presidente Alberto Fernández anunció en la apertura de sesiones del Congreso que uno de los 6 proyectos de desarrollo e inclusión social que iba a enviar a debate era el de cultivar cannabis a escala industrial. Días más tarde dieron a conocer que la iniciativa prevé crear la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), que estará a cargo de la Jefatura de Gabinete y coordinará con ministerios, secretarías a institutos el controlar de la producción y uso de las semillas, plantas y sus derivados.
Quienes producen hoy
Desde la ley de cannabis medicinal de 2016 solo Misiones y Jujuy, con el gobernador macrista Gerardo Morales a la cabeza, lograron armar empresas estatales de cannabis. El 14 de noviembre de 2018 en el Boletín Oficial de Jujuy confirmaban que era el primer distrito de la Argentina en fundar una empresa del Estado para cultivar y producir aceite de cannabis medicinal. La firma, Cannabis Avatara, es la que da los permisos para plantar y fabricar los productos por 99 años. Entre las primeras en obtenerlo estuvo la prueba piloto en la finca de 15 hectáreas de El Pongo, a 25 kilómetros de San Salvador. Fue el primer paso de un plan de cultivo industrial que, según declaró Gastón Morales, hijo del gobernador y referente de la firma, se extenderá a 500 hectáreas en 5 años.
Desde 2019 avanzaron emprendimientos similares en Misiones, pero con más participación del INTA de esa provincia. El organismo nacional de tecnología agropecuaria también avanza con proyectos de plantar en Castelar, Patagonia Norte, La Rioja y San Juan.
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