Alvaro Arellano
Esta semana el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, comenzó la faena para reunir el apoyo de los integrantes del máximo tribunal luego de intervenir el concurso de acreedores de la empresa Vicentin. Ese primer paso significó solo la suspensión de los plazos concursales que vencían a fines de junio, y por ahora se mantiene la incógnita sobre qué destino tomará el trámite.
En el medio, sucedieron algunos hechos insoslayables para el caso en el que participaron actores determinantes en el tema. En primer lugar hubo una referencia por parte del presidente Alberto Fernández, quien reflotó la idea de tener a Vicentin como una empresa testigo en el mercado de granos.
Horas después de esas declaraciones, se conoció un comunicado por parte de la agroexportadora. Fue lo primero que desde la defaulteada firma de Avellaneda anunciaron oficialmente luego de la intervención de la Corte. En el escrito ratificaron que aguardan “con expectativa la reanudación de los plazos procesales” y en respuesta al presidente de la Nación retrucaron que “Vicentin no es ni puede ser una empresa testigo que ordene el mercado de granos”
Por su parte, desde el Banco de la Nación Argentina, acreedor de unos 300 millones de dólares, con garantías sobre sus acreencias, confirmaron su posición y apoyaron la salida del cram down (salvataje) en el que junto con otro grupo de acreedores proponen conformar un fideicomiso y salvar a la empresa de la quiebra apartando a la actual dirección.
Lo que viene
Por ahora la continuidad del concurso se mantiene en suspenso. El primer encuentro formal entre los miembros de la Corte santafesina después del avocaminto, una facultad del titular del máximo tribunal, se dio el martes pasado, durante la habitual reunión de acuerdos. Allí no hubo tratamiento formal del tema, pero se dio un intercambio en relación con el marco de situación que atraviesa Vicentin.
La Corte revisará el expediente con el objetivo de seguir en detalle cada uno de los pasos que dio el ahora desplazado Fabián Lorenzini como juez del concurso. Debrán decidir si el tribunal terminará de absorber al concurso, pero el solo hecho de que los cortesanos provinciales hayan intervenido representa una cuestión poco frecuente y que deja en evidencia que el caso, ahora atravesado por un cambio en la dirección en que parece soplar el viento, presenta sucesos de gravedad institucional.
Hasta ahora lo que sucedió fue una intervención formal de la Corte, por medio de un escrito firmado por su presidente, con el objetivo de frenar los plazos concursales. Todavía no está definido, al menos formalmente, que el magistrado de Reconquista, donde Vicentin juega de local, Lorenzini será apartado del proceso concursal, pero se espera que haya novedades durante los próximos días.
Ese cambio también se traduce en el avance de la causa penal que se sustancia en Rosario, una referencia que no es sólo modificación en el punto cardinal dentro de la provincia, nada menos que con la detención del titular de la firma, Omar Scarel, ante sospecha de vaciamiento de la megaempresa en desmedro de los acreedores.
Luego de que la Corte analice el material remitido por Lorenzini, podrán definir el futuro del concurso. Algunas versiones en el ámbito judicial indican que hay altas probabilidades de que le quiten el trámite a Lorenzini, pero que difícilmente sea con el objetivo de entregárselo a otro juez de esa localidad, ya que ninguno querría asumir ese compromiso y lo que ello implica.
Otra cuestión que entra en juego son los plazos de la Justicia. Es que por el momento nadie tiene certezas sobre lo que pueda suceder en ese sentido. Sí existe una fecha que fija un obstáculo para el avance de la causa, y tiene que ver con la feria judicial que arranca el 8 de julio. En condiciones normales no habría una definición previa a ese momento pero teniendo en cuenta la magnitud del caso, es posible que haya noticias antes del inicio de la feria.
La posición del Nación
El Banco Nación, uno de los acreedores principales de Vicentin, apoya la propuesta del mecanismo de salvataje anterior a la quiebra en el que los acreedores pueden formular una salida alternativa, como tomar el control de una empresa. A partir de ahora pasa a ser uno de los protagonistas en el destino de la concursada.
“A partir de la decisión de la Corte Suprema provincial, en la actualidad se abre una etapa que probablemente sea la del cramdown”, sostuvo durante la semana el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker.
“En esta etapa se debe realizar una nueva propuesta que contemple los intereses de los distintos sectores, tanto público y privado. Esta instancia debe contemplar el funcionamiento a pleno de la compañía, que genere empleo y que además genere alternativas para la producción e incrementos en el valor agregado”, agregó.
En la misma línea, el director del Banco Nación Claudio Lozano, por su parte, propuso ahora avanzar en una empresa mixta entre el Estado y acreedores privados. “Es momento de que en el marco de la decisión política presidencial las instancias correspondientes de la gestión (Ministerio de Desarrollo Productivo, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía y Banco Nación) coordinen su accionar para impulsar, bajo la figura del cramdown, una propuesta de salida para la hoy fallida Vicentin”, sostuvo.
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