El staff de redactores que elabora los mensajes presidenciales decidió desde mediados de diciembre que las causas de corrupción ocupen un espacio relevante en el discurso de apertura de Asamblea Legislativa que pronunciará Mauricio Macri en el momento de abrir el Congreso.
Esas revisiones incorporaron en los últimos días hechos provenientes desde el fuero federal, donde ha comenzado a incrementarse el ritmo de las causas contra los protagonistas del anterior gobierno.
Las malas noticias procesales que recibieron Aníbal Fernández, Alejandro Vanoli, José Sbatella, Amado Boudou y Guillermo Moreno les aportan otra carga a las palabras del presidente porque su mensaje de lucha contra la corrupción deja de habitar el futuro para instalarse en el presente. En la noche del jueves pasado, en un encuentro para pocos, Pablo Clousellas, secretario de Legal y Técnica y compañero de golf del jefe del Estado, contabilizaba 12 procesamientos desde diciembre.
La novedad de este giro, entendible cuando se analiza la conducta de los jueces federales, está en que el oficialismo no ha requerido de gestiones especiales o esfuerzos para con los magistrados. Al igual que ocurre con la economía, la táctica llama a dejar a todos los actores liberados para que éstos hagan su propio juego. Así aparece el magistrado Claudio Bonadio con los procesamientos que resolvió recientemente, Martín Irurzun a cargo de un plan para informar el avance de los casos referidos a delitos contra la administración pública, y María Servini de Cubría, que el jueves último pidió a sus colaboradores concentrar los esfuerzos en la causa de narcotráfico que actualmente obnubila al gobierno.
Hace un año, cuando la carrera por la presidencia comenzaba, Daniel Scioli y Sergio Massa eran dos figuras mucho más instaladas en la esfera judicial. El ex gobernador tenía múltiples satélites en Comodoro Py y emisarios de ese propio entramado como Rodolfo Canicoba Corral y Jorge Ballestero.
Massa, por su parte, se fotografío en el gremio de jueces tras la muerte del fiscal Nisman gracias a una gestión veloz del fiscal Ricardo Sáenz que, por ahora, mantiene su proyecto de ser procurador general.
El entorno judicial era un lugar más ajeno para el macrismo, salvo cuando se trataba de la principal inquietud: la causa por las supuestas escuchas ilegales que finalmente fue cerrada por el juez Sebastián Casanello.
En algún punto, este detalle persiste no tanto por la falta de interlocutores, que abundan (Ernesto Sanz, por ejemplo, dejó por unos días su oficina cuyana para volver a visitar a los jueces más decisivos), sino porque la visión que domina el entorno presidencial es que hay poco para ganar en esos vínculos cuando se los encara como una vía de construcción de poder. El sentido de esto último sería, claro, impulsar de modo deliberado expedientes contra la oposición kirchnerista.
Reminiscencias del estallido Nisman: el entonces alcalde Macri no titubeó en el momento de decir que él había sido una víctima del entramado de poder que rodeaba al fiscal con especial énfasis en espías y funcionarios judiciales.
Este rasgo genera una situación de anomia entre los magistrados que se relacionan con emisarios del gobierno y que al mismo tiempo dudan de su capacidad de influencia en el microclima gubernamental. No existe un mapa claro sobre con quién negociar o dónde reclamar diversos asuntos.
Esta pasividad es aprovechada por otros actores, como los jueces Canicoba Corral o Norberto Oyarbide, quienes por las dudas no aparecieron el martes de la semana pasada al mediodía en la Corte cuando se lanzó el registro sobre casos de corrupción. Ambos confían en sus chances para continuar en sus cargos a pesar de las advertencias iniciales.
El estado que prevalece sin excepción en distintos despachos es el de la incertidumbre sobre la performance del gobierno durante el primer año. Un desafío intelectual para quienes se precian de ser intérpretes del devenir político y que puede encontrar una idea interesante en la última conversación que Massa tuvo con el juez Bonadio, en la que el diputado explicó su visión de que la administración actual no tendrá un éxito rutilante pero tampoco un final explosivo, con lo cual el punto medio es un espacio amigable para habitar y proyectar. Otro argumento a favor del “centrismo” que algunos magistrados aspiran a replicar.
