Agrupaciones en defensa de inquilinos alertaron sobre la delicada situación que atraviesa el sector y solicitaron una extensión del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece el congelamiento de alquileres. La medida, que además prohíbe desalojos y prorroga la finalización de contratos, pierde vigencia a fines de septiembre. En medio de la crisis económica producto de la pandemia, señalaron que hay 45 mil inquilinos «al borde del desalojo».
Por otra parte insisten con la implementacion de un nuevo organismo que garantice el efectivo cumplimiento de la nueva ley de alquileres. Aseguraron que la solicitud ya fue canalizada a las autoridades del gobierno nacional, y que si bien está en análisis, por el momento no hay una respuesta certera.
Mientras tanto en Rosario, los precios en la oferta de alquiler no se detuvieron, incluso en paralelo al período de aislamiento. El último relevamiento del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) arrojó que en julio los precios para alquilar un departamento en la ciudad aumentaron por encima de la inflación promedio.
En este contexto, el pedido cobró carácter de urgencia ya que el tiempo transcurre y se agota el tiempo de vigencia del decreto que pierde vigencia a fines de septiembre.
Pedido de extensión
“Es necesario implementar de manera urgente la extensión del Decreto 320 hasta el 31 de marzo” expresó Emmanuel Canelli, presidente de la Asociación de Inquilinos, haciendo referencia al decreto que prohíbe los desalojos, prorroga la finalización de los contratos y congela el precio de los alquileres.
En paralelo, y ante los reclamos que reciben por parte de quienes tienen que cumplir con el alquiler mensual, desde la Asociación sostuvieron que con esa medida no alcanzará. «Solicitamos dos ejes más: por un lado, un mecanismo que ayude a enfrentar el endeudamiento que contrajeron los inquilinos y se hace impagable; por otro lado necesitamos que se implemente la autoridad de aplicación que controle la nueva ley de alquileres», explicó Canelli,
En tanto, desde la Defensoría del Inquilino de la ciudad suscribieron a la necesidad de que se extienda hasta marzo del año próximo el Decreto y advirtieron que “son muchísimos los inquilinos que están endeudados y no pueden pagar el alquiler”.
Según los datos relevados, un 30% no pudo pagar el mes de agosto y la mitad de ese porcentaje está endeudado con un mes, dos o tres de atraso en el pago. Sebastián Artola, titular de la entidad, detalló que «90 mil inquilinos de la ciudad no pagaron el mes de agosto y 45 mil están al borde del desalojo sino se prorroga el decreto”.
La agrupación viene trabajando desde hace cinco años en el tema y, en este caso particular, alertan por la cantidad de consultas que reciben sobre imposibilidad de pago, resciciones de contratos e incumplimiento del Decreto nacional.
“Es inadmisible la subas de precios que se están dando, muy por encima de lo que establece la nueva ley. No podemos permitir que en este contexto de emergencia haya quienes especulen con la angustia y necesidades de la gente”, agregó Artola.
Desde ambos frentes coinciden en la necesidad de una definición «urgente» sobre la extensión o no del Decreto, teniendo en cuenta la proximidad a la fecha límite de vigencia.
