El Gobierno propondrá una ampliación de la jornada laboral en una mesa de diálogo con el sindicalismo. Lo hará apalancado en un proyecto del diputado radical Martín Tetaz que cuenta con el visto bueno del secretario de Trabajo, Julio Cordero.
«Efectivamente a muchos en el Gobierno les parece muy interesante mi proyecto de explorar jornadas laborales alternativas», afirmó Tetaz, tras haber recogido en el Ejecutivo la confirmación de un intento del oficialismo que quedará, por ahora, sujeto a un eventual guiño de la CGT.
El diputado aseguró estar dispuesto a concurrir a un espacio de concertación con empresarios y sindicalistas: «Cordero me ofreció esa posibilidad y le dije que sí, que estábamos avanzando en la construcción de un dictamen de mayoría en la comisión”.
Régimen optativo
El proyecto consiste en la adopción de un «régimen optativo de jornada laboral alternativa» no sujeto a las actuales limitaciones normativas que fijan un máximo de 8 horas de prestación diaria y 48 horas semanales.
Para la prueba piloto bajo estudio se requerirá del consenso del sindicato correspondiente plasmado en un convenio colectivo y se prevé fijar un plazo de vigencia de las nuevas condiciones de tres a seis meses con la posibilidad de reversibilidad a la jornada preexistente en caso de no haber satisfacción de las partes al cabo de ese período.
El plan guarda similitudes con el artículo 79 del capítulo laboral del DNU 70/23, frenado por un amparo judicial, que habilitaba la constitución de bancos de horas o alteraciones en la extensión de la jornada en cada convenio con la sola limitación de un descanso mínimo de 12 horas entre un día de trabajo y el siguiente.
El “Día Osvaldo”
Tanto el legislador radical como el secretario de Trabajo presentan la idea como un esquema de «reducción de la jornada laboral» y en el caso de Tetaz hasta bautizó su proyecto como el “Día Osvaldo», en alusión a una publicidad que proponía agregarle al fin de semana un día con ese nombre. La contrapartida es la extensión -para el diputado, sin límites, para el funcionario, no más de 12 horas diarias- sin el pago de horas extra.
«El proyecto tiene varias ventajas. Les permite a las partes explorar jornadas laborales alternativas, fijar cuatro días de trabajo y tres de descanso o reducirlas a cambio de un compromiso de productividad. Creamos el instituto de la prueba durante tres a seis meses con un cambio en las reglas de juego. Si funciona para ambas partes, se mantiene; si no, reversibilidad», precisó Tetaz.
