Tras la fallida sesión especial convocada por Unión por la Patria para discutir jubilaciones y presupuesto universitario, el oficialismo libertario negoció quórum en la Cámara de Diputados y convocó este jueves a un plenario de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Asuntos Constitucionales donde se terminó por dar dictamen a la ley Bases versión dos, que incluye una reforma laboral propuesta por un sector del radicalismo además de privatizaciones y que, como pasó con el texto original caído, fue votado con escasa información sobre su contenido.
El dictamen, conseguido al cabo de varias modificaciones negociadas sobre la marcha, fue acompañado por parte del radicalismo, el PRO en su totalidad y un sector del interbloque Hacemos Coalición Federal (HCF), dentro del cual los santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón votaron en contra. El el debate en el recinto está pautado en la sesión especial fechada para el lunes próximo.
La versión final del proyecto incluye además la eliminación de la moratoria previsional, aumento de la edad jubilatoria de las mujeres, facultades delegadas al presidente Javier Milei que habilitan la eliminación de organismos públicos, un régimen de inversiones con abultados beneficios impositivos para grandes consorcios (para proyectos de más de 200 millones de dólares) y la privatización de empresas públicas. En este último punto, los acuerdos dejaron a salvo el Banco Nación.
El plenario fue áspero. Diputados opositores cuestionaron a viva voz que, como ocurrió en el tratamiento de la versión original de la ley «ómnibus», no contaban con el texto completo a analizar y que el mismo se había elaborado en reuniones paralelas desarrolladas en oficinas del Ejecutivo. «Se puede estar gestando una situación de lobby nunca antes visto en la Argentina”, se quejó al respecto el presidente del bloque de Unión por la Patria, el santafesino Germán Martínez.
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El dictamen de mayoría que propuso La Libertad Avanza fue aprobado con 61 firmas, aunque con disidencias del radicalismo y HCF.
El capítulo de la reforma laboral, propuesto por el radicalismo amigable, quedó incluido en el dictamen de mayoría pero con recortes. Incluye la ampliación del período de prueba a seis meses, elimina las multas por mala registración laboral y plantea la posibilidad de crear un fondo de cese laboral que reemplace las indemnizaciones. Quedó descartada la eliminación de la obligatoriedad de las cuotas solidarias a los sindicatos, un punto rechazado con énfasis por la CGT. La letra final surgió tras una serie de negociaciones en los días previos con presiones de la UCR, amenazas de Miguel Ángel Picheto, presidente del interbloque de HCF de votar en contra del dictamen en su conjunto si no se suavizaba y la intervención del secretario de Trabajo, Julio Cordero.
En total hubo cinco dictámenes. El de mayoría del oficialismo, uno de Unión por la Patria, otro del frente de Izquierda, uno más de la Coalición Cívica y el de los socialistas Fein y Paulón junto a Margarita Stolbizer. Los radicales Pablo Juliano y Fernando Carbajal se diferenciaron del resto de sus correligionarios que acompañaron en disidencia con 14 firmas, y no firmaron ningún texto, además de adelantar que, en el recinto, se opondrán a la ley.
Aunque el oficialismo aspira a que la semana próxima el mega proyecto obtenga media sanción en la Cámara baja, durante una maratónica sesión que se desarrollará lunes y martes, la clave de la votación está centrada en las disidencias que plantearon los diputados del radicalismo y HCF al dictamen de mayoría. El radical mendocino Lisandro Nieri, por ejemplo, condicionó el apoyo en el recinto a la revisión del esquema impositivo para las tabacaleras y del denominado Régimen para Grandes Inversiones.
Dentro de los más de 200 artículos del nuevo texto de la ley Bases, se incluye:
- Declaración de emergencia energética, económica y financiera por un año.
- Reforma del Estado: reorganización administrativa de organismos públicos.
- Privatizaciones: de forma total para las empresas Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina y Televisión Argentina. Con posibilidad de concesión para las compañías AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Intercargo, SOFSE, Corredores viales y Nucleoelétrica argentina.
- Modificación en el régimen de empleabilidad para trabajadores estatales.
- Consolidación de la deuda pública y el Fondo de Garantía de la Sustentabilidad de ANSES.
- Régimen de defensa de la competencia, que modifica prácticas que puedan «limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado».
- Marco regulatorio para Fondos Fiduciarios.
- Modificación de la ley de hidrocarburos.
- Régimen de incentivo para «Grandes Inversiones»: «que otorgue certidumbre, seguridad jurídica y protección especial» durante dos años.
- Unificación de los entes reguladores energéticos.
Unificación de edad jubilatoria para varones y mujeres
El dictamen del nuevo megaproyecto implica, para la amplia mayoría de las mujeres (más del 75%), subir la edad jubilatoria de 60 a 65 años. Es que deroga la ley 27.705, la última y más importante moratoria previsional (“Unidad de pago de deuda previsional”) aprobada en marzo de 2023 por 2 años, prorrogables por otros 2.
Las mujeres que, con 30 o más años de aportes o con la moratoria pueden jubilarse a partir de los 60 años, por la altísima informalidad femenina, si se deroga la moratoria en adelante solo podrán acceder a una Prestación de Retiro Proporcional a los 65 años.
En ese caso, tendrán un haber mínimo equivalente a la PUAM (Prestación Universal al Adulto Mayor) a los 65 años, (al igual que los varones) con el 80% del haber mínimo, sin derecho a la pensión por viudez, al margen de los años efectivamente aportados, y si demuestran encontrarse en situación de vulnerabilidad social.
El valor de la PUAM en mayo será de 152.113 pesos, más los 70.000 del bono.
