En el epílogo de la campaña electoral previo a las Paso, Juntos Por el Cambio anticipó que una de sus propuestas a futuro tiene que ver con la eliminación de las indemnizaciones por despidos para reemplazarlas por un sistema de seguro laboral. A juzgar por los resultados electorales, la iniciativa no generó un rechazo contundente en el electorado ni mucho menos, y si bien desde los principales gremios salieron a oponerse, el aval en las urnas pueden darle vía libre a la oposición para avanzar en el Congreso con una reforma de este tipo.
La idea ya cobró forma a través de dos proyectos de ley. Uno fue presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, con la firma de un grupo de legisladores macristas encabezados por el fueguino Héctor Stefani, acompañado por Fernando Iglesias. Otro texto con el mismo objetivo aunque con algunas correcciones fue ingresado más tarde por el radical cambiemita Martín Lousteau.
En la previa de la elección primaria, el propio jefe de gabinete porteño Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que “hay que ir de la indemnización a un seguro”. En más de una oportunidad insistió con la idea de migrar a un régimen similar al que tiene la industria de la construcción, algo difícil de replicar ya que el sector contempla una lógica y una dinámica absolutamente distinta a la de los rubros tradicionales.
La base del proyecto
El texto que presentó Stefani a pocos días del cierre de campaña, propone la implementación de un Seguro de Garantía de Indemnizaciones (SGI) por el cual un trabajador despedido de una empresa dejaría de cobrar la indemnización tal cual se la conoce hoy en día, y comenzaría a percibir una indemnización de manera mensual con cuotas “que correspondan a los años trabajados.
Tras la presentación del proyecto, el autor explicó que el SGI estaría compuesto por un fondo de desempleo que se constituirá a partir de los costos y aportes que las empresas realizan en la nómina salarial, mientras que su administración estaría a cargo del Estado Nación junto con la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), la Superintendencia de Seguros y el Banco Central de la República Argentina.
En el detalle de remuneración, el texto afirma que “ante caso de renuncia o cese de actividades, jubilación o retiro o despido, fuese este último con o sin causa justa, el empleado percibirá una remuneración del Seguro de Garantía de Indemnización mensual equivalente a su último salario percibido hasta el reinicio de actividades u obtención de nuevo empleo”.
Uno de los artículos más polémicos, refiere al monto total que percibirá el trabajador. En ese sentido proponen que el pago mensual de las cuotas finalice “cuando estas superen los meses que correspondan a los años trabajados”.
En cuanto a la constitución del fondo que quedaría a disposición del empleado, aclararon: “Estará constituido en base a los conceptos patronales incluidos en la nómina salarial y los aportes vigentes por parte de cada trabajador sin poder para ello añadir ni incrementar conceptos ni puntos a los ya vigentes”.
Es decir que la propuesta contempla que el SGI se conforme a partir de cargas patronales y del propio trabajador que ya existen, aunque no aclara cuáles serían específicamente ni a dónde van destinadas actualmente.
Respecto al primer pago, el texto explica que “en cualquier caso de despido, el empleador deberá pagar el primer mes de indemnización” y que “el trabajador comenzará a percibir las remuneraciones correspondientes a su Seguro de Garantía de Indemnización a partir del segundo mes transcurrido su despido efectivo”.
Para respaldar la presentación del proyecto, el diputado Stefani explicó que “tiene por objeto reformar la legislación laboral vigente con el fin de constituir una política pública en materia laboral que permita promover la contratación de trabajadores argentinos en el sector privado, disminuir el gasto público y reducir la carga impositiva laboral”.
Lousteau recogió el guante
El senador nacional de origen radical con espacio en Juntos Por el Cambio, Marín Lousteau, tomó la matriz de ese proyecto y presentó uno similar en la Cámara Alta con algunas modificaciones.
Envalentonado por los buenos resultados que obtuvo la coalición en los principales distritos del país, y viendo que hacer campaña con el tema no resultó contraproducente, Lousteau trazó algunas correcciones sobre el escrito de Stefani, pero manteniendo el mismo objetivo.
Su proyecto habla de un Fondo de Cese Laboral, en el que propone migrar del sistema indemnizatorio actual a un régimen de aportes que luego serán abonados al trabajador a la hora del cese de la relación laboral, sin tener en cuenta horas extra ni vacaciones.
Al texto de Stefani le agrega que la conformación del fondo será a partir de un aporte mensual del 12% del sueldo en el primer año y el 8% los siguientes, un sistema similar al aplicado en Austria conocido como «mochila».
También añadió la condición de que la Anses deberá llevar adelante la «Libreta digital» con los datos de los aportantes y una vez extinguida la relación laboral quedará registrada la salida del empleado y el cobro de la mochila, que consistirá en un mes de sueldo por cada año trabajado o período mayor a tres meses.
Con algunas correcciones, el objetivo es el mismo. A partir de la victoria en la Paso, distintos sectores de Juntos por el Cambio buscarán trasladar la legitimidad obtenida en las urnas para poner en discusión el sistema de indemnizaciones y eliminarlo tal como se lo conoce.
Rechazo de gremios
Uno de los primeros jefes sindicales que salió a rechazar la propuesta fue el titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, quien consideró que “ningún seguro de desempleo garantiza empleo como promete Larreta”, y agregó que «sólo sirve, como está demostrado en la construcción, para liberar de su responsabilidad a las patronales en un sector con el 65% del empleo informal, en negro, sin aportes, con largos períodos de desocupación».
Detrás de Palazzo se alinearon Hugo Godoy de Ate, la Corriente Federal de los Trabajadores de la CGT a través de un duro comunicado y el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, quien deslizó: «Está claro lo que van a hacer si ganan las elecciones, te van a sacar la indemnización que corresponde por despido y de a poco van a implementar la Reforma Laboral en todo el país».
¿Como es en la construcción?
La temporalidad de la presentación del proyecto permitió que uno de los principales jefes de PRO como lo es Horacio Rodríguez Larreta recoja el guante y lo presente como el inicio de un cambio estructural de cara al 2023. En ese sentido, el jefe de gobierno porteño consideró que el sistema indemnizatorio para el mercado laboral argentino debería emparentarse a la legislación que existe actualmente en el sector de la construcción.
Es necesario aclarar que ese sector contempla una lógica absolutamente distinta a la de los rubros tradicionales ya que los contratos laborales suelen estar sujetos al tiempo de ejecución de una obra, ya sea en el ámbito público o privado. De manera que, intentar asemejar el régimen laboral de la construcción a otra actividad de la economía no resulta coherente.
De todas formas, es importante revisar el sistema de retiros o indemnizaciones que prevalece en la construcción, para tener una idea de lo que plantea el propio Larreta.
Para tener en cuenta, el Fondo de Cese Laboral vigente para el trabajador de la industria de la construcción de todo el país se integra con un aporte obligatorio a cargo del empleador, que debe realizarlo mensualmente desde el comienzo de la relación laboral, en una cuenta especial de cada trabajador abierta a tal fin en un banco. Un esquema pensado para contratos con extensión sujeta a la duración de una obra.
Durante el primer año de prestación de servicios el aporte resulta el equivalente al doce por ciento (12%) de la remuneración mensual, en dinero, que percibe el trabajador en concepto de salarios básicos y adicionales establecidos en la convención colectiva de trabajo de la actividad más los incrementos que hayan sido dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional en forma general o que hayan sido concedidos por el empleador en forma voluntaria, sobre los salarios básicos.
A partir del año de antigüedad, dicho aporte será del ocho por ciento (8%), y luego del cese laboral, el banco libera el acceso de los montos depositados al obrero, quedando a disposición de éste. Tras el cese laboral, el banco libera el acceso de los montos depositados al obrero, quedando a disposición de éste.
La intención de reemplazar el sistema indemnizatorio actual para llevarlo a un régimen como el de la construcción, coincide hasta en los porcentajes que percibirían los trabajadores por antigüedad según el proyecto de Lousteau. El planteo parece ir por ese sendero, sin importar las diferencias que existen entre ese mercado laboral y el resto de los que cuentan con trabajadores en relación de dependencia.
