El jefe del Bloque Justicialista del Senado, Miguel Ángel Pichetto, afirmó este martes que el dictamen del proyecto que plantea la legalización del aborto saldrá este miércoles del plenario de comisiones «con cambios», es decir, que si el próximo 8 de agosto se aprueba en el recinto del Senado, deberá volver a la Cámara de Diputados. Se bajará el número de semanas permitidas para interrumpir el embarazo de 14 a 12. También se eliminarán penas para médicos y se habilitará la cláusula de conciencia institucional.
En tanto, si en la votación se impone el rechazo, el proyecto queda sepultado hasta el año próximo.
En declaraciones a la prensa tras reunirse con representantes de distintas bancadas y de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Pichetto dijo que los cambios no serán «sustanciales», aunque se bajará el número de semanas permitidas para interrumpir un embarazo de 14 a 12.
Además, entre las modificaciones que se le incluirán al texto votado en Diputados está la eliminación de las penas para médicos y la habilitación de la cláusula de conciencia institucional, como impulsan los senadores por Córdoba.
«Hay una comprensión (de los legisladores a favor y de la Campaña) de que hay que hacer un esfuerzo. Acá lo peor es que la ley se pierda», subrayó el rionegrino, que estuvo reunido con senadores de diferentes bloques y con la diputada nacional Victoria Donda y la dirigente del Frente Renovador Malena Galmarini, en representación de la organización que milita a favor de la ley.
«Hemos coincidido en hacer modificaciones no fundamentales, hacer el esfuerzo para votar el 8 (de agosto) esta ley, que va a tener que volver a Diputados», expresó Pichetto.
Las modificaciones
El acuerdo al que arribaron los senadores que respaldan la legalización del aborto implica una serie de cambios al proyecto aprobado por la Cámara de Diputados que contemplarían la propuesta conocida como la «opción Córdoba».
Se trata de una serie de modificaciones impulsadas por los senadores cordobeses Laura Rodríguez Machado, Ernesto Martínez y Carlos Caserio, entre las que se destaca la reducción del plazo en el que se autorizaría la interrupción voluntaria del embarazo.
Otra de las modificaciones sería la objeción de conciencia institucional, reclamada por algunas clínicas y hospitales vinculados financieramente con la Iglesia Católica, que podrían negarse a practicar abortos por su dogma religioso.
El proyecto original aprobado por la Cámara baja permite únicamente objeción de conciencia individual, a la que podrían acogerse los médicos que previamente se inscriban en un registro de objetores.
También se establecería en el proyecto un período de 180 días de adaptación del sistema de salud para comenzar a implementar la ley y se eliminaría la pena de prisión para los médicos que «obstaculicen o dilaten» la realización de un aborto.
Rechazo amplía ventaja
Los senadores nacionales Ángel Rozas, de Chaco, María Belén Tapia, de Santa Cruz, e Inés Blas, de Catamarca, anunciaron ayer que votarán en contra de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo el 8 de agosto y estiraron la ventaja del «no».
En la recta final del debate que se lleva a cabo en el Senado, la definición de estos tres legisladores le otorgó una diferencia a favor del rechazo del proyecto, que reunía hasta el momento 35 votos contra 32 de quienes apoyan la legalización del aborto; informó la agencia Noticias Argentinas.
Si el Senado aprobara con cambios el proyecto de legalización del aborto que se votó en la Cámara de Diputados, la iniciativa quedaría a un solo paso de convertirse en ley.
Según lo determina la Constitución nacional, cuando un proyecto regresa en segunda revisión a la cámara de origen, en este caso Diputados, hay solo dos opciones en el recinto: la aceptación de las modificaciones o el rechazo de estas y la ratificación de la media sanción original.
Es decir, si el proyecto de legalización se aprobara con cambios en el Senado, Diputados no podría rechazarlo. No importa si hay diputados que cambiaron de opinión. Lo único que se somete a votación es si se aceptan los cambios de la cámara revisora, en este caso el Senado, o se insiste en la versión original.
La Constitución aclara que la cámara de origen, en este caso Diputados, tampoco puede hacer nuevas modificaciones.
Para saber si prevalece el proyecto original o si se aceptan los cambios de la cámara revisora, no basta con mirar el resultado de la última votación. Hay que tener en cuenta la mayoría reunida en las últimas dos votaciones.
