La Cámara de Diputados aprobó este lunes en forma definitiva el presupuesto provincial 2021. De esta manera, el gobierno de Omar Perotti cuenta con la principal herramienta financiera para encarar el próximo ejercicio. Ahora resta el tratamiento de la ley tributaria por la cual se aumenta el impuesto Inmobiliario. Ese proyecto no fue abordado aun por las cámaras y está en manos del gobierno habilitarlo para ser votado durante el período extraordinario de sesiones.
La aprobación del presupuesto 2021 por parte de la Cámara de Diputados fue posible a partir del voto positivo del bloque mayoritario del Frente Progresista. También lo votaron los bloques del PJ, Cambiemos y los celestes de Somos Vida y Somos Familia y Vida. En tanto, la diputada Amalia Granata se abstuvo y los dos bloques de centro izquierda (Igualdad y el Frente Social y Popular) votaron en contra.
Si bien el Frente Progresista acompañó en líneas generales el proyecto de gastos y recursos elaborado por el ministro de Economía Walter Agosto, durante la sesión legislativa hubo varias críticas sobre algunos aspectos puntuales de la ley: entre ellos, el nivel de endeudamiento en moneda extranjera, la inversión social para las áreas de salud y educación y la política fiscal del gobierno provincial en relación a la acumulación de reservas en plazo fijo, justo en un año en el cual la pandemia del coronavirus dejó a la vista la necesidad de un mayor gasto por parte del Estado.
El presupuesto había sido aprobado el jueves 26 por el Senado y este lunes, en la última sesión ordinaria del año, la Cámara de Diputados terminó por convertirlo en ley.
“Acumular fondos”
Como vocera del Frente Progresista, la diputada Clara García cuestionó el presupuesto y rescató el rol de la oposición, que sancionó la iniciativa aprobada en el Senado “aún con fuertes disidencias y con un enfoque muy diferente de gestión pública al que plantea esta foto fiscal que propone el actual gobierno”.
Según la legisladora socialista, el presupuesto “muestra una concepción de Estado que prioriza acumular los fondos en Tesorería en menoscabo de la obra pública, de los sectores productivos que sufrieron un enorme impacto a causa de la pandemia e, inclusive, de los sectores más vulnerables al derogar un programa emblemático como el Plan Abre”.
Sobre este último tema en particular, García apuntó a la calidad institucional del Ejecutivo: “Este gobierno demostró que, aunque haya una ley, puede no cumplirse; que tener partida presupuestaria no garantiza que se ejecute; y que tener saldo en caja no garantiza que se efectivice. El Plan Abre fue aprobado por esta Legislatura y tenía más de 3100 millones de pesos de presupuesto, que se perdieron durante todo 2020”.
“Nuestra actitud siempre ha sido la de una oposición responsable –aseguró García–, entendemos la necesidad de contar con una ley de Presupuesto y por eso la aprobamos aún sin haber tenido un ministro de Gobierno con quien dialogar acerca de una cuestión central como esta, y con un ministro de Economía que no solo no concurrió a la Comisión de Presupuesto, como ha sido una tradición durante todos estos años, sino que no respondió pedidos de informe que presentamos para contar con datos adicionales y tampoco cumplió con la publicación de datos oficiales en tiempo y forma. Hasta hace 15 días solo estaban cargados los montos ejecutados hasta el mes de junio, y hace 15 días cargaron los datos de septiembre”, precisó.
También cuestionó que hayan “perdido volumen presupuestario las partidas asignadas a la atención de la salud en medio de una pandemia sin precedentes, y de la seguridad, que fue el slogan de campaña de este gobernador”.
Datos del presupuesto
El presupuesto 2021 prevé recursos por 510 mil millones de pesos (un 27,6% más respecto del presupuesto 2020) y un total de gastos en el orden de los 518 mil millones (un 27,1% más que el año en curso). De allí se desprende un déficit de 8600 millones de pesos que será cubierto con la emisión de deuda en pesos.
En el mensaje del Ejecutivo, se señala que el cálculo de gastos y recursos para el año próximo se “en las prioridades de políticas públicas definidas por el gobierno provincial, destacándose que el cuidado de la salud de los santafesinos, la atención de la pandemia en todas sus manifestaciones y la recuperación del entramado productivo para reducir la pobreza y la desocupación, constituyen las líneas de acción centrales sobre las que se asientan las definiciones fiscales y presupuestarias más relevantes de este proyecto”.
Dentro de los gastos corrientes se encuentran contempladas las transferencias a municipios y comunas en concepto de coparticipación, que representan el 27% del total de esa partida y se estima que crecerán un 32,3% respecto al presupuesto 2020.
También se contempla en el Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología un monto de 1820 millones de pesos con destino al Fondo Compensador del Transporte Público y otra partida de 4573 millones para la instrumentación del boleto educativo gratuito.
La inversión real directa, que contempla las obras públicas y la adquisición de bienes de capital, alcanza el monto de 57 mil millones de pesos (27,8% más que este año) y las transferencias de capital para el ejercicio 2021 suman casi 13 mil millones: 37,2% respecto al presupuesto 2020.
Ley tributaria
La ley impositiva para 2021 será tratada por la Legislatura en sesiones extraordinarias. Ese proyecto, enviado por el gobierno a las cámaras a principios de noviembre, incluye un aumento del impuesto Inmobiliario, tanto Urbano como Rural, y al mismo tiempo suspende para 2021 la utilización de los coeficientes de convergencia, que impactaban en las valuaciones de los inmuebles a efectos de la determinación del impuesto.
Desde la Casa Gris indicaron que eso representa un esfuerzo fiscal importante de la provincia ya que generará una disminución en la emisión de ambos impuestos y por ende en la recaudación efectiva. Esto implica que el año próximo se efectuará una actualización mínima que, en promedio, es del 22% en el Inmobiliario Urbano y del 24% en el Inmobiliario Rural, muy por debajo de la inflación esperada y de lo previsto en la ley actual.
Asimismo, se mantiene el beneficio para los pequeños productores agropecuarios (hasta 50 hectáreas), que continuarán pagando el mismo impuesto inmobiliario real que este año, al tiempo que se establece un beneficio para contribuyentes cumplidores del inmobiliario rural y también urbano, eximiendo la cuota 6 de 2021 en la medida que hayan abonado el impuesto en los períodos 2019 y 2020.
Esto se complementa con descuentos especiales para pago de contado anticipado, que alcanzan a 20%, o del 10% por adhesión al débito automático, en los impuestos inmobiliario urbano y rural, como en el impuesto único sobre vehículos.
El ministro Agosto señaló que “se trata de que la política impositiva provincial proyectada para que el año próximo sea coherente con la situación socioeconómica que atraviesan las familias y empresas santafesinas”.
Por otra parte, se establece un régimen especial para el sector denominado Economía del Conocimiento, disponiéndose la adhesión a la ley nacional vigente que promociona dicha industria y genera en la provincia un marco jurídico específico de estabilidad fiscal y una exención por 10 años para el pago de impuestos provinciales a los Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario.
