En una sesión de la Cámara de Diputados que tuvo denuncias de la oposición por “fraude”, discusiones y forcejeos, el kirchnerismo logró aprobar en la madrugada de ayer la reforma del Consejo de la Magistratura. Además, se convirtieron en ley, aunque en realidad resta el paso de la promulgación del Ejecutivo, la regulación de las cautelares y la creación de tres nuevas Cámaras de Casación (ver aparte).
Ahora, el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, que establece la elección popular y la suba de los miembros de 13 a 19 –y que fue modificado luego de un pedido de la Corte Suprema para conservar la administración de los recursos y del personal– volverá al Senado, donde se debatirá en el recinto en la sesión del 8 de mayo.
La discusión se había mantenido tensa durante toda la jornada del miércoles, aunque con el correr de la madrugada, al acercarse el momento de la votación, el clima entre el oficialismo y la oposición se puso más rígido y explotó a las 5.35, poco después de la definición en general, en la que el Frente Para la Victoria obtuvo 130 respaldos contra 123 rechazos.
En momentos en que había dudas sobre la aprobación con mayoría absoluta (129 diputados) del artículo 18 –referido a la cuestión electoral de los consejeros–, el titular del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, pidió que se realizara una sola votación “en particular”, para evitar el sufragio artículo por artículo.
Al aceptarse la moción del oficialismo, la oposición estalló en gritos, abucheos e insultos, que se extendieron por varios minutos, mientras que el titular de la bancada radical, Ricardo Gil Lavedra, vociferaba: “¡No tienen el número para votar! ¡Los desafío a votar artículo por artículo!”.
Luego de que Rossi se allanara a los pedidos de la oposición, Domínguez pasó a la definición en particular, en la que los 33 artículos debían ser aprobados con 129 votos como mínimo cada uno.
El escándalo del artículo 2
El primer artículo resultó con 130 votos afirmativos y 120 negativos e inmediatamente se pasó a la votación del segundo, aunque en ese caso el tablero electrónico marcó 128 respaldos –uno menos de lo necesario–, 101 rechazos y 21 abstenciones.
Y si bien luego los diputados Alicia Comelli y Juan Carlos Forconi aclararon su voto por la positiva, dando un número de 130, la oposición denunció “fraude” entre gritos y se desató una nueva y recargada batahola, más intensa que la inicial.
Desde la zona donde se ubican los radicales voló hacia la banca de Rossi una botella de plástico con agua, lo que generó la instantánea reacción del santafesino de pararse de su asiento y correr hacia el sector donde estaba el grupo de opositores.
En el camino fue frenado primero por uno de sus asesores y luego por el diputado de La Cámpora Eduardo “Wado” De Pedro, a quien también se sumaron Edgardo Depetri y Sandra Mendoza, quienes lo calmaron y volvieron a llevarlo hasta su banca, mientras el recinto continuaba sumergido en el caos.
Con la voz afónica, Rossi reclamó que se procediera a la votación, en medio de un fuerte nerviosismo de todos los legisladores del oficialismo, mientras que Domínguez, para aplacar los ánimos, llamó a un cuarto intermedio de cinco minutos en las bancas y convocó a los jefes de todos los bloques para reorganizar el debate.
La oposición se retiró
Tras ese lapso, la oposición decidió marcharse del recinto y el kirchnerismo procedió a la votación uno por uno de los artículos: todos fueron aprobados por 130 afirmativos a 9 negativos.
Sin la oposición en el recinto, Rossi pidió que volviera a votarse el artículo 2, que se aprobó con 130 a favor y 9 en contra, minutos antes de las 7.
Los legisladores que dieron quórum pero rechazaron la norma fueron Jorge Yoma, Facundo Moyano, Omar Plaini, Blanca Blanco de Peralta, Mabel Müller, Alfredo Olmedo, Mariana Veaute, Jorge Garramuño y Julio Ledesma.
Nuevos tribunales de Casación y regulación de cautelares, cerca de la promulgación
Diputados aprobó ayer, con la mayoría de la oposición fuera del recinto, las dos primeras leyes del paquete de proyectos de reforma judicial, referidas a la regulación de las medidas cautelares contra el Estado (126 votos positivos y 10 negativos) y a la creación de nuevos tribunales de Casación (126 voluntades a favor y 8 en contra).
Las dos normas se aprobaron cerca de las 9 y prácticamente sin discusión, ya que, salvo la Coalición Cívica, el resto de la oposición se había retirado del recinto tras el revuelo generado durante la votación de la reforma del Consejo de la Magistratura.
La nueva norma que regula las medidas cautelares es uno de los puntos claves de la reforma judicial y contempló sugerencias del Centro de Estudios Legales y Sociales ante el Senado.
La ley plantea que cuando se solicite una medida cautelar contra el Estado el juez deberá, antes de resolverla, requerir “a la autoridad pública demandada que, dentro de un plazo de cinco días, produzca un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud”. Sin embargo, este procedimiento no será necesario cuando exista un riesgo ambiental de por medio, en cuyo caso el magistrado podrá hacer lugar a la medida cautelar y luego el Estado podrá entregar su informe.
En caso de hacer lugar a la medida, el magistrado “deberá fijar, bajo pena de nulidad, un límite razonable para su vigencia que no podrá ser mayor a los seis meses”, según se desprende del texto.
Además, el artículo 13 señala que la apelación por parte del Estado frente a una cautelar que trabe “total o parcialmente” los efectos de una ley o de un decreto de necesidad y urgencia “tendrá efecto suspensivo”, salvo cuando se trate de “sectores socialmente vulnerables” o se encuentren comprometidos derechos relacionados con la vida y la salud.
Otro punto que sobresale en la ley es el artículo 9, que dispone que “los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa o perturbe los bienes o recursos del Estado, ni imponer a los funcionario cargas personales pecuniarias”. La Cámara baja también convirtió en ley el proyecto que crea las cámaras de Casación Federal para los fueros Civil y Comercial, Contencioso Administrativo y del Trabajo y la Seguridad Social.
