El 19 de julio de 2017 fue el primer día en que las farmacias de Montevideo iban a vender cannabis. El sociólogo Julio Calzada sabía que los equipos de noticias de Uruguay y del mundo iban a buscar a todos los rastas desaliñados haciendo cola. En cambio, se encontraron con hombres y mujeres de todo tipo: oficinistas, trabajadores, empleados. Eran personas que hasta ese día se ponían en riesgo al comprarle a las organizaciones criminales. Esa imagen periodística permitió pasar de un 30 a un 50% de personas a favor de la regulación del cannabis votada 4 años antes durante la presencia de Pepe Mujica.
Calzada fue secretario de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay y uno de los principales impulsores del proyecto. En diálogo con El Ciudadano habló de los orígenes, los desafíos actuales y los posibles caminos para una regulación del cannabis en Argentina.
—¿Cuáles fueron los objetivos de la regulación?
—El principal fue quitarle espacio al narcotráfico. Y si bien es un problema más complejo y global, en Uruguay esta política le quita entre 15 y 20 millones de dólares al año a esas fuerzas criminales. También se decía que la regulación iba a disparar el consumo y que iba a impactar en las personas más jóvenes. Hasta hoy no tenemos ningún dato que certifique eso. Al contrario, la percepción de riesgo de consumir cannabis en adolescente subió y la prevalencia se mantuvo estable.
Después de 10 años y con el diario el lunes podríamos haber hecho de otra manera algunas cosas. Hoy sabemos que aumenta el consumo en mayores de 30 años, pero eso se puede deber a muchos aspectos. No hay una relación directa. Principalmente, porque antes la población no respondía de forma honesta una encuesta. Cuando el Estado que antes perseguía preguntaba a las personas si consumían, pero aún si lo hacían, decían que no. La excepción eran los activistas. Entonces, el número no era real.
Hoy las personas mayores de edad no tienen motivo para mentir. Además, si entendemos que son personas de 30 años, podemos entender que no son personas donde el consumo las tome desprevenidas en su vida adulta. Ganan libertad de consumo de forma responsable y lejos de las organizaciones criminales que manejaban la marihuana.
–¿Qué experiencias les sirvieron de base para la regulación?
—Partimos de una situación muy desfavorable porque no existían experiencias en el mundo de este tipo. Viajamos, trajimos especialistas y fuimos a distintos países que habían avanzado como Holanda y Estados Unidos. En Portugal aprendimos cómo la política de descriminalización había logrado bajar el uso de opioides (heroína, por ejemplo). En Australia había un camino similar. También nos interiorizamos en los clubes cannábicos de Cataluña y País Vasco. Pero lo más importante es que abrimos un gran debate en la sociedad de nuestro país, algo que creo que es lo debe pasar en Argentina. Hay que discutir, contraponer posiciones, porque el mercado y sus consecuencias no desaparecen por acto de magia.
En ese debate, que debe ser público e involucrar a la mayor cantidad de actores posible, se debe primar la generalidad y no la excepción. Eso es una política pública. No de un drama personal sino del conjunto de la población.
Teníamos un equipo muy profesional que hacía seguimiento a diario con encuestas y estudios focales para trabajar sobre la opinión pública. Había mucha gente a favor, pero debíamos dar un debate transversal con todos los poderes, las organizaciones, las academias.
El quiebre más importante fue pasar del paradigma de la legalización al de la regulación. El mercado existe y la idea no era expandirlo. Legalizar, algo más ligado a la cultura norteamericana, podría habilitar eso a través de la publicidad que fomente más consumo, algo que está prohibido en Uruguay. Y si bien esto fue complicado para las empresas, lo principal era disminuir la violencia y quitarle fondos al narcotráfico. Fue importante hablar de una regulación responsable.
Antes de la ley había menos de 30% del país a favor. Preguntamos en encuestas si preferían que su hijo o hija compre cannabis en el mercado ilegal o el legal. La gran mayoría dijo el legal. En poco tiempo, y con la exposición mediática que mostró a personas de todo tipo en las farmacias, la aprobación trepó al 50%.
–¿Qué puede servir de la experiencia de Uruguay para abordar los problemas de Santa Fe?
—El narcotráfico es un problema geopolítico. Desde el 2000 los países del sur de América empezaron a producir pasta base de cocaína porque en el norte se ejecutaba el Plan Colombia, moviendo la producción hacia abajo. De nuevo, porque les era más redituable.
El tráfico de drogas es relativamente reciente en la cultura delictual del mundo, pero el tráfico no. Entonces las rutas de tráfico de tabaco cubano a Europa son las que hoy cargas otras sustancias. El comercio ilegal se reinventa porque esa es la ley de la economía. Esto es especialmente interesante para Rosario, que similar a Montevideo, es un punto estratégico en los caminos e hidrovías hasta Europa y Asia. Es una ciudad con vocación de puerto, un lugar de comercio y eso incluye a los bancos, actores imprescindibles en todo lo que pasa.
Las personas son los eslabones más débiles de la cadena. Las políticas de seguridad no van a los eslabones más fuertes: los bancos, las entidades portuarias, el movimiento del dinero que se mueve y llega hasta los mercados financieros.
La estimación actual es que el 3% del PBI mundial corresponde al comercio de drogas de venta ilegal. Rosario está inserto y es a partir de una economía sojera, un modelo de negocio muy amigable para las necesidades del tráfico de drogas. La regulación no va a eliminar la violencia por si mismo porque siguen existiendo otros mercados, otros consumos: de alucinógenos, de energizantes. Pero sí le quita parte del negocio y cuida a las personas.
Uno de los orígenes de las regulaciones, y una experiencia que seguimos para hacerlo en Uruguay, fue Holanda que desde hace 50 años intenta evitar que las personas que van a comprar marihuana terminen consumiendo heroína, porque eso es lo que tienen para vender los lugares de las organizaciones. Es un tema de salud para evitar el efecto góndola, donde una persona va en busca de un producto y al llegar le ofrecen otro y termina llevándolo. En este caso, en manos de quienes vendían de forma ilegal a otro tipo de droga.
Si regulas logras que los mercados se acoten. Además de la regulación, es importante ver dónde se apunta para desarticular los mercados. Si es a los distribuidores o el menudeo vas a generar más violencia. La realidad en el territorio, lejos de los bancos y las financieras, es que las organizaciones terminan captando personas como parte de pago.
Vivimos en ciudades duales y complejas que mezclan realidades muy diferentes. En algunos barrios la tasa de homicidios parece de los países más violentos de centroamérica y en otros la de Londres. Las estadísticas de asesinatos en Uruguay no bajaron, pero puede estar asociado a que el mercado es más chico porque solo se reguló el cannabis y hay más competencia en el comercio de otras drogas.
La regulación no es la panacea, pero borra toda la violencia que las organizaciones criminales aplican a las personas que quieren consumir.
–¿Cómo describiría la actualidad del sistema de acceso en Uruguay?
—Tenemos unas 60 mil personas inscriptas que acceden por tres vías –farmacias, clubes o autocultivo–, pero sabemos que existen muchas que, por el modo de consumo, terminan compartiendo y generan un mercado blue que llega a 200 mil. De nuevo, son personas que quizás les comparten en una fiesta, pero a la hora de hacer políticas no podemos partir de la base de lo que queremos del mundo, sino de lo que es.
El Estado, que antes debía poner la plata en represión, ahora se queda con 15% de unos 20 millones de dólares por año por la regulación. Puede no ser número astronómico, pero permite invertir en prevención y alentar una plataforma de producción y exportación de uso medicinal (aceites, cremas, etc) y la industria (construcción, telas y alimentos, por ejemplo). El resto va a una actividad económica que antes no existía: el cultivo y la producción que se concentra en la zona de Colonia, San José y Maldonado. Eso significa empleo y comercio legal.
Aun pasando por dos gobiernos muy distintos (Tabaré Vásquez y Lacalle Pou) la regulación como política de Estado se mantuvo. Claro que cada uno tuvo sus características, pero la sociedad incorporó la política a sus vidas. El desafío actual es la especialización y mejorar el acceso al cannabis medicinal. Todavía existen sectores conservadores que no quieren que la ley se expanda.
Debate informado en Rosario
Calzada participará este martes 25 de abril de 17 a 20 horas del Foro por una Nueva Política de Drogas, organizado por Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis de Argentina, en la sede del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (San Martín 1371). La entrada es libre y gratuita.
Además de la entrevista a Calzada, el foro incluirá dos paneles. El primero sobre las consecuencias del prohibicionismo, donde se dará un diagnóstico desde las comunidades, el sistema penal y la atención a la salud. Allí participarán Claudia “La Negra” Albornoz, integrante de La Garganta Poderosa en Santa Fe; Pablo Vacani, representante de la Defensoría General de la Nación; y Silvia Inchaurraga, integrante de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (Arda). La moderación estará a cargo de Eugenia Cozzi de la Multisectorial contra la Violencia Institucional de Rosario.
El segundo panel se dedicará a informar sobre las iniciativas y proyectos alternativos al paradigma actual desde un enfoque de derechos. Participarán Matilde Bruera, diputada provincial y ex defensora en el fallo Arriola; Corina Allacarizqueta, integrante de Territorios Saludables; y Sofía Maiorana, integrante de la Asociación de Usuaries y Profesionales para el Abordaje del Cannabis (Aupac). La moderación estará a cargo de Fabián Peralta de la Asociación Miradas.
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