“En la medida en que una comunidad denuncia, presiona y se hace visible, las compañías tienden a atender los reclamos”, sentenció el titular de la Oficina Municipal del Consumidor, Alberto Muñoz. Y ese será, precisamente, el eje de la primera reunión del año con las cuatro grandes empresas de telefonía móvil, cuyo servicio es uno de los que encabeza el ránking de quejas de usuarios. El cónclave será, básicamente, para evaluar qué cosas se realizaron, qué están en marcha y qué siguen pendientes de una serie de temas abordados en cuatro reuniones que se hicieron durante el año pasado desde agosto, cuando por primera vez Movistar, Claro, Personal y Nextel se sentaron con representantes de usuarios y del Estado.
A la reunión de hoy en la oficina de Córdoba 852 acudirán desde Buenos Aires representantes de las empresas –que operan al menos 1 millón de líneas en la ciudad– y de Cicomra, la cámara empresaria que las agrupa –junto a varias otras compañías, entre ellas los gigantes de hardware, software y comunicaciones presentes en el país– además del titular del Concejo Municipal, Miguel Zamarini –que impulsó la mesa–, delegados de la Comisión Nacional de Comunicaciones, del área de Comercio Interior de la provincia.
La expectativa, según marcaron desde la oficina del edil socialista, estará centrada en cinco aspectos que prometieron poner en vigencia en la última reunión, en diciembre del año pasado, cuando tomaron forma de acuerdos y medidas los puntos tratados en agosto, septiembre y noviembre. Entre ellos, figuran la información al cliente, la cobertura en la prestación del servicio, la facturación en abonos y/o equipos, además del roaming internacional.
“El fluido diálogo que hemos tenido durante 2013 llevó a que algunos reclamos puntuales se pusieran en vigencia, tales como la regulación de los mensajes spam o la facturación por segundo de la llamada en lugar de por minuto. Pero hay otras cuestiones sobre las que aguardamos respuestas”, marcó Zamarini.
Uno de los ejes, según explicó desde la Oficina Municipal Lina Morán, era el insuficiente número de antenas, y la adecuación de todas de 2G a 3G, lo que se había hecho en forma parcial. La primera es la abreviatura de la “segunda generación” de telefonía móvil, que básicamente era el salto de señal analógica a señal digital, lo que permitió integrar muchos otros servicios en la misma señal pero, por su lentitud, en margen reducido. Es la “tercera generación” la que permitió transmitir datos a mayor velocidad incorporando navegación a través de internet, descarga de programas, envío y recepción de correo electrónico y mensajería instantánea, entre más.
“Pero en buena parte de Rosario todavía funcionaba todo en 2G”, graficó Morán, recordando que eso ocurría cuando ya se trabajaba en el paso a la “4G” (ver página 7). En la práctica, esto, sumado al exceso de usuarios por antena, se traducía no sólo en que perdían señal de internet o acceso a redes sociales –incluidas en sus abonos– sino que encontraban reiteradas dificultades para comunicaciones de voz, por debilitamiento, pérdida o corte de la señal, entre otras dificultades.
A ello se suman más cuestiones técnicas, administrativas, de servicio y hasta de las que las propias compañías sostienen no ser responsables –como del cobro de un plus en comercios por carga virtual– que estarán en la mesa: como “roaming” –señal para los usuarios que salen del país y la debida información de su tarifa, la portabilidad numérica para quienes cambian de compañía –“Todavía con este tema hay dificultades y demoras”, marcó Muñoz– y hasta situaciones que puede conformar delito, como la aparición de líneas a nombre de usuarios que no las pidieron.
