Guillermo Correa
“Mal desempeño en sus funciones al atribuirse funciones propias del Honorable Congreso de la Nación al no remitir al Poder Legislativo el acuerdo internacional con el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, David Lammy, violando así lo establecido en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional”. “Mal desempeño en sus funciones por la ejecución del acuerdo internacional entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Argentina, que fuera informado el martes 24 de septiembre de 2024 por medio del parte de prensa 470/24 de Cancillería, bajo el título «Reunión de Cancilleres de la Argentina y del Reino Unido: Comunicado de prensa sobre la Cuestión Malvinas»”. “Mal desempeño de sus funciones por haber actuado, mediante dichos y hechos, en grave perjuicio de los intereses de la República Argentina en lo relativo a la Cuestión Malvinas”. Con ese cuerpo de tres acusaciones, el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria pedirá el juicio político a la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, a quien apunta por resolverle varios problemas a Gran Bretaña en su ocupación del archipiélago del Atlántico Sur, y provocárselos al Estado nacional en su reciente entendimiento con su homólogo británico. Y sostiene que el pacto incluso le cede a la potencia extranjera recursos diplomáticos para fortalecer su pretensión sobre parte de la Antártida, cuya soberanía ejerce, hoy y a lo largo de la historia, la Argentina. El pedido de jury se presentó este miércoles en el Congreso Nacional, en conferencia de prensa, y ya se iniciaron contactos con otras bancadas para promoverlo.
El pedido de enjuiciamiento a Mondino arrancó con cuatro firmas iniciales, aunque con el correr de las horas se iban sumando más. Eran las del jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, de Santa Fe; de uno de sus autores, el comprovinciano Eduardo Toniolli; del diputado de la provincia de Chaco y veterano de la Guerra de Malvinas Aldo Leiva, y de la diputada de la provincia de Buenos Aires Agustina Propato. Los tres últimos integran la comisión de Defensa Nacional en la Cámara baja.
En el escrito se pide el proceso a la canciller por “mal desempeño” en el ejercicio de sus funciones, pero también se apunta una “eventual comisión de delitos”.
Es que por el reciente pacto con Londres –“No firmado como tratado para que no tuviera que pasar obligatoriamente por el Parlamento”, apuntó el diputado Toniolli– se presentaron hasta hora tres demandas penales. El mismoi proyecto de enjuiciamiento político resume que una es de la Confederación de Veteranos de Guerra de Malvinas de la República Argentina, encabezada con la firma del Ramón Cayetano Robles, su titular; otra del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim), que no forma parte de la Federación, y una tercera de la abogada penalista Valeria Carreras, que representó a familiares de los tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan y que formalizó también presentaciones por el seguimiento y espionaje a allegados a las víctimas; por los discursos de odio de Milei en campaña, incluido el que precipitó una corrida cambiaria entre la primera vuelta y el balotaje el año pasado; por la exótica confección de la ley Bases, cuya redacción se hizo fuera de las áreas de gobierno, y por el veto a la reforma de la Movilidad Jubilatoria y la quita de 44 medicamentos de la lista de cobertura del 100% del Pami. La denuncia del Cecim, en tanto, además de enfocarse sobe Mondino alcanza al propio Milei.
Los cargos
Según destaca el texto presentado “el nuevo acuerdo Mondino-Lammy profundiza las concesiones otorgadas al usurpador”, y sostiene que lo hace “al igual que lo ocurrido con el acuerdo Foradori-Duncan”. Así se refiere a una negociación en septiembre de 2016 entre el entonces vicecanciller británico Alan Duncan, de visita en Buenos Aires, y el viceministro argentino Carlos Foradori, que generó un doble escándalo: por una parte por las concesiones que se daban a Londres en distintas materias –pesca, seguridad, petróleo y un vuelo desde Brasil– y por otra parte por una infidencia de Duncan –quien después se retractaría– mencionando que el visto bueno final tuvo lugar en la bodega de la embajada británica, de madrugada y ya cuando su homólogo estaba “totalmente borracho”. El acuerdo fue dejado sin efecto por el gobierno de Alberto Fernández.
Pero, cómo aquel, el nuevo convenio no avanzó en la firma de un tratado, con lo cual según establece la Constitución Nacional en su artículo 75, debe pasar por el Parlamento. “En este caso la canciller Mondino utiliza un instrumento diplomático como el comunicado conjunto, para eludir su tratamiento en el Congreso de la Nación, asumiendo compromisos internacionales que no cuentan con el necesario aval legislativo, tal como lo requiere nuestra Carta Magna”, sostienen los diputados que firmaron el pedido juicio político.
Además, apuntaron las consecuencias del entendimiento: “Legaliza la depredación de nuestros recursos vivos marinos y hasta ofrece la colaboración de la República Argentina para perfeccionarla, habilita la actividad hidrocarburífera ilegal en la parte de plataforma continental argentina usurpada por el Reino Unido de Gran Bretaña, soluciona los problemas logísticos de la colonia británica en el Atlántico Sur mediante la restauración de la ruta aérea San Pablo-Islas Malvinas y hasta tiene consecuencias en las pretensiones del Reino Unido sobre el Sector Antártico Argentino”.
Para los diputados firmante del proyecto, la canciller Mondino, además, “ha desconocido normas constitucionales y legales, desconocido normas internacionales favorables para la República Argentina y despreciado resoluciones del Congreso”, en el reclamo al reconocimiento de la soberanía nacional sobre el archipiélago. Y detalla entre ellas a la primera disposición de la Constitución que lleva el carácter de “transitoria” pero permanece vigente hasta que Londres haga cesar definitivamente la situación de ocupación del territorio.
“La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”, dice la cláusula constitucional.
También apuntan a Mondino el desconocimiento de la Resolución 2065 de las Naciones Unidas, vigente desde fines de 1965, que reconoce la disputa de soberanía sobre las islas e insta a los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña a negociar, que Londres ha eludido sistemáticamente; la resolución de la ONU número 41 de 2011 que declara “Zona de Paz” al archipiélago; la ley 26.552, que fija los límites de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; la ley 26.915 y la ley 26.659 relativas a la exploración y explotación de hidrocarburos; la Declaración de Ushuaia, que condena toda acción unilateral del Reino Unido en Malvinas en materia de pesca e hidrocarburos “que violan las diversas resoluciones de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos y su denuncia del potencial peligro de un desastre medioambiental en el Atlántico Sur”; entre más, incluyendo declaraciones del Mercosur, la Unasur, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) y otros organismos y encuentros internacionales como el Grupo de los 77 más China, “que avalan la reivindicación de soberanía de la República Argentina en relación con la Cuestión Malvinas”.
¿Qué chances tiene el juicio político?
Una vez cursado el proyecto de resolución a la comisión de Juicio Político se discute si se admite o es desechado, por consenso o por decisión de mayoría simple de votos. Ahí a aparece un primer escollo, y es que la comisión no está constituida, y el oficialismo en la Cámara baja no parece tener interés alguno en que se constituya. De hecho la última convocatoria se remonta abril pasado: fueron dos y ambas quedaron suspendidas.
La comisión de Juicio Político de Diputados tiene 31 integrantes: la mayor porción es de Unión por la Patria (13) y le siguen el PRO (5), La Libertad Avanza (4), la UCR (4) y Encuentro Federal (2). Los restantes son 1 de Innovación Federal, 1 de la Coalición Cívica y 1 del MID, el ex LLA Oscar Zago.
En lo que puede ser un preludio del expediente contra Mondino, ¿cómo se comportaron las y los integrantes de la comisión en la última votación antagónica en la Cámara baja la que se definió la suerte de la ley de Financiamiento Universitario?
- Los 4 de LLA acompañaron el veto de Milei.
- Entre los 4 de la UCR está uno de los llamados “radicales con peluca”, el correntino José Tournier, que votó por mantener firme el veto, y otro que estuvo ausente en la votación, el formoseño Fernando Carbajal. Los dos restantes de la UCR votaron contra el veto.
- Los dos integrantes de Encuentro Federal votaron contra el veto, al igual que el único integrante de la Coalición Cívica.
- El integrante de Innovación Federal es el misionero Alberto Arrúa, quien se abstuvo.
- En contrapartida, uno de los 5 integrantes del PRO es el porteño Álvaro González, quien votó por mantener firme la ley, es decir, contra el veto.
- El resto de los integrantes del PRO en la comisión, los cuatro votaron a favor del veto.
- El representantes del MID es Oscar Zago, aliado del gobierno pero corrido del bloque LLA. En la votación del financiamiento a la universidad pública estuvo ausente.
- Los 13 integrantes de UxP votaron por la insistencia en la ley de Financiamiento Universitario
Así, a primera vista, pese a la gravedad de los cargos y la evidencia en la acusación a la canciller Mondino, no le será fácil a Unión por la Patria que se admita el expediente, ni tampoco le será fácil al oficialismo de La Libertad Avanza sostener un bloqueo, para lo que debe contar –y puede no alcanzarle– con sus aliados naturales o recientes del PRO, “radicales con peluca” y legisladores dispersos.
Si se admite el pedido de jury, se abre el sumario de investigación, con recolección de pruebas, testimonios, entre otras diligencias. A su término se elabora el dictamen, para tratarse en el pleno de la Cámara baja, donde debe ser aprobado una mayoría especial de 2/3 de los presentes. La cifra parece esquiva pero no imposible: en la votación por el financiamiento universitario, 160 legisladores se plantaron en la insistencia de la ley y 84 en favor del veto peresidencial, con 5 abstenciones y 8 ausencias. Todo depende de la posición de distintos bloques frente a un tema delicado y transversal, como lo es la “Cuestión Malvinas”. De hecho a las cuatro firmas originales del pedido de jury se sumaron otras 23, aunque ninguna de ellas desde otros bloques.
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