El Senado tratará en una sesión especial el proyecto de reforma judicial impulsado por el Gobierno y el oficialismo confía en aprobarlo y girarlo a la Cámara de Diputados en medio de fuertes críticas de la oposición.
La presidenta del Senado, Cristina Fernández, convocó a la sesión para las 14 con un temario corto en el que se destaca el proyecto que abrió una nueva polémica entre el Frente de Todos y la coalición opositora Juntos por el Cambio, en medio de la pandemia de coronavirus y la cuarentena.
El proyecto presentado por el presidente Alberto Fernández recibió varias modificaciones durante su tratamiento en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, pero los cambios no morigeraron el rechazo de la oposición.
La bancada oficialista del Frente de Todos cuenta con mayoría más que suficiente para aprobar la iniciativa en la sesión remota y girarla a la Cámara de Diputados, donde hasta el momento no tiene los votos para sancionarla.
El jefe del bloque, José Mayans, afirmó este miércoles que «el proyecto es muy bueno» y ratificó que apunta a agilizar el cambio del sistema iniquisitivo al acusatorio, donde las investigaciones recaen en los fiscales y ya no en los jueces. Además, los senadores del oficialismo argumentan que la iniciativa permitirá una «mayor transparencia» en el Poder Judicial, con críticas al manejo de las causas que se llevó durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, a quien le adjudican la creación de una «mesa judicial». De hecho, en la previa de la discusión parlamentaria, Cristina Fernández repitió esa idea, al tiempo que afirmó que al proyecto «se lo ha titulado erróneamente ´Reforma Judicial´» y agregó que «el país todavía se debe una verdadera reforma judicial».
En tanto, el interbloque opositor de Juntos por el Cambio se prepara para dar la discusión en la sesión remota ante un proyecto que, según consideran, busca «impunidad» para ex funcionarios del kirchnerismo y «no es prioritario en medio de la pandemia».
La oposición pidió en reiteradas oportunidades que el debate sobre este proyecto fuera postergado y sumó el acompañamiento a ese pedido del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Si bien las chances de bloquear el proyecto en el Senado son nulas, la oposición confía en una disputa más pareja en la Cámara de Diputados, donde incluso los bloques que suelen acompañar al oficialismo se expresaron en contra de la iniciativa.
El punto central de la iniciativa es la unificación de los 12 juzgados en lo Criminal y Correccional Federal y los 11 juzgados nacionales en lo Penal Económico en un fuero que se llamaría Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con la unificación se vería ampliada de 12 a 23 la cantidad de jueces con competencia en las causas sobre delitos federales como corrupción, narcotráfico, trata de personas, secuestro extorsivo, lavado de activos y lesa humanidad, entre otros.
No obstante, las causas actualmente en proceso en los tribunales y cámaras de apelaciones de esos fueros «continuarán su trámite ante esos mismos órganos, hasta su conclusión», según el proyecto. Durante el tratamiento en las comisiones la mayoría de los juristas y expertos consultados criticaron diversos aspectos de la iniciativa, con varias coincidencias sobre una posible «contradicción» con el objetivo que se plantea.
En este sentido, cuestionaron la conveniencia de crear nuevos juzgados en distintos puntos del país cuando deberían fortalecerse y ampliarse las fiscalías para cumplir con el fin de adaptarse al sistema acusatorio.
Entre los cambios hechos al proyecto por el Frente de Todos luego de esas audiencias, el más notable fue que se dejó de lado la unificación de los fueros Civil y Comercial y Contencioso Administrativo, algo que también había sido cuestionado por jueces de esos fueros.
Otro fue que los sorteos de causas serán «grabados mediante medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad» para garantizar la «transparencia» y se mantendrá el examen escrito para los concursos de selección, conservando el anonimato.
Sin embargo, introdujeron a pedido del oficialista Oscar Parrilli un cláusula que afianzó más el rechazo de la oposición y que exhorta a los jueces a denunciar «en forma inmediata» supuestas presiones «de los poderes mediáticos».
