En Rosario hay 100 mil personas que sufren malas condiciones habitacionales o que padecen dificultades para acceder a una vivienda digna. Así lo destacaron desde la subsecretaría de Planificación del Hábitat de la provincia. Este miércoles se conoció una orden de desalojo en el barrio La Cariñosa, donde habitan unas 500 familias.
En medio del debate nacional que se generó en torno a la toma en Guernica y el conflicto que atraviesa a la familia Etchevere en la localidad entrerriana de Santa Elena, salieron a la luz las problemáticas que atraviesan rosarinas y rosarinos que no tienen acceso a una vivienda digna y que en algunos casos se encuentran amenazados por el conflicto judicial.
El subsecretario de Planificación del Hábitat en Santa Fe, Ignacio Rico, detalló las dificultades que atraviesan miles de personas en la ciudad de Rosario en relación al tema vivienda. Dentro de las problemáticas habitacionales destacó la precariedad en las construcciones y la falta de acceso a servicios básicos.
En primer lugar le puso número a la situación que atraviesa un sector de la población y señaló: «Alrededor de 100.000 rosarinos están en precariedad en cuanto al hábitat». Agregó que más que una emergencia habitacional «hay una emergencia de acceso al suelo en Rosario, en la provincia y en toda Argentina».
En declaraciones a LT8, detalló que «los sectores populares no tienen alternativa de poder acceder a un pedazo de tierra». Por eso mismo la iniciativa del gobierno provincial tiene que ver con utilizar tierras fiscales para garantizar acceso a un lugar donde vivir.
«Con la situación social por la pandemia venimos trabajando para saber cuales son los barrios con mayor nivel de hacinamiento», destacó Rico, y adelantó que desde la subsecretaría que encabeza, avanzarán con políticas públicas para que las familias puedan asentarse con mayores comodidades.
El caso de barrio La Cariñosa
Por su parte, el Centro de Estudios Metropolitanos de la Concejalía Popular rechazó el intento de desalojo de las familias que habitan el barrio La Cariñosa, ubicado en la zona de Avellaneda y Circunvalación.
La denuncia pública surgió luego de que la jueza Cecilia Camaño dictara el pasado 5 de octubre una orden de desalojo en el que los habitantes serían retirados del lugar por la fuerza. Si bien pasaron algunas semanas de esta medida, los vecinos se enteraron recién este miércoles.
En ese sentido, desde la Concejalía explicaron que el desconocimiento por parte de quienes viven allí tuvo que ver con que «la jueza tramitó en silencio todo esto”.
El conflicto tiene su origen luego de que en el año 2002, el Estado nacional vendiera esas tierras a un privado. A partir de allí surgieron inconvenientes con los vecinos que habitaban el territorio hacía 20 años y habían obtenido un título propietario.
En 2005 la Concejalía Popular se hizo cargo de la defensa de 150 familias que luchaban por conservar su territorio. De allí en adelante atravesaron reiterados intentos de desalojo, hasta llegar a la situación actual.
De esas 150 familias iniciales, el barrio pasó a albergar a unas 500 familias en la actualidad. Al respecto, Nire Roldán, integrante de la Concejalía Popular, manifestó: «Es un atropello innecesario pretender en plena pandemia avanzar sobre vecinos de un barrio ya consolidado desde hace mas de treinta años. A ellos les vendieron sus tierras estando allí. No son ocupas ni usurpadores”.
Por otra parte detalló que la zona está incluida en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), y que esperan por una re urbanización que garantice mejores condiciones de vida.
“Son un barrio que reclama urbanización, servicios, atención. Cuando llueve y se inundan son ignorados, cuando tienen emergencias no entran las ambulancias…pero a la hora de los negocios los especuladores inmobiliarios tienen atención de la justicia para que los vecinos puedan ser desalojados», deslizó Roldán.
Este jueves por la mañana, durante una conferencia de la que también participaron los diputados provinciales Carlos Del Frade y Leonela Cattalini, informaron que el próximo 2 de noviembre tienen una citación con la jueza Camaño para conocer los detalles de la orden de desalojo. Estarán presentes los vecinos y un oficial de justicia.
Para el integrante de la Concejalía Popular «se intenta aprovechar un momento de coyuntura política donde se habla de tomas y ocupaciones para atacar a vecinos que tienen derecho a una vivienda digna”.
