La Asamblea Legislativa santafesina tratará hoy 16 pliegos de postulantes para fiscales y defensores del nuevo sistema penal, remitidos a fines del mes pasado por el Ejecutivo. Con mucho ruido de fondo –el PJ objeta a seis de los candidatos por haber sido funcionarios del gobierno de Hermes Binner–, senadores y diputados deberán votar por la aceptación o el rechazo de los pliegos; caso contrario, quedarán aprobados de forma ficta mañana a la medianoche, cuando se cumple un mes del envío.
Los últimos cruces entre oficialismo y oposición tuvieron como epicentro los nombres propuestos para cubrir cargos en los nuevos órganos de la Justicia Penal: el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Provincial de Defensa. Un grupo de diputados del PJ –liderado por Mario Lacava y María Eugenia Bielsa– propuso modificar el mecanismo de concursos para excluir a las personas que se hayan desempeñado, en los dos años previos, como funcionarios del Poder Ejecutivo.
El justicialismo, que tiene mayoría en la Asamblea Legislativa, puso la lupa sobre seis postulantes: dos ex funcionarios del anterior ministro de Justicia Héctor Superti –los abogados Luis Antonio Schiappa Pietra y Carla María Cerliani, propuestos como fiscales– y otros cuatro que también cumplieron funciones ejecutivas bajo el mandato de Binner y que ganaron sus concursos como defensores: el ex director del Servicio Penitenciario Mariano Bufarini, el ex director de Prevención y Seguridad Comunitaria Francisco Matías Broglia, el ex secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad Gonzalo Armas y María Laura Blacich, ex asesora de Superti.
El desafío para el Frente Progresista es lograr consenso con algunos sectores de la oposición para la designación de esos funcionarios y evitar que ocurra con esos seis pliegos lo mismo que sucedió con la frustrada designación de Enrique Font como auditor de fiscales, a quien impugnó el PJ –a pesar de que el ex funcionario había ganado su concurso– por haber sido funcionario de Binner.
En el marco de la reforma penal, la Asamblea Legislativa ya designó 23 fiscales y defensores. El gobierno continuará enviando pliegos por tandas hasta completar el centenar de funcionarios que requiere el nuevo sistema penal para su implementación definitiva, prevista para el año próximo.
El Ejecutivo pretendía poner en marcha la reforma a principios de 2013, pero dilaciones atribuidas por distintos sectores a los tres poderes le impedirán al gobernador Antonio Bonfatti cumplir con esa meta. Si todo avanza como lo planificaron en la Casa Gris, el nuevo Código Procesal Penal comenzará a regir el año que viene, aunque no en los primeros meses.
