La concejala y candidata del Partido Socialista a la intendencia Verónica Irizar denunció este viernes judicialmente al militante barrial Guillermo Piccolo, a quien acusó de haberla agredido verbal y físicamente un día antes en la vereda del distrito Centro, a metros de donde acababa de dar una conferencia de prensa sobre la iniciativa de digitalizar todos los trámites en los minimunicipios, en un incidente que fue filmado por las cámaras de un canal local. Según relata la edila en la denuncia, a la que tuvo acceso El Ciudadano, el militante la insultó y la injurió e intentó atacarla a golpes de puño, en tanto que otra persona que lo acompañaba, una mujer, golpeó también el auto al que se había subido con algunos de sus colaboradores. Ante la situación, Irizar pidió que se investigue la comisión de delitos por parte de Piccolo, sobre quien además solicitó una restricción de acercamiento, tanto a ella como a sus colaboradores, en todo “ámbito, lugar y horario”. También requirió para ella y su equipo protección y custodia personal, y en el Palacio de los Leones y el Concejo Municipal.
La protesta de Piccolo, quien en los últimos meses encabezó la negativa de un grupo de vecinos del barrio La Sexta a mudarse ante la reconversión urbana de la zona –y por ello fue imputado de diversos delitos–, también tuvo esta vez como víctima a un equipo periodístico de Canal 3 que cubría la conferencia de prensa, según denunciaron sus propios integrantes.
Ante los hechos, la Comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional del Sindicato de Prensa Rosario expresó su preocupación y repudio. “En esa oportunidad ingresó al local un grupo de personas, entre ellas el dirigente social Guillermo Piccolo, quien increpó y agredió a la actual concejala por diversos temas de la gestión y de su campaña. Pero cuando Irizar se retiró del lugar, siguió con el reclamo al conjunto de trabajadorxs de prensa porque, según expresó Piccolo, a ellos no les hacen notas. Fue entonces, que se dirigió en especial hacia el equipo periodístico de Canal 3 con insultos y agresiones verbales varias”, describió el gremio en un comunicado.
El altercado fue protagonizado por cuatro personas además de Piccolo, aparentemente vecinos del barrio República de La Sexta que resisten la megaobra de transformación de todo el sector que impulsan los tres niveles del Estado. Aunque quedó soslayado por la violencia en que desbordó la protesta, ése era el eje del reclamo que se había intentado montar.
No resultó, o incluso tuvo el efecto exactamente contrario. “Todos los reclamos son válidos pero no justificamos la violencia. Nosotros buscamos construir el futuro de Rosario a partir del diálogo y la convivencia”, publicó en un tuit la candidata Irizar, quien recibió decenas de expresiones de solidaridad por la misma vía, incluyendo una fuerte acusación por parte de la diputada provincial Clara García. “De un lado un violento serial, que presiona al Estado usando personas vulnerables en beneficio personal. Del otro lado una mujer íntegra, una política que da la cara siempre, una dirigente sensible y comprometida como pocos”, escribió la legisladora socialista.
Con todo, el conflicto entre este grupo de vecinos y los gobiernos local y provincial, además de la Universidad Nacional de Rosario, es de larga data y tiene como trasfondo la reconversión urbana en torno de La Siberia, donde desde este año se construyen nuevas viviendas y una avenida sobre la actual calle Beruti con una inversión de más de 1.500 millones de pesos.
La obra implica relocalizar a numerosas familias, la gran mayoría de las cuales aceptó hacerlo. Muchas están en terrenos que son propiedad de la Nación, pero hay también un puñado que tiene títulos de propiedad sobre los lotes y las casas que ocupa, cuyas viviendas van a ser demolidas y “no aceptan un canje por un departamento en el que resignan metros cuadrados cubiertos, habitaciones y espacio”, según dice La Sexta Resiste y niegan los funcionarios.
Piccolo fue a dar a la cárcel en noviembre pasado. Estuvo 24 días en prisión preventiva por incidentes en protestas, acusado por los delitos de entorpecimiento de transporte público, atentado a la autoridad agravado, incumplimiento de una orden judicial y resistencia a la autoridad. Fue liberado el pasado 7 de diciembre con una nueva restricción para acercarse al barrio –que ya había violado–, tras movilizaciones en reclamo por su libertad.
El último episodio antes de la denuncia de Irizar como parte de la saga judicial por el proyecto en República de la Sexta se abrió antes de fin de año, el pasado 28 de diciembre, cuando la jueza Mónica Lamperti hizo lugar a un pedido de habeas corpus por parte de algunos vecinos que denunciaron que desde mayo del año pasado son hostigados por las fuerzas de seguridad que cuidan el obrador del proyecto urbanístico, y mostraron videos y dieron testimonio de cómo uniformados entraron sin orden de allanamiento a sus casas, usaron gas pimienta y les impidieron reunirse en un club de la zona.
